Latinoamérica

Bolivia: Estados Unidos continúa presionando a través de su embajador

Agencias
Las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Bolivia, David Greenle, en favor de la incorporación del país al Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) y de la lucha contra la Coca, agregaron tensión al nuevo gobierno.

La posición estadounidense se contrapone a los reclamos de grupos bolivianos, cuya movilización acabó con la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, el pasado viernes.

Durante el saludo protocolar al nuevo canciller boliviano, Juan Ignacio Siles, Greenle sostuvo que el ALCA es "una cosa buena", que beneficiará a Bolivia con la apertura a los mercados.

"La coca excedentaria va directamente al narcotráfico y en esa situación es en la que no estamos de acuerdo", afirmó el funcionario, luego de aclarar que la lucha contra la coca forma parte de una "política de Estado".

Las movilizaciones sociales de las últimas semanas reclamaron, entre otras cosas, la defensa de los cultivos de coca y su industrialización, además de rechazar la incorporación del país al ALCA.

En este marco, el nuevo gobierno del presidente Carlos Mesa ha quedado presionado por dos grupos con intereses contrapuestos: los sectores sociales y la embajada de Estados Unidos.

Terreno negativo" Greenle ubicó a la situación económica del país en un "terreno negativo", luego de que la calificadora Standard & Poors bajó el riesgo crediticio del país de "B-estable" a "B- negativo".

"Creo que hay mucho por recuperar, espero que Bolivia pueda recuperar lo que ha perdido, porque ahora no puede haber mucho interés de inversión en Bolivia", agregó el embajador estadounidense, luego de que el flamante canciller boliviano pidiera a la comunidad internacional "desembolsos inmediatos".

Por otra parte, el mismo lunes el embajador de España, Víctor Fagilde, le pidió al nuevo primer mandatario de Bolivia seguridad jurídica para sus inversionistas en el país.

Líder indígena acusa a ex presidente de Bolivia de genocidio

El diputado indígena Evo Morales presentó el miércoles ante el fiscal general de Bolivia una demanda en la que acusa de genocidio y otros delitos al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, desplazado del poder por una revuelta popular que dejó al menos 80 muertos y 200 heridos.

"El ex presidente deberá responder por delitos de lesa humanidad, entre ellos genocidio, y daño económico al Estado boliviano", dijo a Reuters el líder cocalero y ex candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS).

Morales, principal opositor al derribado ex presidente, se entrevistó con el fiscal general, Oscar Crespo, para entregarle la demanda, que incluyó un pedido de extradición contra Sánchez de Lozada, quien viajó a Estados Unidos tras renunciar el viernes.

Fuentes judiciales explicaron que la demanda contra el empresario Sánchez de Lozada deberá ser encaminada por el fiscal a la Corte Suprema de Justicia y luego al Congreso boliviano.

Agregaron que, sólo entonces, el plenario de 157 senadores y diputados podría pronunciarse con dos tercios de los votos sobre la procedencia del juicio.

"Si el MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario, partido del ex presidente) quiere lavar su imagen, tiene que apoyar el juicio de responsabilidades en el Congreso", dijo Morales a Reuters.

Agregó que su demanda involucra también, como responsables de los mismos delitos, a los ex ministros de Defensa, Carlos Sánchez, y de Gobierno, Yerko Kukoc.

El empresario Sánchez de Lozada, de 73 años, renunció el viernes a la presidencia en el remate de cuatro semanas de protestas sociales contra un proyecto de exportación de gas, luego transformadas en una revuelta popular que exigió su salida del poder.

El ex mandatario denunció en Estados Unidos que fue apartado violentamente de su cargo por una conspiración "narcosindicalista" y "terrorista", de la que responsabilizó a Morales y a Felipe Quispe, otro líder campesino y también legislador izquierdista.

Durante las protestas y su represión por la policía y el ejército murieron 80 personas y otras 200 resultaron heridas, dijo a Reuters el miércoles el presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia, Waldo Albarracín.

El saldo de víctimas fatales aumentó en los últimos tres días a raíz de la muerte de seis de los heridos.

Albarracín apoyó la necesidad de que "sea el Estado boliviano" el que plantee el juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada.

Agregó que así lo exige "la dimensión de la crisis, no solamente por la elevada cifra de víctimas, sino por la gravedad de sus consecuencias sociales y políticas".

Funcionarios del nuevo gobierno del presidente Carlos Mesa, quien como vicepresidente y primero en línea de sucesión ocupó el cargo dejado vacante por Sánchez de Lozada por mandato del Congreso, dijeron el miércoles creer que el ex mandatario no se hallaba "refugiado ni asilado" en Estados Unidos.

"El ahora ex presidente renunció al cargo y se fue como puede hacerlo cualquier ciudadano boliviano, con la respectiva visa para entrar, en este caso, a los Estados Unidos", dijo a Reuters una fuente consultada.

"Desconocemos si pidió asilo político", añadió.

Morales sostuvo que "el gobierno estadounidense no puede proteger a criminales como Sánchez de Lozada, dándole asilo político".

FF.AA. realiza sumarios informativos sobre hechos de El Alto y Patacamaya

Con el fin de aclarar sobre los hechos de violencia que dejaron el saldo de fallecidos y heridos entre soldados y militares la pasada semana, las FF.AA. realiza sumarios para establecer responsabilidades, anunció este miércoles el ministro de Defensa, Gral. (sp), Gonzalo Arredondo.

Para el efecto, los comandos generales del Ejército, Fuerza Aérea y Fuerza Naval, cada uno por su lado lleva adelante los sumarios informativos para que luego sea el Tribunal de Justicia Militar que lleve adelante los juicios correspondientes y poder establecer responsabilidades y sanciones.

También dijo que es parte del sumario el deceso del conscripto, Cerna García (20), del Regimiento 11 de Infantería de Charagua de Santa Cruz. El soldado, explicó que se encontraba realizando operaciones en la ex tranca de Senkata.

Este conscripto pertenecía una compañía del Regimiento 11 de Infantería de Charagua.

Ante este hecho y para esclarecer su deceso están acuartelados en La Paz los 80 efectivos de la compañía, comandados por el Cap. Herlan Camacho, quienes prestarán declaraciones en el marco del sumario informativo que lleva adelante, el Comando General de Ejército.

El ministro Arredondo, precisó que como consecuencia de los enfrentamientos con los manifestantes, las Fuerzas Armadas tienen dos bajas, vale decir, la muerte de dos soldados y siete uniformados heridos graves; dos oficiales, un sargento y cuatro conscriptos.

Explicó que en función de la atribución del Presidente de la República y Capitán de las FF.AA., se emplearon a los efectivos militares para tareas del restablecimiento del orden ante la falta de recursos humanos de la Policía Nacional.

Manifestó que no se realizó un empleo adecuado de las Fuerzas Armadas y que derivó en extremos. En el sumario informativo que se realiza dijo que sí hay culpables particulares de un caso, se tiene que proceder, mientras tanto no se puede condenar a nadie ya que de acuerdo a la normativa jurídica "nadie es culpable mientras no se pruebe lo contrario".

HALLAZGO DE MUERTOS

Sobre el hallazgo de ocho cuerpos sin vida supuestamente conscriptos en una fosa común de Villa Cooperativa, zona ubicada al extremo norte de la ciudad de El Alto, el titular de Defensa, negó esta situación porque en las filas de los soldados que participaron en el restablecimiento del orden no falta ni uno.

Además dijo que las tropas que se movilizaron de varios distritos del país, ya están de regreso a sus respectivas unidades. En este sentido, anunció que lo primero que se hará es que los soldados se comuniquen con sus familias a fin de evitar rumores y especulaciones.