Carlos Santiago
Bitácora

El camino emprendido por el gobierno de Jorge Batlle en torno al manejo de la economía tuvo en su momento el beneplácito de los organismos de crédito, el que hoy está caducando. Para que ello fuera posible, seguramente la mayoría de las medidas fueron consensuadas en nerviosas llamadas telefónicas y viajes realizados entre Montevideo y Washington, extremos que ya hoy no alcanzan. El fracaso de esos mecanismos, habituales en el mundo, puede sorprender. Pero hay que tener en cuenta que a su caducidad formal se sumó la torpeza de su aplicación criolla, demostrada en los nefastos resultados obtenidos. El gobierno ha demostrado demasiada incapacidad, la que es insoportable hasta para quienes aplican los lineamientos establecidos en el Consenso de Washington y hacen todo lo posible para que EEUU licue su déficit a partir del endeudamiento de países como Uruguay.
Nuestro país tiene un lugar señalado luego del caso argentino que es uno de los más graves en materia de empobrecimiento. Allí, recordemos, se verificó otro paradigmático fracaso del modelo neoliberal, donde la aplicación del capitalismo en su fase más salvaje llevó a un país potencialmente rico, de 36 millones de habitantes altamente capacitados para emprender las mayores y más difíciles empresas, a introducirse en una crisis pocas veces vista en el continente. Argentina en su momento (1950) tuvo un PBI superior a la mitad del total del continente sudamericano, incluido Brasil, por lo que medir su actual situación es estudiar uno de los desplomes económicos más brutales de la historia económica.
Uruguay, verdadero vergel de campos fértiles para la agricultura y la ganadería, poseedor también de una industria en su momento competitiva y servicios que, vía las empresas públicas creadas por el batllismo, fueron los de mayor nivel en el continente, por el mismo camino que Argentina llegó a destruir diez mil millones de dólares de riqueza en tan sólo un año de desplome de la crisis. Tras los dos países estuvo la aplicación, torpezas mediante, del mismo modelo.
Este vergel, en su momento también un ejemplo de modernidad, llegó paulatinamente -- luego de un bochornoso período dictatorial-- a submundos de degradación política e institucional, con niveles de corrupción impensables, con una devastación económica que se acentúa, determinada por un gobierno que sigue empobreciendo a la gente dejando un tendal de desocupados, multiplicando el costo de los servicios, sin -- globalmente-- adoptar medidas para reactivar la actividad productiva que continúa en su marco recesivo.
Es la culminación de una crisis espejo a la de Argentina, que era previsible desde hace mucho tiempo y sirvió para que comprendiéramos la existencia también de algunas diferencias. Enfrente no existe la posibilidad de recuperar la transferencia de riqueza que las empresas públicas, en manos de capitales extranjeros --en razón de una evidente lógica económica--, realizan hacia sus casas matrices. Además los sucesivos gobiernos argentinos, desde la salida de la dictadura hasta el del presidente De La Rúa, influidos en los valores impuestos por el modelo, son un ejemplo de irresponsabilidad, derroche y corrupción, sin reducir un ápice el gasto público (igual que en Uruguay) ni impulsar en ningún caso políticas de reactivación económica (igual que en Uruguay), ni tampoco emprendiendo proyectos que no fueran financiados por dinero venido del exterior (igual que en Uruguay), incrementando en todos los casos la deuda externa.
En otros planos Uruguay es un fiel reflejo de lo ocurrido en el país de enfrente, pero con una diferencia muy importante que debemos valorar: la existencia todavía en manos de los uruguayos de empresas públicas que trasladan anualmente al Tesoro Nacional parte de sus ganancias, con lo que el déficit aún es manejable, pese a que ya es evidente que aquí también está por precipitarse, vía default, el fin del modelo.
Empresas públicas que también viven los mismos problemas del ineficiente Estado uruguayo, las que están en manos de políticos fracasados, que obtienen sus ganancias no por una eficiente administración y la calidad de sus servicios, sino por "venderle" a un mercado mayoritariamente cautivo, producto de la existencia de monopolios anacrónicos. Sin embargo en ese marco tan uruguayo, esas mismas empresas juegan un papel de fundamental importancia para ir deteniendo el desplome del modelo, vía transferencia de recursos que obtienen expoliando a la población consumidora.
Todos los síntomas de la enfermedad llevan a la misma y trágica conclusión sin que, en ninguna oportunidad, desde el gobierno se planteen ideas, iniciativas o proyectos destinados a reactivar la economía. Trasladan siempre el costo del superlativo derroche del Estado (¿cómo definir lo hecho con los bancos?), el de las AFAP, el de la transferencia de recursos a los especuladores vía venta de reservas, el de los contratos de obra y servicios, el de una burocracia pesada e ineficiente, el clientelismo, la politiquería, la evasión impositiva, el contrabando masivo --que no se persigue-- mientras se decomisa la carga de "quileros" en la frontera.
Y para volver al mayor desatino, la utilización de las pocas reservas existentes en el Banco Central y del dinero que se contaba para cumplir con el Presupuesto Nacional (a lo que se sumó más endeudamiento) para tratar de parar una corrida bancaria que tuvo un fundamento estructural: el achicamiento del sistema financiero por la destrucción del mercado argentino. Acción irresponsable, si las hay, en la que quedó en juego hasta la base monetaria sobre la que se sustenta nuestro peso, elemento técnico que está seguramente contenido en muchas de las indecisiones del actual equipo económico. ¿Qué dirán los técnicos del FMI al respecto?
A nadie del gobierno se le ocurre proponer ser más eficiente, crecer, para así bajar impuestos y hacer más competitiva la producción; tampoco sostener el salario para modificar positivamente la orientación del consumo, para impulsar con un mayor nivel de compra la multiplicación de bienes y servicios, superando así, vía recaudación, los gravísimos problemas de caja del Estado nacional, a punto de no tener recursos para pagar las jubilaciones. Un camino que mejoraría la dramática situación de la gente, elemento con aspectos éticos sin el cual la economía está condenada y la nación, el Uruguay, debería ser repensada, pues los habitantes de este pequeño país no podemos seguir siendo víctimas de un orden internacional totalmente perverso. ¿Tiene sentido una nación con esas características?
Todo el esfuerzo que hace hoy el gobierno está encaminado a reducir el déficit vía caída del salario y las jubilaciones, aumentando a mansalva las tarifas públicas, como si ello fuera económicamente posible. El efecto será que la población en su conjunto sea más pobre. El "camino" se pagará con más recesión y, obviamente, con mayor déficit fiscal. Por ello hablar de default no es para nada desatinado. Medir el tiempo que durará el crepúsculo previo a la noche es la tarea ordenada a los técnicos del FMI que están visitando Montevideo. En definitiva saben que el país tocó fondo y que aquí el negocio de licuar déficit de la mayor economía del mundo está llegando a su fin.
(*) Periodista, editor del suplemento Bitácora