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El presidente Jorge Batlle se enfrentará a un verdadero dilema cuando sea interrogado por un juez penal: si ordena archivar el caso de la nuera de Juan Gelman, se estará amparando él mismo bajo el paraguas de la impunidad.

Samuel Blixen / BRECHA / RODELU

Cuando Jorge Batlle inicie su tercer año en la Presidencia de la República su política sobre derechos humanos será esencialmente diferente a la que inauguró el 1 de marzo de 2000 con su discurso a la Asamblea General, en el que invocó por primera vez el "estado del alma" como requisito de la pacificación nacional; su perspectiva de gobernante y su juicio personal estarán distorsionados por su compleja y difícil relación privada con un caso de desaparición forzada.
Antes del 1 de marzo próximo el presidente habrá sido interrogado, por exhorto, por un juez penal, o lo será en los días siguientes al inicio del tercer período de mandato, en relación con las investigaciones sobre la desaparición de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, la joven argentina nuera del poeta Juan Gelman, que fue detenida en Buenos Aires en 1976, secuestrada y trasladada a Uruguay a los solos efectos de dar a luz a su hija, que nació unas semanas después.
El interrogatorio intentará establecer si efectivamente el presidente Batlle conoce la identidad del asesino de María Claudia y si, por razones vinculadas con su política militar, ha optado por una suerte de amparo al autor del homicidio.
Las investigaciones personales de Juan Gelman y su compañera, Mara Lamadrid, permitieron reconstruir el crimen de María Claudia desde su detención en Automotores Orletti, en Buenos Aires, hasta su definitiva desaparición en los centros clandestinos de tortura en Montevideo, a comienzos de enero de 1977. Gelman identificó a los oficiales del ejército argentino y del ejército uruguayo que están directamente involucrados en las torturas, el secuestro, el traslado clandestino, el parto asistido pero no registrado en el Hospital Militar y el "destino final" de María Claudia, con su envío a la "base va al paraíso", un centro de detención ubicado en Villa Dolores donde los prisioneros permanecían hasta que eran definitivamente eliminados.
Gelman también logró reconstruir la historia paralela del nacimiento de su nieta, descubrir la identidad de los oficiales uruguayos que perpetraron el robo de la beba y ubicar a la familia que la había recibido y que había fraguado un falso parto y una falsa inscripción de nacimiento.
La inminente e inevitable ubicación de la nieta del poeta argentino, en el verano de 2000 -después de una formidable interpelación moral de la intelectualidad internacional al ex presidente Julio María Sanguinetti, quien sistemáticamente obstruyó la investigación para encubrir al policía que había recibido a la beba en 1977 y que era, en el invierno de 1999, un funcionario de su confianza política con un alto cargo en el Ministerio del Interior-, indujo al presidente Batlle a adelantarse a los acontecimientos y a anunciar el hallazgo de la joven Gelman, como preludio de su nueva política de derechos humanos.
Batlle confirmó la ubicación de la muchacha y ratificó su identidad después de consultas que a su pedido realizó un general del Ejército, en funciones en el Edificio Libertad como jefe de la Casa Militar, entre los oficiales, retirados y en actividad, involucrados en el caso, según las denuncias de Gelman. En uno de sus encuentros con el poeta Gelman, el presidente Batlle prometió hacer todos los esfuerzos por establecer la suerte corrida por María Claudia y eventualmente restituir sus restos.
Tras dos años de espera infructuosa, Gelman optó por plantear una denuncia penal, que terminó por ser radicada en la sede del juzgado de segundo turno, a cargo del magistrado Gustavo Mirabal. Para entonces habían surgido nuevos y decisivos detalles: las revelaciones de un ex agente de los servicios de inteligencia argentinos que operó en Automotores Orletti y que completó informaciones sobre el traslado de María Claudia, confirmó la existencia de un "segundo vuelo" de uruguayos detenidos en Argentina que fueron extraditados clandestinamente y que habrían desaparecido definitivamente en Uruguay, y reveló la ubicación de Simón Riquelo, hijo de Sara Méndez.
Tales informaciones, que permitían avanzar en el conocimiento de los hechos, los detalles y sus motivaciones, convencieron a Juan Gelman de que la desaparición de su nuera -a diferencia del asesinato de su hijo Marcelo, en Buenos Aires- no tuvo motivaciones políticas y, aunque se produjo en el marco del esquema de la represión política del terrorismo de Estado, tuvo la expresa intención de ocultar el robo de un recién nacido que había sido ofrecido, de antemano, a un matrimonio que no tenía hijos.
A estas novedades se sumaba la información obtenida por cronistas de BRECHA según la cual el presidente Batlle le había revelado al senador Rafael Michelini, en una borrascosa entrevista solicitada por el parlamentario en junio de 2000, que él, el presidente, sabía que el capitán de Coraceros Ricardo Medina Blanco (identificado por Gelman como uno de los dos oficiales que habían entregado la beba al funcionario policial) era el autor material del asesinato de María Claudia. En esa entrevista, Batlle confesó implícitamente al senador Michelini que no iba a cumplir el compromiso asumido con Gelman, porque "no puedo darle a un argentino lo que les niego a los uruguayos".
Cuando un año más tarde BRECHA obtuvo de fuentes independientes información sobre el contenido de aquel encuentro, intentó la confirmación con el propio senador Michelini, quien declinó comentar la noticia, aunque no la desmintió expresamente. El presidente Batlle tampoco la desmintió cuando fue publicada (BRECHA, 7-VIII-02). Fue el propio senador Michelini quien abundó en detalles confirmatorios al aportar testimonio, en mayo de 2002, en el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, de Buenos Aires, ante el juez Jorge Alejandro Urso, en la causa referida al secuestro de Simón Riquelo.
Los detalles de la conversación en la que el presidente Batlle confesaba conocer la identidad del asesino de María Claudia fueron aportados por Rafael Michelini al juez Mirabal cuando, dos semanas atrás, el magistrado inició las actuaciones en torno a la denuncia presentada por Gelman y recibió el testimonio del senador, para lo cual constituyó su despacho en las oficinas del Palacio Legislativo.
El testimonio del senador Michelini inaugura una serie de interrogatorios a 16 testigos civiles mencionados en la denuncia penal. Aunque la lista está encabezada por el propio presidente Batlle, sería intención del juez Mirabal culminar con el interrogatorio presidencial esta primera serie de actuaciones. Batlle sería el último de los testigos que el magistrado convocará en febrero, cuando se reinicie la actividad judicial tras la feria mayor y, a diferencia del resto, el interrogatorio será por exhorto, es decir que el magistrado y el presidente intercambiarán por escrito sus preguntas y respuestas.
Recién entonces, una vez acumulada la información que puedan aportar los testigos, el juez solicitaría la opinión del fiscal Enrique Moller sobre la hipótesis sustentada por el denunciante, en el sentido de que la desaparición de María Claudia tuvo motivos estrictamente comunes -no políticos-, es decir, el robo de su hija, y que por consiguiente sería un caso no comprendido por las disposiciones de la ley de caducidad, que brinda impunidad a los militares y policías que cometieron delitos de lesa humanidad en cumplimiento de órdenes de los mandos militares y mientras estaban en funciones.
La tesis de los abogados de Gelman se sustenta en la convicción de que no fue impartida ninguna orden para el secuestro, traslado y desaparición de María Claudia a los efectos de robarle su hija recién nacida. En ese sentido, debe tenerse presente que María Claudia no tenía militancia política en Argentina y menos aun vínculo alguno con organizaciones políticas uruguayas, lo que hubiera podido explicar, eventualmente, su traslado clandestino por razones de carácter político.
En este marco de razonamiento, el caso de María Claudia no estaría comprendido en la ley de caducidad, y por lo tanto, no sería necesario recabar del Poder Ejecutivo la información que podría implicar el archivo del expediente.
Recién con la vista fiscal el juez Mirabal decidiría sobre la segunda etapa de su investigación, que comprende el interrogatorio de ocho militares y un policía (el teniente coronel Juan Antonio Rodríguez Buratti, el capitán José Arab, el mayor Manuel Cordero, el oficial León Tabaré Pérez, el oficial Gilberto Vázquez, el coronel Ernesto Avelino Rama Pereira, el capitán Jorge Silveira, el capitán Ricardo Medina Blanco y el mayor José Gavazzo Pereira), identificados por Gelman como directamente implicados en la desaparición de María Claudia.
Sin embargo, si el fiscal interpreta que el caso requiere consultar al Poder Ejecutivo, se podría plantear una situación en extremo paradójica, porque el presidente Jorge Batlle podría sostener que le corresponde a él mismo establecer si la desaparición está comprendida en la ley de caducidad.
En principio es posible deducir que el presidente Batlle no ha aportado a la Comisión para la Paz ningún elemento relevante sobre la suerte corrida por María Claudia porque, tal como ha sido adelantado, el informe final que la Comisión dará a conocer a fines de enero dirá que el caso está "parcialmente aclarado", en el sentido de que se conocen detalles sobre su permanencia en Uruguay, pero que el hilo de la historia se corta abruptamente a comienzos de enero de 1977.
Pero según el testimonio del senador Michelini, Batlle conoce el resto de la historia y ha preferido ocultarlo. Habrá que esperar el resultado del interrogatorio al que será sometido y en el que el presidente puede revelar algunas incógnitas. Pero, a menos que decline competencia, el presidente se enfrentaría a una posición incómoda si la sede judicial le reclama una decisión sobre el expediente, porque si resuelve ordenar el archivo del caso estará resolviendo sobre su propia situación personal. Según el testimonio de Michelini, Batlle sabe que Medina asesinó a María Claudia; si ordena el archivo del expediente, estará eludiendo su propia responsabilidad como gobernante, al no brindar a la justicia información sobre el autor de un homicidio. Por otra parte, definir la desaparición de María Claudia como un episodio del terrorismo de Estado sería atribuir a los mandos militares haber impartido la orden de asesinar para robar a un recién nacido, delito que difícilmente podrían aceptar los legisladores que votaron la ley. Pero, además, supondría extender la impunidad a un episodio en el cual las circunstancias impusieron al presidente el papel de cómplice involuntario.
Si Batlle toma una decisión sobre el caso, simultáneamente estará interfiriendo en la acción judicial que investiga su responsabilidad personal. Pero si declina actuar en la consulta, debería informar todo lo que sabe, y si sabe quién es el asesino es posible que sepa los motivos del crimen. Habrá que ver cómo el presidente saca la pata de este lazo.