El nuevo presidente de Bolivia forma parte del mismo sector que encumbró a Gonzalo Sánchez de Lozada, es apoyado por los mismos partidos y cuenta con el respaldo de la embajada estadunidense que se replegó sobre la solución Mesa una vez que no pudo imponer la solución Goni. Si ahora promete inclusive la Asamblea Constituyente es porque no puede hacer otra cosa, ya que la situación de fuerzas le es desfavorable porque, como recuerda Adolfo Gilly en su muy buen artículo sobre la insurrección popular boliviana, la policía estaba dividida y el ejército comenzaba a agrietarse ante la ofensiva de campesinos y obreros bolivianos. El gobierno intenta entonces ceder algo de terreno sólo para ganar tiempo y recomponer el frente de las clases dominantes y sus instituciones, tratando inclusive de llevar la guerra civil al Chapare, oponiendo la reacción y el racismo de Santa Cruz a los indígenas quechuas, ex mineros del altiplano convertidos en campesinos cocaleros. Del otro lado, los aymaras de El Alto y del altiplano y los campesinos y sectores populares, desde Cochabamba hasta Oriente, discuten lo obtenido, sopesan las perspectivas, se organizan porque, por repetida experiencia histórica, saben que viene el segundo choque, pues todas las organizaciones obreras y campesinas han dado al gobierno 90 días, que acaban en enero de 2004, para responder las reivindicaciones de los indígenas y los trabajadores, mientras en cambio Carlos Mesa ya insinúa que podrá durar hasta 2007 y no dice nada concreto sobre cómo podría hacer siquiera algo de lo que la insurrección le exigió. De modo que la Bolivia social vela armas y trata de reforzar el frente único que, de hecho, se constituyó en los días de esfuerzos y sangre que derribaron al presidente respaldado por el imperialismo.
No es pues el momento para cejar en el apoyo al pueblo boliviano, que ni en Brasil ni en Argentina, a nivel de las organizaciones populares, ha sido todo lo importante que debería haber sido. Por el contrario, hay que crear conciencia de que la insurrección popular en Bolivia dificulta en toda Sudamérica los planes de Estados Unidos de imposición del Area de Libre Comercio de las Américas e, indirectamente, al mostrar la pujanza del movimiento popular, hace temer al capital internacional otros posibles estallidos semejantes, ayudando de ese modo a los gobiernos del Mercado Comun del Sur (Mercosur), pues reduce la presión de los acreedores e inversionistas sobre los mismos.
La izquierda boliviana y sus organizaciones políticas y sociales, como el Movimiento al Socialismo, la Central Obrera Boliviana o la confederación campesina que dirige Felipe Quispe han demostrado madurez al construir un frente único para las elecciones pasadas y al mismo tiempo mantener la independencia de sus movimientos de masa y hacer coincidir sus esfuerzos a pesar de las diferencias que existen entre las respectivas di-recciones. La diferencia con los acontecimientos argentinos de diciembre de 2001, que también derribaron al presidente, no reside sólo en el carácter masivo de la movilización boliviana, que sí fue una insurrección popular, y no la protesta de algunas minorías urbanas, sino también en el nivel político de los objetivos, la disputa del poder y, sobre todo, la conciencia de que es necesario actuar juntos para imponer un cambio político y social. A partir de esta unidad básica, que viene de la experiencia social y política boliviana de decenios, es necesario ahora discutir los objetivos concretos, región por región, y la forma de imponerlos ocupando los vacíos de poder y discutir también las ideas, lo que permitirá presentar en la Asamblea Constituyente un nuevo proyecto de país, factible en las actuales condiciones, tanto si el gobierno la organiza como si la misma se hace al margen de éste. No bastan las grandes consignas estratégicas, sino hay que trabajar también por soluciones prácticas operativas, por ejemplo, al problema de la exportación de gas, pidiendo a las organizaciones populares de Argentina y Brasil que presionen a sus respectivos gobiernos para asegurar la salida del gas boliviano por puertos del Atlántico y absorber parte de los costos, como ayuda a la integración de Bolivia en el Mercosur.
Estados Unidos envió a Bolivia una "misión militar" que es en realidad una amenaza de cabeza de puente. Los gobiernos latinoamericanos deberían realizar una declaración conjunta reafirmando que la solución de los problemas bolivianos corresponde a ese pueblo y que nadie podrá efectuar en América una intervención similar a la de Estados Unidos en Irak, en nombre de la preservación de la democracia. Si en el caso iraquí ellos votaron contra el unilateralismo imperialista, ahora corresponde impedir preventivamente, pues en Bolivia se acercan definiciones que Estados Unidos no querrá aceptar. El silencio del "socialista" Ricardo Lagos y la ausencia de propuestas dignas de parte del gobierno chileno para que Bolivia, por ejemplo, tenga un puerto franco sobre el Pacífico, forman de hecho parte del dispositivo imperialista contra el pueblo boliviano.
En todos los terrenos -organizativo, financiero, teórico- hay que ayudar a ese pueblo en la preparación de su próxima lucha. Se ganó una batalla, pero otra se aproxima.
galmeyra@jornada.com.mx