A 34 años de la nacionalización de la Bolivian Gulf Oil Company (BOGOC), el país salió victoriosa de la primera batalla de la "guerra del gas" que persigue objetivos similares: lograr que los beneficios por la explotación de los hidrocarburos lleguen a los bolivianos.
Una nota firmada por la periodista Viviana Ariñez publicada hoy en El Potosí, recuerda que el 17 de octubre de 1969, durante el gobierno de Alfredo Ovando Candia, se nacionalizaron las propiedades de la petrolera estadounidense Gulf, medida con la cual Bolivia recuperó el 90 por ciento de las reservas hidrocarburíferas que estaban en manos de esta transnacional.
Marcelo Quiroga Santa Cruz, ministro de Minas y Petróleo, fue el principal impulsor de la medida, mientras que el responsable del control y toma de los campos petrolíferos de la Gulf Oil fue el general Juan José Torres.
El decreto puso fin a las ventajas que tenía la Gulf, amparada bajo el Código del Petróleo —más conocido como Código Davenport—, considerado totalmente lesivo a los intereses del Estado. El Código Davenport fue promulgado en 1956 por el gobierno del MNR.
34 años después, las movilizaciones en contra de la venta del gas, que ya han dejado un saldo de cerca a 80 muertos, exigen, entre otras cosas, la revisión de la actual Ley de Hidrocarburos para lograr que las petroleras que operan en Bolivia tributen más. Los hidrocarburos son un asunto muy sensible al sentimmiento nacional.
Entre 1933 y 1935 Bolivia libró una cruenta guerra con Paraguay por la defensa del petróleo.
José Ortiz Mercado, quien fuera ministro de Planificación del gobierno de Ovando, sostiene que en la actual coyuntura se debe mejorar la renta petrolera. "Hay que revisar la Ley de Hidrocarburos y lograr mayor participación para el Estado". Enrique Mariaca, ex presidente de YPFB, va más allá, considera que "estamos en la víspera de una tercera nacionalización de nuestro gas y petróleo". Ortiz Mercado recuerda que bajo el Código Davenport, la Gulf pagaba el 11 por ciento por concepto de regalías, también debía tributar el 30 por ciento por utilidades, aporte que nunca se efectivizó pues la transnacional se descontaba las inversiones que realizaba. Además, se le fijó una tasa del 17 por ciento por factor de agotamiento que, a falta de una reglamentación, tampoco pagó. Hoy, las petroleras pagan el 18 por ciento por concepto de regalías, cuando antes de la emisión de la actual Ley de Hidrocarburos tributaban hasta un 50 por ciento. Asimismo, deben pagar el 25 por ciento por Impuesto a las Utilidades, sin embargo, como lo han demostrado los informes del Delegado Presidencial para la Capitalización, no tributan ni el uno por ciento. A ello se suma el Surtax, también del 25 por ciento sobre utilidades, pero el Servicio de Impuestos Nacionales ha informado que es un tributo imposible de cobrar.
Los beneficios
Según el ex ministro, la nacionalización de la Gulf se constituyó en una medida de mayor trascendencia que la nacionalización de las minas. Gracias a este proceso, YPFB pudo incursionar en nuevas áreas de exploración y explotación, garantizó el abastecimiento de carburantes a precios subvencionados para sectores empresariales y la población, además, se constituyó en el sostén de la economía boliviana pues hasta la capitalización transfería más del 70 por ciento de sus ingresos al Tesoro General de la Nación (TGN).
Como resultado de la nacionalización, Bolivia ingresó al mercado internacional del gas con la exportación del energético a Argentina. En más de 20 años de exportación de gas a Argentina, se facturaron 4.547,5 millones de dólares, dinero que fue a parar a las arcas del Estado boliviano. Con el dinero proveniente de la venta de gas a Argentina se sostuvo la economía nacional, señala Oscar Bonifaz, quien fuera ministro de Minería del gobierno de Ovando.
Mariaca dice que luego de que el control de la riqueza hidrocarburífera pasa a manos de YPFB, los excedentes por esta actividad se quedan en Bolivia.
Argentina
Al justificar la nacionalización de la Gulf, Marcelo Quiroga Santa Cruz recordaba que YPFB compraba a esta empresa el petróleo necesario para abastecer al mercado interno. Por otro lado, la Gulf negoció sola la venta de gas a Argentina, pero ante las críticas que surgieron en el país se vio obligada a conformar una sociedad mixta con YPFB para concretar el negocio. En una de las cláusulas, establecía que si una de las dos entidades no aportaba con el 50 por ciento del volumen de gas, sería desplazada por la otra y asumiría la provisión total. Como las reservas gasíferas están en un 90 por ciento en poder la Gulf, era absolutamente seguro que el gasoducto tendido a Argentina y la vigencia del contrato eran dos medidas que se habían adoptado a favor de la transnacional. En 1972 —durante la dictadura de Hugo Banzer— se medite una nueva Ley de Hidrocarburos que nuevamente abre el ingreso de las transnacionales a Bolivia. Ese año se inicia la exportación de gas a Argentina a través de las contratistas norteamericanas Tesoro y Occidental, encargadas de la provision del energético.