Redacción de econoticiasbolivia.com.

Cochabamba (octubre 27, 2003).-

El nuevo gobierno de Carlos Mesa responde con balas y cárcel a los comunarios y campesinos que exigen tierras para sobrevivir en el campo, denunció hoy la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
En la madrugada de hoy, a pocos kilómetros de la ciudad de Cochabamba, el Ejército, que sólo actúa y se moviliza siguiendo las instrucciones de su capitán general, el Presidente Mesa, abrió fuego contra cerca un millar de campesinos sin tierra que intentaron ocupar la propiedad del ex ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, el brazo derecho del depuesto ex presidente Gonzalo (Goni) Sánchez de Lozada.
La intervención militar generó hasta ahora siete heridos, uno de ellos de bala y el resto con impactos de balines. Los comunarios habían intentado ocupar un gran latifundio, ubicado en la población de Sacaba y que cuenta con infraestructura instalada, incluida una iglesia.
"Los trabajadores sin tierra derribaron algunos muros para asentarse porque necesitan esas tierras para asegurarse una fuente de trabajo ante el galopante desempleo que atraviesa esa ciudad y el país", aseguró la CSUTCB.
JUSTICIA COMUNITARIA
La ocupación de estas tierras es reivindicada por los campesinos como una forma de "justicia comunitaria" en contra del ex ministro Sánchez Berzaín, que había comandado en persona las recientes masacres de Warisata, El Alto y la Paz, donde se metió bala y metralla a campesinos y población civil desarmada con una saldo de 80 muertos y más de 400 heridos.
El ex ministro de Defensa, responsable también de la masacre del 12 y 13 de febrero del 2003, en la que cayeron a bala 33 personas y más de 200 resultaron heridas, fugó del país hacia los Estados Unidos el pasado 17 de octubre, junto a Gonzalo Sánchez de Lozada y sus familiares más íntimos.
Las propiedades del ex presidente también fueron ocupadas por los campesinos. "En La Paz, comunarios de la Provincia Aroma tomaron la hacienda Collana donde la familia Iturralde de la ex primera dama (esposa de Sánchez de Lozada) mantenía una extensión de 2.000 hectáreas totalmente improductivas", relata un informe de la Confederación de Campesinos.
"Como respuesta, el gobierno de Mesa detuvo a Fabián Paco Patzi y Luis Pinto Paco, secretarios generales del Sindicato Agrario de Collana, por lo que se eligió provisionalmente a Gabriel Pinto como dirigente de la ocupación y administración comunitaria de las tierras", agrega el informe.
Según la CSUTCB, la hacienda Collana tiene tierras muy buenas para el cultivo, existe una laguna y ganado, pero no se cuenta con luz eléctrica y 10 empleados de la familia Iturralde denunciaron que sufren explotación laboral, sin salarios, trabajan sábados, domingos y feriados. Normalmente trabajan de 8 de la mañana a 12 de la noche, dijeron, y sólo sobre 200 hectáreas, del resto no se ocupa nadie.
"Lo que quieren las familias indígenas originarias es poder administrar comunitariamente esas tierras para beneficio de sus hijos, en lugar de que salgan a las ciudades sin futuro alguno. Esas son tierras que la familia del ex Presidente no trabaja y sólo la tiene para ostentar riquezas inútiles", señala la Confederación.
Según las estimaciones de las organizaciones populares se calcula que hay 250 mil campesinos que no tienen tierra en Bolivia, especialmente en el Altiplano y los valles, mientras que en el oriente se concentra la propiedad agrícola en pocas manos, en enormes latifundios improductivos.
CRIMEN SIN CASTIGO
La ocupación de tierras, además de plantear el tema del acceso a este recurso natural, es también un desafío a los compromisos de hacer justicia a los sectores sociales que fueron masacrados por el gobierno de Sánchez de Lozada.
La promesa de Mesa de que no habría "ni olvido ni venganza, sólo justicia" ha quedado hasta ahora en el simple enunciado. El mismo Presidente se ha encargado de señalar que únicamente el Congreso de la República podría iniciar un juicio de responsabilidades contra Goni, sus ministros y principales colaboradores. Todo un saludo a la bandera, ya que dos tercios de los votos del Congreso, imprescindibles para iniciar el enjuiciamiento al ex presidente, están en manos de los parlamentarios de los partidos neoliberales que hasta hoy defienden a Goni.
El intento de iniciar un juicio a través del poder Judicial, como planteó el Movimiento al Socialismo (MAS) del diputado cocalero Evo Morales, también pareció naufragar cuando la Fiscalía General de la República y la Magistratura señalaron que se podría juzgar a Goni sólo si dos tercios del Congreso abrían esa posibilidad.
Hasta ahora, los parlamentarios leales a Sánchez de Lozada han descartado de plano cualquier posibilidad de enjuiciar al ex presidente, cerrando así la vía legalmente establecida para castigar los crímenes cometidos contra la población civil. La bala y el Ejército se encargan de cerrar la otra vía, la comunitaria, de hacer justicia.