Enfrenta el nuevo gobierno boliviano con represión su primer conflicto agrario

Evo Morales, por tomar casas, minas y haciendas de Sánchez de Lozada y colaboradores

XIMENA ORTUZAR ENVIADA RESUMEN

Con seis heridos, dos de bala, enfrentó el gobierno de Carlos Mesa su primer conflicto con campesinos bolivianos que reclaman tierras. Un grupo de ellos intentó copar el lunes anterior la hacienda de Carlos Sánchez Berzaín, ex ministro de Defensa, actualmente prófugo tras abandonar el país junto con el dimitido presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Y la represión militar fue inmediata.
La propiedad, ubicada en Sacaba, Cochabamba, es reivindicada ahora por el comando de ejército, al cual le habría sido entregada "en comodato" por el ex ministro. Al menos eso afirma el comandante de la Escuela de Sargentos de Cochabamba, coronel Gonzalo Lora, al justificar el uso de la fuerza para impedir la ocupación.
Los campesinos entraron a la hacienda de Sánchez Berzaín a las 6:30 horas del lunes, tras derribar parte del muro que la delimita. Alcanzaron a avanzar unos metros pero fueron repelidos por militares con gases lacrimógenos, balones y balas.
Los campesinos, que resistieron con piedras y palos, fueron superados por la fuerza militar de 50 efectivos apostados allí. Desalojados del lugar, decidieron permanecer en las inmediaciones de esa propiedad y advirtieron que intentarán otra vez ocuparla.
Explicaron: "El Zorro (Sánchez Berzaín) robó al pueblo y esas tierras no le pertenecen. El está comprometido con la represión de la guerra del gas.
Además, se ha fugado junto con el Gringo (Sánchez de Lozada)".
A diferencia de otras tomas de tierras, ésta no está liderada por el Movimiento sin Tierra (MST), sino por campesinos de la zona.
En la tarde del lunes el viceministro de Gobierno, Saúl Lara, visitó la zona para dialogar con los campesinos, pero la reunión fue postergada para hoy.
Dijo que la orden de reprimir no provino del Ejecutivo.
El comodato es una figura legal que establece el préstamo de una propiedad territorial, y según el coronel Lara ese comodato fue otorgado al comando del ejército el año pasado; sin embargo, el documento que exhibe para confirmar sus dichos está firmado por él y por el ex ministro, con fecha 10 de septiembre de 2003. Es un documento privado que no cuenta con el aval de la fe pública de un notario, lo que pone en entredicho su legalidad.
El director de Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA) de Cochabamba, Luis Arratia, aclaró: "Sólo si esos terrenos pertenecen al Estado procede la figura del comodato para el uso y aprovechamiento de ellos por terceras personas". En este caso, por tratarse de propiedad privada los militares no pueden alegar derechos sobre la hacienda, agregó el funcionario.
Milton Mendoza, presidente de la Asociación de Fiscales de La Paz, puntualizó: "El comodato es legal si se realiza entre privados. Si se trata de entidades públicas, debe hacerse un seguimiento para determinar la legalidad o no de un caso determinado.
En este caso se trataría de un acuerdo entre un particular y una entidad pública. Por tanto, su legalidad está por comprobarse. Las firmas y fechas que presenta lo hacen cuestionable.
El latifundio, en plena vigencia "Cincuenta y ocho por ciento de las tierras bolivianas están en manos privadas. El problema de la redistribución de la tierra requiere de una solución urgente del gobierno y ahora corresponde al presidente Carlos Mesa acelerar el proceso de saneamiento", opinó el diputado Iván Morales, del Movimiento al Socialismo (MAS).
Según datos del legislador, 58 por ciento de la tierra en Bolivia está en manos de 67 mil latifundistas, pequeños y grandes propietarios, 33 por ciento se distribuye entre 670 mil campesinos y 9 por ciento corresponde a 90 mil colonizadores.
Agregó Morales: "Para alcanzar la soberanía alimentaria debería redistribuirse la tierra entre los campesinos; ellos la harían trabajar y dejarían de ser para el engorde y beneficio de unos cuantos.
Al ser la tierra improductiva, el país se ve inundado de productos agrícolas provenientes del exterior. La única forma de romper la dependencia es que Bolivia produzca los alimentos necesarios, afirmó.
La ley de reforma agraria, vigente desde agosto de 1953, fue modificada hace siete años con la finalidad de sanear todas las tierras del país antes de 2006. Hasta ahora sólo 10 por ciento de la tenencia de la tierra a escala nacional está amparada por títulos; falta regularizar 4 millones de hectáreas.
Ante esto, surgió en mayo de 2000 el MST, en la provincia Gran Chaco, del departamento de Tarija, con la organización en núcleos de familias campesinas sin tierra.
El 23 de junio de 2000, en Pananti, 180 familias iniciaron la primera ocupación de tierras de latifundistas que no cumplían su función económica y social. Paralelamente, se organizaron nuevos núcleos de campesinos, otras tomas y nuevos campamentos, ante lo cual las autoridades regionales -en coordinación con la policía- respondieron con represión a los campesinos.
Hasta diciembre de 2000 se organizaron 18 núcleos y fueron ocupadas 14 propiedades. Las tomas de tierras -propiedades improductivas- responden al incumplimiento de las autoridades a la demanda campesina del saneamiento o legalización de la tenencia de la tierra con títulos de propiedad.
Ganaderos y terratenientes se organizaron en comités de autodefensa de la propiedad privada, generaron una campaña de amedrentamiento contra los campesinos organizados en el MST e iniciaron procesos contra sus dirigentes.
En junio de 2001 se realizó en Yacuiba, Tarija, el Primer Encuentro Nacional de Trabajadores Campesinos, que dio origen al Movimiento de Campesinos Trabajadores sin Tierra de Bolivia y eligió como presidente a Angel Durán Choque, de Gran Chaco, región donde se concentran grandes propiedades y a la vez prevalece la situación de alquiler de tierras y la explotación de peones y jornaleros.
En octubre de 2001 se realizó el primer congreso del MST, en Yapacaní, Santa Cruz, con participación de 5 mil delegados de diferentes organizaciones nacionales: Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos, Confederación de Pueblos Indígenas de Oriente, Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia y Fe-deración de Mujeres Campesinas de Bo-livia Bartolina Sisa.
En ese congreso se denunció que el gobierno encabezado por Jorge Quiroga pretendía legalizar los títulos de propiedad de tierras adjudicadas de forma irregular a socios y colaboradores durante los regímenes de facto de Luis García Meza y Hugo Bánzer. Por lo anterior, resolvió la ocupación de los latifundios y el reparto de predios recuperados entre campesinos pobres, y no seguir negociando con el gobierno.
Angel Durán declaró: "Hemos decidido dejarnos de saludos protocolares, hemos resuelto la ocupación masiva de las tierras que no cumplen la ley. Como sucediera con los pequeños prestatarios, los sin tierra han tenido que recurrir al espectáculo de los rehenes para acaparar la atención nacional.
El gobierno siente cierto rubor al escuchar las palabras sin tierra en un país con 109 millones de hectáreas para 8 millones de ciudadanos. Los sin tierra juran que no son una invención, como no lo es el latifundio". Las tomas continuaron, también la represión.
Hay consenso sobre el director del INRA, René Salomón, quien no ha cumplido cabalmente sus funciones, por lo que el nuevo ministro de Desarrollo Sostenible, Jorge Cortez, le pidió la renuncia.
Hasta el lunes anterior había tomas en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Ese mismo día, miembros del MST desocuparon la hacienda Collana, en La Paz, propiedad de la familia Iturralde, a la que pertenece la esposa de Sánchez de Lozada, que permaneció ocupada durante una semana.
La medida se tomó a cambio de una promesa de autoridades del INRA, de que estudiarán el caso de esa propiedad, de mil 800 hectáreas, que según los ocupantes no está siendo trabajada adecuadamente.
El mismo día el gobierno acordó con dirigentes del MST que las haciendas cruceñas La Luna y La Moneda fueran desalojadas, tras una semana de ocupación. Los campesinos argumentaron que las tomaron porque no cumplen con una función económico-social y/o fueron habidas ilegalmente.
Los líderes se comprometieron a informar a los ocupantes que a cambio del desalojo de las haciendas habría una agilización en el proceso de saneamiento de tierras en la zona, pero no garantizan que convencerán a sus afiliados de un desalojo voluntario.
Al mismo tiempo, el dirigente paceño del MST, Vladimiro Machicao, advirtió que tomarán 2 mil hectáreas de terrenos agrícolas de los Yungas, zona donde la tenencia de la tierra es particularmente conflictiva.
Agregó que de persistir la falta de respuesta del Ejecutivo, procederán a copar propiedades de los Sánchez de Lozada, los Iturralde, los Torres Goitia y los Kukok, estos últimos ex ministros.
Coincidentemente, Evo Morales, diputado del MAS y líder cocalero, propuso "la toma de todos los bienes muebles e inmuebles, minas, haciendas y otras propiedades del ex presidente y de sus ex ministros Sánchez Berzaín, Kukok y Torres Goitia.
Y explicó: "Con lo que se incaute se podría resarcir a las familias de las víctimas de la guerra del gas, y el resto tendría que ser distribuido entre la gente del pueblo.