Resiste Chávez a pesar del frenético empujón de la oposición golpista durante todo el mes de diciembre. Aguanta a pesar de que la inercia para derribarlo venía incrementándose con las marchas forzadas de una insurrección que llegaba desde muy atrás, casi desde el mismo momento en el que fracasó el golpe fascista del 11 de abril.
Resiste Chávez contradiciendo las apariencias inmediatas, las profecías y la primera euforia de los medios, y también las pesimistas previsiones de muchos de sus simpatizantes y amigos en el interior y exterior de Venezuela. Resiste a pesar de que todos los factores interiores de poder, que podía utilizar la coordinadora golpista dirigida por la oligarquía venezolana, han sido ferozmente agitados y demandados para el golpe, de manera insistente y pública, en el permanente intento de derrocar o asesinar al presidente. Resiste porque alguno de esos factores, como las fuerzas armadas, habían sido colocados en lugar cambiado en el libreto insurreccional y mediático del golpe; también y sobre todo porque los elementos y la fuerza de la resistencia bolivariana habían sido ignorados o devaluados.
Autismo y reality show
La burguesía venezolana, movilizada hasta la histeria con un discurso fascista y racista, engañada por unos medios convertidos en el estado mayor de un golpe de reality show, sólo se ha visto a sí misma en las caceroladas de los barrios residenciales, las concentraciones de la plaza de Altamira, y en las marchas encuadradas y jaleadas en las pantallas de televisión y en los titulares y columnas de los periódicos. Como en abril, las cámaras y los micrófonos sólo se dirigían hacia un lado. El guión que para el golpe prepararon y realizaron los medios resultó demasiado esquemático para que una realidad mucho más compleja se ajustase a él. Ese desajuste entre lo que ocurre y ocurrirá en las pantallas y lo que sucede en la calle es la consecuencia, imprevista para los guionistas de la caída de Chávez, de la creación de realidades virtuales en los medios de comunicación.
La insurrección, cuya cualidad "democrática" -proclamada por sus dirigentes- había hecho increíble el fugaz pero demoledor gobierno dictatorial de Carmona (arrasó con todo de un único decretazo) y también la acentuada dinámica fascista en la movilización de las clases medias, se tornó además imposible por la intensa movilización de los sectores populares. Esta movilización fue decisiva en la segunda semana de paro empresarial y golpe petrolero, sobre todo en las jornadas de máxima tensión que sucedieron a la provocación, dirigida específicamente a los militares, del tiroteo y los muertos de la plaza de Altamira. También en este suceso el guión de Globovisión, Televen, Venevisión y RCTV, que implicaba directamente en los asesinatos al alcalde bolivariano del municipio Libertador, Freddy Bernal, y a través de él, al presidente de la república, fue compuesto, escenificado y filmado antes y después del tiroteo.
Algunos factores del golpe
Para entender los sucesos y el proceso golpista que exploró –sin agotar todavía- todas las vías posibles en el pasado mes de diciembre, hay que analizar algunos elementos de la dinámica del golpe y de la resistencia de las clases populares.
En primer lugar –como pieza fundamental en el propio despliegue insurreccional- la legalización y legitimación del golpe. El Tribunal Supremo de Venezuela, al considerar que los militares golpistas de abril no habían cometido delito alguno, y negar el propio hecho de la existencia de un golpe de estado, colocó en el lado de la ley cualquier acto insurreccional contra las autoridades, instituciones y representaciones democráticas, y contra la constitución bolivariana. Por esa misma sentencia los medios de comunicación implicados en el golpe de abril obtuvieron carta blanca para desarrollar una campaña de legitimación del derrocamiento violento del presidente Chávez y de la liquidación de las instituciones de la V República.
En segundo lugar, el papel de la componente bolivariana de las fuerzas armadas de Venezuela. Éste ha sido un factor sorpresa de primer orden. Es indudable que la junta fascista de abril, rebautizada como Convergencia Democrática, confiaba en desequilibrar en su favor a la institución militar. De ahí el enorme despliegue, llamando a la solidaridad con los militares golpistas y directamente a la sublevación militar, realizado durante meses y a voz en grito en la plaza de Altamira, escenario-estudio de los "cuatro jinetes del apocalipsis": las televisiones privadas venezolanas. Sin embargo, no sólo no ha sido así sino que, en un proceso en el que el "todo vale" judicial dictado por el Tribunal Supremo era el punto de partida para facilitar pronunciamientos amenazadores de potenciales insurrectos, los contundentes apoyos al gobierno legítimo y a la constitución, de los altos mandos militares y de algunos jefes de unidades altamente comprometidos en la derrota del golpe en el mes de abril, resonaron fuertemente en el silencio de una institución que no parecía deliberar contra Chávez.
En tercer lugar el propio golpe petrolero. La superempresa Petróleos de Venezuela –PDVSA- tiene una importancia estratégica determinante en un proceso de golpe de estado. De hecho, el golpe puede cumplirse, sin muchos más requisitos, con la paralización de las actividades de la industria petrolera, y el boicot o el sabotaje interno de sus operaciones. En Venezuela el golpe puede triunfar, incluso con unas fuerzas armadas inactivas pero neutralizadas, con la prolongación de un boicot petrolero.
En cuarto lugar habrá que analizar a fondo la capacidad de movilización popular y los recursos democráticos puestos en marcha por la revolución bolivariana. Su expresión más visible ha sido hasta ahora la continua llamada al pueblo venezolano, como poder supremo constituyente, que para la defensa de la revolución bolivariana ha efectuado varias veces el presidente Chávez en los momentos de máxima presión golpista.
La claridad de los alineamientos de clase en el conflicto anuló en gran parte la posibilidad de agitación general de los medios de comunicación, sin duda el elemento más activo del larguísimo proceso para el golpe de estado. Uno de los enfrentamientos más interesantes en estos últimos meses es el que se ha dado entre la potencialidad de "creación de realidad", y de agitación y movilización, de los medios de comunicación privados –la inmensa mayoría y también los mejor equipados en Venezuela- y la capacidad de resistencia, de denuncia y de réplica informativa de los sectores populares.
Mención aparte merecen algunos factores exteriores. En primer lugar el conjunto de los medios de comunicación generales –Falsimedia- que ha servido para reconvertir en "proceso democrático" el actuar conspirativo e insurreccional de los mismos actores del golpe fascista de abril. Entre todos aquellos personajes sólo falta Carmona que ha sido sustituido, como para evidenciar la continuidad de agentes e intenciones, por el actual presidente de Fedecámaras.
Otros factores exteriores, más visibles en abril, como el gobierno de los EEUU, han permanecido más o menos latentes hasta finales de diciembre. Se han limitado a dirigir entre bastidores el proceso insurreccional –los líderes sindicales de los trabajadores petroleros hicieron una visita hace unos días al embajador Shapiro- y a aconsejar públicamente la "salida democrática" más conveniente: realización inmediata de un referéndum para echar a Chávez o unas elecciones anticipadas, ambas recursos claramente anticonstitucionales.
Algunos otros, como las grandes compañías petroleras, parecen reactivarse ahora. Las vinculaciones exteriores del factor petrolero es otro de los elementos principales en el intento de golpe en Venezuela. La privatización de PDVSA está en la agenda golpista inmediata diseñada por la oligarquía venezolana, como se puso de manifiesto en abril. A favor de tal privatización juegan a fondo grandes inversionistas y fondos financieros, además de las compañías petroleras. La privatización es también un factor estratégico de primer orden para los EEUU que no sólo se garantizarían el control absoluto de una reserva importante de petróleo sino que desbaratarían todos los intentos de independencia de la OPEP que han sido fuertemente potenciados por el presidente Chávez. La legalización del golpe
La legalización de todo el proceso insurreccional y golpista fue realizado por el Tribunal Supremo con la resolución en la que al considerar el enjuiciamiento de los máximos mandos militares implicados en todos y cada uno de los actos del golpe de abril, negó la existencia de tal golpe aceptando la tesis del "vacío de poder" producido por la renuncia voluntaria de Chávez. Con esa misma tesis se había justificado la junta incívico-militar de Carmona precisamente para vaciar, de verdad y a fondo, los órganos de poder de la república bolivariana y sus instituciones representativas y participativas. Ni una sola institución, asamblea, o representación fue respetada. Hasta los concejales de los pequeños municipios fueron enviados a casa. En el lugar de toda esa multitud de poderes electos, ocupándolos todos, se colocó Carmona y sus secuaces de Fedecámaras, la CTV, los representantes del bipartidismo corrupto: Alianza Democrática- Copei, y las organizaciones de choque: Primero Justicia y Bandera Roja.
En la "revuelta democrática" que nos contaba Falsimedia la soberanía popular residía completa entre el pecho y la espalda del presidente de la organización empresarial venezolana.
La fuga de Carmona, realizada desde una insólita detención domiciliaria, combinada con esa exculpación de los principales uniformados golpistas, había fabricado una sombra protectora para los demás implicados. Todos habían hinchado pecho o sonreído muy ufanos en las grabaciones televisivas de la exaltación de Carmona y en las fotos de familia de la junta golpista que divulgaron, entre felicitaciones y parabienes inmoderados, cientos de veces, los grandes medios de comunicación privados. Entre ellos estaban los miembros de la directiva de Fedecámaras, Carlos Ortega, el dirigente máximo de la CTV, y también los dueños y directores de los grandes medios de comunicación.
La legitimación del golpe
Legalizada la rebelión incívica-militar de abril por el Tribunal Supremo los medios de comunicación continuaron con el proceso de legitimación del golpe. Inmediatamente después de que el golpe de abril es derrotado por una enorme movilización popular respaldada y apoyada por algunas unidades militares, los sectores implicados comienzan a activar un proceso de "legitimación democrática" que consigue la impunidad de todos los participantes.
Sin tomarse ninguna pausa, los medios de comunicación que se implicaron totalmente y jalearon el golpe, establecen varios discursos complementarios para su propia exculpación, la de los dirigentes de Fedecámaras y de la CTV, de los militares golpistas, e, incluso, de los miembros de la coordinadora insurreccional y de la junta dictatorial presidida por Carmona.
En primer lugar, el derecho de los propietarios y directores de los medios a la manipulación sin límites es reafirmado. El descaro puede parecer sorprendente a quienes no comprendan todavía el sistema de poder global contra el que se enfrenta la revolución bolivariana: la movilización popular contra el golpe, que había sido totalmente silenciada mientras se mantuvo la detención de Chávez, cruza la frontera hacia una progresiva y total inexistencia. Simultáneamente, con el mismo pase de magia, las escandalosas medidas de implantación de una dictadura fascista adoptadas por la Junta de Carmona -y divulgadas una y otra vez, con entusiasmo clamoroso, por esos mismos medios- desaparece en la misma niebla. Milagros de la comunicación contemporánea.
En segundo lugar se establece la teoría del doble golpe sucesivo –el primero sería la "legítima insurrección democrática" contra la "dictadura de Chávez", traicionada a última hora por el segundo, el golpe duro de la junta de Carmona-. Nada importa a esa "verdad mediática" que, como la anterior comparten alegremente los medios internacionales, que los protagonismos directos y las complicidades entusiastas hayan sido grabadas y reproducidas una y otra vez por los mismos medios de comunicación.
En tercer lugar, se insiste en la criminalización de Hugo Chávez presentando la evidente provocación que da origen a los sucesos de Puente Laguno en una masacre calculada y ejecutada por orden presidencial.
Por fin, sin el menor reparo ante las escandalosas contradicciones entre tantas piezas justificativas, y violentando el testimonio de las imágenes de la detención y secuestro del presidente de la república, los medios lanzan la teoría del "vacío de poder" que descarga la responsabilidad completa de lo que a fin de cuentas sería simplemente un "cambio natural" de gobierno, sobre el propio Chávez.
Entre tanto desafuero mediático, la Fiscalía evita detenciones y parece consentir la fuga de Carmona. El "golpe duro" termina encarnando en un único personaje fugado de la justicia; y el "no golpe" vacía de responsables los sucesos, muy documentados, que tuvieron lugar del 11 al 13 de abril. Carlos Ortega -al que los medios de comunicación internacionales desvinculan urgentemente de Carmona cuando el pueblo empieza a movilizarse-, es uno de los grandes beneficiarios.
Lo peor de todo el proceso de impunidad es que la más pública y descarada participación en el golpe, la de los medios de comunicación -evidente para todo el pueblo venezolano- es obviada por el poder judicial. No es extraño que pocas horas después del restablecimiento de los poderes de la república bolivariana el aparato psicológico y de propaganda vuelva a ponerse en marcha. La consecuencia inevitable es que los medios de comunicación obtienen carta blanca para recrear y reanimar el proceso insurreccional.
Bolívar en las fuerzas armadas de Venezuela En Venezuela el golpe de estado se ha ido componiendo lentamente como un puzzle en el que sin embargo no han encajado algunas piezas fundamentales. De hecho, el golpe se ha consumado hace ya meses en algunos sectores del aparato del estado, nada menos que en el poder judicial encabezado por el propio Tribunal Supremo, en el Consejo Nacional Electoral, y también en una parte de las policías estatales y municipales. La constitución bolivariana ha sido en gran parte paralizada por estos golpes parciales. La división de poderes y la "independencia judicial" han funcionado como garantía de la impunidad golpista.
El golpe ha ganado y consolidado, también hace semanas, un territorio: el de la plaza "liberada" de Altamira, en Caracas, la propia capital de la república. Con ello, el proceso insurreccional ha podido escenificar y alardear de una rebeldía permanente que ha sido programada para estimular el alineamiento golpista de las fuerzas armadas. La "alternativa democrática" que ofreció Carmona en abril se gesticula y vocifera allí, en la "plaza-estudio televisivo" de Altamira, con un lenguaje racista, militarista y reaccionario, casi inconcebible.
Sin embargo, la pieza fundamental de este puzzle que ha ido componiendo el proceso insurreccional, las FFAA, se ha resistido a encajar en el lugar que se le había asignado, se ha convertido en el vacío fundamental en toda la estrategia del golpe.
El golpe no ha conseguido incorporar a las fuerzas armadas pese a la permanente incitación que se ha hecho desde los medios de comunicación. Con este objetivo fundamental, los mass media venezolanos y extranjeros -la Falsimedia internacional- han inventado primero, y construido meticulosamente después, el escenario caótico que tenía que servir de coartada para la salida de los cuarteles.
Tenemos muy poca información sobre el proceso interno en las Fuerzas Armadas venezolanas durante los últimos meses. Por eso ha sorprendido la fidelidad de una parte importante de esas fuerzas armadas al presidente y a la constitución bolivariana. Para entender la situación habría que analizar el discurso de unidad continental, antiimperialista y popular que ha calado profundamente en algunos sectores militares. También habría que estudiar los mecanismos de identificación popular que han producido, en un ejército plurirracial y de ascendencia social muy desigual, las proclamas, francamente racistas y clasistas, de los líderes y las organizaciones golpistas.
Aunque la información es escasa, algunas de los hechos en los que se ha manifestado la presencia y sobre todo la ausencia de las fuerzas armadas en el enfrentamiento político de Venezuela, han sido muy significativos. El silencio, por ejemplo, de todos los mandos militares -con excepción de las declaraciones muy contundentes de apoyo al presidente Chávez y de denuncia de las actitudes insurreccionales vinculadas al boicot petrolero y alimentario, de los generales García Montoya, García Carneiro y Raúl Baduel- ha sido muy significativo de que la relación de fuerzas interna favorecía a los bolivarianos. Hay que tener en cuenta que ese silencio se produce en un escenario de "coste cero" para las actitudes golpistas que además estaban siendo estimuladas en los medios de comunicación. La creación de un comando unificado gobierno-fuerzas armadas para contrarrestar el boicot en PDVSA y en la distribución de alimentos también apunta en la misma dirección.
La impotencia opositora se vislumbra tras la noticia del The Washington Post en la que se afirmaba que miembros de la oposición, en entrevistas con mandos militares, les habían ofrecido "cientos de miles de dólares" en una gran operación de soborno para comprar la participación de las fuerzas armadas en el golpe de estado.
El golpe petrolero
En Venezuela el intento golpista de diciembre es petrolero en dos sentidos distintos.
En primer lugar porque el objetivo estratégico del golpe para su principales mentores, los EEUU, es la privatización, el dominio efectivo y el control político de la PDVSA que hoy impide la constitución bolivariana. El objetivo de privatización es compartido, como futuros socios menores en el negocio del petróleo, por la oligarquía económica venezolana.
En segundo lugar porque es el boicot y el sabotaje de su producción, transporte y distribución -el golpe petrolero- el instrumento principal para producir el colapso total económico y social de Venezuela y la subsiguiente caída de Chávez. El golpe petrolero tiene lugar al socaire de un cierre-boicot patronal publicitado como una huelga general. Ese cierre patronal sirve de coartada y punto de apoyo a un proceso de sabotaje de la producción y distribución petrolera cuyo objetivo inmediato es la paralización de toda la actividad productiva, el transporte, la conservación y distribución de alimentos, y la puesta en crisis terminal de todos los servicios públicos y las economías familiares.
Para evaluar la naturaleza y las consecuencias de este peculiar golpe petrolero –que puede calificarse, sin duda, de atentado criminal contra el pueblo venezolano y de delito contra la humanidad- hay que tener presentes algunos datos esenciales. El primero de ellos es el enorme poder de la supermillonaria gerencia de PDVSA que administra el 80% de los ingresos petroleros de los que extrae como botín una enorme masa de remuneraciones personales.
Del funcionamiento de este enorme complejo empresarial público dependen las finanzas estatales (80% de las entradas de divisas, 50% del presupuesto público, 25% de la renta nacional); algunas relaciones exteriores fundamentales como el cumplimiento de contratos de suministro esenciales para los países receptores; y el funcionamiento cotidiano de toda la economía nacional: industria, transporte público y privado, alimentación, alumbrado, energía de uso familiar.
Una élite gerencial, tecnológica y profesional, de algunos cientos de personas: gerentes, técnicos petroleros, capitanes y prácticos de buques, con unos ingresos multimillonarios escandalosos, es capaz de estrangular la vida del pueblo venezolano. La expresión moral de esta élite corrupta la daba unos de sus voceros: "primero somos ciudadanos y luego trabajadores petroleros".
Chávez y el poder popular Se ha criticado mucho la inactividad de Chávez durante el proceso inmediatamente posterior al golpe de abril. Aparentemente Chávez cometió el enorme error de creer que su respeto a las normas formales del "estado de derecho" podía restablecer el orden constitucional, facilitar el castigo de los golpistas, y bloquear el apoyo exterior al proceso insurreccional. Olvidó que el objetivo estratégico del golpe está fijado por los EEUU: es el cambio de la propiedad y el control de PDVSA y, en consecuencia, la liquidación de la ley de hidrocarburos y la abolición de la constitución bolivariana que prohíbe expresamente la privatización de la petrolera estatal.
Sin embargo, la aparente inmovilidad de Chávez tiene aspectos que favorecen interpretaciones diferentes. De hecho durante todo el proceso de agitación y movilización golpista, de insurrección mediática, y de sabotaje patronal y petrolero, el presidente de Venezuela ha recurrido constantemente al poder popular, al pueblo que ejerce su máximo poder constituyente, animándole y reclamando de él la defensa de su constitución y su revolución bolivariana.
Es muy probable que en esa doble recurrencia a la legalidad y al poder popular constituyente por encima de los demás poderes del estado, encuentre la revolución bolivariana el punto de convergencia y el apoyo de algunos sectores militares.
A partir del día 9 de diciembre el pueblo venezolano ha actuado directamente en dos frentes estratégicos de resistencia a la insurrección. En primer lugar la presión popular se ha dirigido contra los medios de comunicación privados que se han constituido en los verdaderos legitimadores, guionistas e impulsores de un golpe con características fascistas que se ha hecho inminente, una y otra vez, en los canales televisivos; en segundo lugar se ha volcado en un esfuerzo permanente para detener una conspiración que está boicoteando y saboteando el funcionamiento del corazón de toda la economía venezolana: el gigantesco complejo empresarial público de Petróleos de Venezuela.
La expresión de la idea fundamental que subyace en esas llamadas directas y muy claras al pueblo, la ha dado un diputado del MVR, Luis Tascón:
"El estado de excepción lo está dando el pueblo en la calle".
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