Prensa Latina
La sombra de la guerra civil se cierne hoy sobre Bolivia, cuando se denuncia el posible arribo de armamento de Estados Unidos para el Gobierno y se movilizan más tropas y marchas populares a esta capital.El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Paulo Bravo, dijo telefónicamente desde la norteña ciudad tropical de Pando, que un avión Hércules hizo escala allí camino a La Paz, con carga, posiblemente armas, para el Ministerio de Defensa.

El vocero presidencial aseguró que la versión es falsa y que el gobierno no está recibiendo "armamento de países" amigos para la represión de las protestas, que han cobrado más de 60 víctimas en los dos últimos días.

El presidente de la Asamblea, Waldo Albarracín, dijo que de confirmarse la denuncia sería una intromisión norteamericana inaceptable en la soberanía boliviana, y apuntó que las protestas están a cargo de ciudadanos sin armas que deben resolver los propios bolivianos.

La denuncia del supuesto envío de armas de Estados Unidos fue precedida por declaraciones de apoyo al régimen por parte de la Casa Blanca y de la Organización de Estados Americanos (OEA), las cuales de ninguna manera legitiman al Gobierno, según Albarracín, y fueron condenadas por el líder opositor, Evo Morales.

El diputado Bravo informó también que centenares de tropas del destacamento que la Armada tiene en Pando fueron enviados La Paz, a donde fueron transportados también 160 policías de la ciudad oriental de Santa Cruz.

El analista político Ricardo Paz opinó que Bolivia vive una situación de insurrección generalizada, en vías de convertirse en una guerra civil.

Al mismo tiempo, columnas de campesinos, mineros, comerciantes informales y pobladores de diversas regiones avanzan a La Paz para sumarse a las manifestaciones que demandan la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien se niega a dimitir y atribuye las protestas a un movimiento subversivo opositor con financiamiento foráneo.

El líder de la Federación Sindical Minera, Miguel Zubieta, dijo que todos los trabajadores de minas de regiones próximas a La Paz han comenzado a marchar sobre la capital, donde ya se encuentran más de 700 trabajadores del subsuelo llegados la semana pasada desde la sureña mina de Huanuni.

Una asamblea de campesinos aymarás de la región de Omasuyos, en el Altiplano de La Paz, decidió declarar la "guerra popular" al Gobierno y marchar a la capital, a donde también dicen dirigirse miles de labriegos de la zona norteña y tropical de Caranavi.

La capital está totalmente paralizada y es escenario de nuevas marchas de protesta que reclaman la dimisión del Jefe de Estado y no fueron reprimidas por las tropas, mientras se agudiza la escasez de alimentos y combustibles.

Choferes, trabajadores y estudiantes universitarios, sindicalistas y vecinos de los barrios populares, muchos vestidos de negro y con banderas con crespones negros, recorren diversos puntos de la ciudad y de El Alto.

El portavoz Antezana sostuvo que la demanda de renuncia presidencial es reducida y de carácter sedicioso y que los problemas se limitan a La Paz y El Alto, a tiempo de asegurar que las fuerzas gubernamentales evitan más confrontaciones y el Ejecutivo busca el diálogo, que no aceptan las organizaciones sociales.

En El Alto, el dirigente sindical Roberto de la Cruz dijo que a primera hora los uniformados mataron a otro civil y despachos radiales reportaron huelgas, manifestaciones o bloqueos de carreteras en las regiones de Cochabamba, Oruro, Potosí y Chuquisaca y cierres viales en Santa Cruz y Tarija.