Por Mabel Azcui *
Desde Cochabamba

La conflictiva situación en la casi paralizada nación boliviana tendía ayer a agravarse y existe un creciente temor ante la llegada a La Paz, la capital, no sólo de indígenas y trabajadores sino de más pertrechos militares. La Paz está militarizada. La Plaza de Armas, en el centro de la ciudad, donde se encuentra la Casa de Gobierno, ofrece un aspecto desolador, con barricadas hechas con bolsas de arena y resguardadas por soldados y tanques. Largas columnas de manifestantes avanzaban ayer desde el oeste y desde el norte hacia la capital para pedir la renuncia del presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada.
La paralización de actividades afecta a las seis ciudades más importantes de Bolivia, excepto a Santa Cruz. Los líderes indígenas denunciaron ayer, tanto en Cochabamba como en La Paz, que existen planes que amenazan su integridad física. El máximo líder de los sindicatos campesinos del altiplano, el aymara Felipe Quispe, dijo ayer a este diario que se ha declarado en la clandestinidad ante las intenciones para su detención. El diputado quechua Evo Morales denunció un atentado contra su vida tras el allanamiento policial a la sede de la Federación del Trópico, con un saldo de cinco heridos.
Varias organizaciones de religiosos y religiosas reiteraron ayer su ruego para que el presidente renuncie y evitar así mayores sufrimientos al pueblo boliviano y un nuevo baño de sangre. La Pastoral Social, que trabaja con los presos, ha hecho similar llamamiento en un intento de tocar la sensibilidad de Sánchez de Lozada.
Sin embargo, Goni, apelativo familiar de Sánchez de Lozada, ha dicho que no renunciará y ha recibido con alivio el apoyo al sistema democrático expresado por Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comunidad Andina de Naciones y otros 16 gobiernos, entre ellos España, Argentina, Brasil, y México.
Sánchez de Lozada y sus principales colaboradores, incluidos los jefes de los partidos aliados, intentaban ayer buscar salidas al conflicto que, desde el pasado domingo, ha quedado sin vías de solución ante la determinación de los dirigentes que encabezan el movimiento de no dialogar hasta que el presidente abandone el cargo.
La Asamblea de Derechos Humanos, que despliega todos sus esfuerzos para acercar a las cada vez más antagónicas partes del conflicto, ha advertido que una medida de fuerza, como el estado de sitio, que podría estar en la agenda del gobierno, sería contraproducente y ocasionaría un mayor derramamiento de sangre.
El vicepresidente de esta organización, Sacha Llorenty, denunció la supuesta llegada, por vía aérea, de mayores pertrechos militares para defender al gobierno ante la llegada de miles de bolivianos a la ciudad de La Paz. Desde Cobija, ciudad al extremo norte del país, se confirmó la salida de unidades militares hacia La Paz, pero el gobierno ha rechazado tales versiones.
La ciudad dormitorio de El Alto, donde vive el mayor porcentaje de la fuerza laboral que trabaja en La Paz, mantiene inalterable el séptimo día de huelga general, no ya para defender el gas, sino para exigir la salida del gobierno de Sánchez de Lozada. La presencia militar ha bajado considerablemente y muchos vecinos se han atrevido a salir en busca de provisiones. La calma de las primeras horas permitió también a los vecinos buscar con afán productos alimentarios en una ciudad que está ya desabastecida, especialmente de pan y carne, sin gasolina ni garrafas de gas de uso doméstico, y sin posibilidad de comunicación por vía aérea ni terrestre.
Los vecinos, sin embargo, esperan con mucho temor la anunciada llegada de los indígenas de Achacachi, que marchaban ayer hacia la capital conviejos fusiles Mauser, y la llegada de otros miles de colonos del norte de La Paz y trabajadores de Oruro, que se acercan por la carretera troncal. Cerca de medio millar de mineros del centro productor de estaño, Huanuni, lograron llegar a La Paz.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12