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¿Debe permanecer Areán en su cargo?
¿Qué debe hacer el FA con la corrupción
Semanario Brecha, viernes 10 de enero de 2003
opinión
Los dos errores de Arana
Guillermo Waksman
Las precisiones del ingeniero Alberto Ortega y las del contador Alfredo Asti, ambos directores de la Intendencia Municipal de Montevideo, que se publican en estas páginas, se refieren a aspectos concretos mencionados en los artículos de Sergio Israel sobre el comportamiento de Mario Areán, el secretario privado del intendente Mariano Arana. Sobre el contenido de ambas cartas responde el propio Israel, una vez cotejados esos datos con los que oportunamente les proporcionaron sus fuentes.
Pero en todo caso se trata de un saludable cambio de actitud con respecto a la mayor parte de las reacciones que hasta ahora se habían conocido y que niegan en general los hechos que se atribuyeron a Areán, pero sin desmentirlos, en la medida en que no se refieren concretamente a cada uno de ellos ni, mucho menos, demuestran su falsedad.
Esto se advierte claramente en las declaraciones de esta última semana del disc-jockey Abel Duarte (en La sed y el agua, Tveo, domingo 5), del intendente Mariano Arana (en varios medios de prensa, radio y televisión, el martes 7) y del propio Areán (en La República, miércoles 8, y en El Observador, jueves 9). Arana reiteró que se trata de denuncias sin fundamento, que procuran enchastrar el buen nombre de una persona y sostuvo una vez más que no volvería a hablar del asunto mientras no se expidieran los órganos competentes (justicia y tribunales de conducta política del Frente Amplio y la Vertiente Artiguista). Duarte, que es uno de los socios de Areán en el Complejo Bahía, dio su testimonio personal acerca de la honestidad del secretario del intendente. Puso como ejemplo de rectitud su negativa a intervenir ante un inspector municipal que había hecho una observación sobre el funcionamiento de la megadisco en la noche del 24 de agosto último, en oportunidad de su inauguración, para que no fuera interpretada como una injerencia en el desempeño de sus tareas. Además atribuyó la publicación de acusaciones contra Areán a la interna frenteamplista -a la que calificó de sangrienta- y a una campaña para hacer abortar una fórmula presidencial que se estaría gestando en la coalición de izquierda y que incluiría a Danilo Astori y Arana (sic). En cuanto a las declaraciones del propio Areán, sostuvo que todo era falso -"son 14 o 15 puntos y los niego todos, uno por uno"- y anunció que iniciaría acciones judiciales contra Israel y contra BRECHA.
Hasta hoy, con las excepciones de Asti y Ortega, no se han dado explicaciones concretas sobre los hechos mencionados en las notas. Nadie se ha referido, por ejemplo, a los procesos de licitación de W Lounge, del Paseo del Parque o de la confitería La Llave y a quiénes intervinieron. Tampoco se consideró pertinente verificar si existió o no una relación comercial entre el secretario del intendente y Ernesto Laguardia, ex secretario de Julio María Sanguinetti, o si ha habido o no un rápido aumento del patrimonio de Areán.
Son este tipo de cosas las que importan y no otras que se han manejado en la mayoría de las respuestas, que dan la impresión de que se hubiera optado por desviar la atención de la opinión pública del centro del problema. ¿Por qué el intendente de Montevideo afirma que las denuncias contra su secretario han sido hechas con total falta de garantías si antes de la primera publicación Israel solicitó al jefe comunal y al propio Areán la versión que cada uno de ellos tenía sobre los hechos y ambos se negaron a hablar sobre el asunto? ¿Por qué la secretaria general de la imm, además de despotricar contra BRECHA, evitó referirse al único punto de la nota inicial que la mencionaba (cuando al estacionar su auto junto a la cuatro por cuatro de Areán le dijo "sacá esa coima de ahí", una boutade que ella misma después desparramó por toda la Intendencia)? ¿Por qué uno de los principales dirigentes de la Vertiente Artiguista se limitó a declarar que el intendente estaba en todo su derecho de designar a su secretario privado, una potestad que nunca nadie puso en cuestión? ¿Por qué otros dirigentes han lanzado la sugerencia -recogida incluso por algún analista político- de que las notas de BRECHA sobre Areán formarían parte de una operación política de la izquierda radical, a pesar de que les consta que este semanario no actúa al servicio de ningún partido ni de ningún sector? ¿Es o no un elemento de presión que Areán haya declarado a La República que si no se aclara la situación "quedará (la impresión de) que Areán es un vivo bárbaro, y los jerarcas de la Intendencia son todos bobos (o) la otra, que Areán tiene una cantidad de cómplices dentro de la Intendencia"?
De ninguno de los artículos publicados por BRECHA se desprende un solo elemento que pueda ser interpretado como un cuestionamiento a la honestidad del intendente de Montevideo. La airada reacción de Arana no contribuye a aclarar los hechos. Primero se negó a hacer declaraciones sobre las actuaciones de un funcionario de su gobierno, y una vez publicada la nota, en lugar de contestar las imputaciones que se hacían sobre Areán -y que él ya conocía, porque dirigentes de su propio sector político se las habían hecho llegar y porque eran vox populi en la imm-, intentó descalificar al periodista y al medio que las publicó. Esa conducta, que BRECHA conoce muy bien, pero que en general ha sido el último recurso de dirigentes de otros partidos, no corresponde a un gobernante de izquierda. Ese ha sido uno de los dos errores políticos de Arana en este episodio. El otro es que el indiscutible derecho de un gobernante a nombrar a quien quiera en un cargo de confianza tiene, como contrapartida, la obligación de cesarlo -o al menos suspenderlo mientras se sustancian las investigaciones correspondientes- cuando existen elementos de juicio como los que se han acumulado en este caso.
Del ingeniero Alberto Ortega*
Sobre "el misterio de Carrefour"
En el artículo titulado "La meteórica carrera del caballo del comisario" (BRECHA, 3-I-03, páginas 8 y 9), y bajo el subtítulo de "El misterio de Carrefour", se hacen varias afirmaciones y consideraciones que me parece necesario comentar en algún caso y rectificar en otros.
1. Se sostiene en el artículo que en julio de 1997 el arquitecto Nelson Inda dijo a los representantes de la firma proponente que "si se presentaban todos los papeles en regla el permiso para la obra saldría en 24 horas".
2. En otro pasaje se afirma que "el prestigioso arquitecto Pietro Chiancone trabajó para que el predio tuviera un gran parque al frente...".
3. Se dice en el artículo que el trámite municipal "duró más de cuatro años y nunca llegó a concretarse".
4. Más adelante se dice que en "determinado momento las diferencias entre Carrefour y la imm se hicieron considerables, sin que hubiera una explicación razonable para ello" y a continuación se detallan "indicios" de posibles explicaciones, entre ellas que "jugaron terceros" que "movieron sus piezas" (el subrayado es mío).
Los dos primeros numerales se refieren a aspectos de tipo personal y de menor importancia relativa, en tanto que los dos siguientes detallan afirmaciones y comentarios, muchos de los cuales, de ser ciertos, dejarían muy mal parados tanto el rol de la imm, autoridad pública reguladora del uso del suelo y de las construcciones en el territorio del departamento, como la responsabilidad de sus funcionarios.
Al respecto me parece importante establecer que:
1. La participación de los destacados profesionales mencionados en el artículo tiene que ver con las responsabilidades de cada uno de ellos en la oportunidad:
El arquitecto Inda ocupaba, a la fecha del inicio de las gestiones, la dirección de la División Planificación Territorial, con competencia en los aspectos normativos y la regulación del uso del suelo y de las construcciones, pero no sobre los permisos de construcción de obras. En el caso particular, la aceptación de la propuesta exigía, previamente a las solicitudes de permisos, la aprobación de excepciones a la normativa vigente a la fecha y probablemente ello motivó la presencia del arquitecto Inda en las reuniones iniciales con el proponente.
El arquitecto Chiancone era entonces el presidente de la Comisión Especial Permanente de Carrasco y Punta Gorda, comisión técnica y honoraria que designa el intendente y que le asesora sobre aspectos patrimoniales y urbanísticos en el área de su competencia. En ese carácter tuvo sin duda un papel destacado en la formulación de la opinión de esa comisión, que estableció cuáles eran las condiciones -desde el ángulo de sus competencias- para una posible aprobación del proyecto.
2. Es cierto que la tramitación de la solicitud de Carrefour fue larga y compleja y ello por varios motivos:
• por la magnitud del proyecto;
• porque proponía implantarse en un sitio donde las normas vigentes -a la fecha de la solicitud- no lo autorizaban;
• por la cantidad de técnicos intervinientes, contratados por el proponente por una parte, y de la plantilla de la imm por la otra, que debieron tomar parte en la preparación o la revisión de los estudios que es necesario realizar para lograr las aprobaciones requeridas; y
• por la existencia de competencias -con relativo grado de superposición- de las autoridades centrales y locales (Junta Local, Concejo Vecinal) y la Comisión Especial Permanente con responsabilidad en el área.
3. Contrariamente a lo que dice el artículo, la tramitación sí se concretó en una resolución expresa y negativa, extensamente fundamentada, en la que la imm no hizo lugar a la implantación propuesta. La resolución, firmada por el suscrito y notificada a los interesados, tiene fecha diciembre de 2000.
4. Se sostiene en el artículo que no hay explicación para las diferencias surgidas entre la imm y Carrefour y que terceros pueden haber movido sus piezas e influido en la tramitación. No corresponde hacer sobre el particular otro comentario que señalar que toda la tramitación de las solicitudes -(varias y complejas porque abarcaban, entre otros aspectos, reparcelamientos, nuevas alineaciones y trazados de calles, estudios ambientales, proyectos de sanitaria y desagües de pluviales, de disposición de residuos, estudios de tránsito, estudios de impacto urbano y territorial de la implantación propuesta), así como los pronunciamientos de las distintas áreas y servicios municipales y los de las autoridades locales, las comunicaciones y consultas al proponente y las respuestas y los estudios formulados por éste- está incluida en un muy voluminoso expediente que, como toda la documentación de la administración pública, es de acceso público y constituye una profusa y detallada "prueba documental" de lo que afirmo: que no es cierto que la tramitación nunca llegó a concretarse, y que existen explicaciones muy razonables y debidamente documentadas, que si se toman en cuenta permiten develar el "misterio de Carrefour".
* Director general de la Unidad Central de Planificación Municipal, Intendencia Municipal de Montevideo
BRECHA responde:
El 12 de noviembre de 1997 la Junta Local aprobó el proyecto de instalación del hipermercado Carrefour. El ingeniero Alberto Ortega sostiene que sí hubo una razón para menear el asunto durante tantos años pese a que el arquitecto Nelson Inda habló de un permiso en 24 horas. En la síntesis que publicó BRECHA sobre "el misterio Carrefour" se omite la resolución municipal a la que, con razón, refiere Ortega. No obstante, los episodios relatados en la nota ocurrieron en parte con posterioridad a esa resolución contraria. El pedido de "Mario Arón" fue realizado en el año 2001. Aun en ese momento, la multinacional creyó conveniente seguir negociando para invertir en Uruguay unos 50 millones de dólares. ¿Por qué gente tan ocupada habría de formular una oferta al dueño del terreno si no existían motivos para pensar que la resolución de la imm era reversible?
El 21 de mayo de 1998 Ortega, en ese entonces director general de acondicionamiento urbano, había aprobado la viabilidad urbanística del establecimiento comercial. La escritura no se pudo hacer en ese momento porque el vendedor estaba embargado. El 4 de diciembre de 2000, en efecto, la Unidad Central de Planificación (ucp) rechazó la instalación del hipermercado. Sin embargo, un mes después, en enero de 2001, Carrefour intentó renegociar la compra de los terrenos y esas conversaciones se prolongaron hasta fines de febrero de ese año.
Del contador Alfredo Asti*
Referente al artículo publicado en la edición del viernes 3, bajo el título "La meteórica carrera del caballo del comisario" y subtitulado "Por orden superior", donde se realizan comentarios inexactos vinculados a gestiones realizadas en el Departamento de Recursos Financieros, el suscrito director de este departamento puntualiza:
1. El vehículo padrón 458281 hoy matriculado con la identificación SAE 3952 perteneció como la nota lo indica a la Suprema Corte de Justicia hasta mediados de 2000. Es erróneo que la Suprema Corte o el Poder Judicial tenga exoneraciones parciales como se indica en la nota y que por lo tanto "debía" pagar determinado importe. La Suprema Corte de Justicia considera incluido dentro de la inmunidad impositiva que le atribuye (según ley 16.226) a los organismos públicos (fuera de la órbita comercial e industrial del Estado) al tributo de patente de rodados y por consiguiente no abona ese tributo. En cada circunstancia en que se emite la facturación correspondiente luego se da de baja por el mencionado concepto. En este caso el adquirente del vehículo probó la pertenencia anterior del mismo a ese poder del Estado y por consiguiente que no correspondía la imposición generada hasta el 30-vi-00. El importe de 5.744 pesos correspondiente al tributo de patente del semestre enero-junio 2000, además de las multas y recargos por mora por 1.392 pesos, fueron los montos que se dieron de baja de la cuenta corriente del mencionado vehículo. No se generó ninguna "cuenta paralela que nadie pagará", como se menciona en la nota, sino que se dio de baja una imposición a un vehículo propiedad de un poder del Estado en virtud de la aplicación de una ley nacional.
2. Después de realizadas estas correcciones se emitió una nueva factura en mayo de 2001 que incluyó la tercera cuota de 2000, primera y segunda del tributo patente de rodados (10.508 pesos), los trámites de transferencia e identificación del vehículo y nuevo titular (1.561 pesos) y el importe correspondiente a las nuevas matrículas alfanuméricas de 2001 (700). Esta factura que totalizó 12.769 pesos fue pagada con fecha 12-vi-01 dejando en "cero" la cuenta corriente. El recargo por mora correspondiente a este período (789 pesos) fue incluido como es norma en la siguiente factura correspondiente a la tercera cuota de 2001 (3.340 pesos) que fue abonada el 17-ix-01 por un total de 4.129 pesos. Esto demuestra que es absolutamente falso que se hayan entregado "las nuevas chapas sin haber pagado la deuda". La exigencia de la administración, de que para entregar las nuevas chapas 2001 se estuviera al día con el pago de la patente de rodados, fue celosamente cumplida, en éste, como en todos los casos.
3. Durante 2002 se emitieron las facturas correspondientes a las tres cuotas del tributo patente de rodados abonándose sólo la primera de las mismas el 7-ii-02 por un total de 3.238 pesos incluyendo multas y recargos por 428 pesos. Al 31-xii-02 esta cuenta corriente arroja una deuda de 10.098,76 pesos.
4. No corresponde a este departamento la generación ni quita de multas por infracciones de tránsito.
Por último queremos expresar que el suscrito concedió a mediados de diciembre de 2002 una entrevista al mismo periodista que redactó esta nota. El tema de la entrevista fue sobre el margen de maniobra de un eventual gobierno de izquierda y fue publicada en la edición del 20-xii-02 con el título "Un margen mental y económico", en la misma edición en que el mismo periodista comienza la serie "de por ahora tres artículos" sobre el tema de presuntas irregularidades en la imm y en el que aparecen "junto a la de otros muchos profesionales y militantes políticos" breves referencias del suscrito sobre el tema. En ningún momento de la entrevista se tocaron temas ajenos al motivo de la misma y en particular ningún tema referido a cuestiones internas de la imm. Resulta extraño entonces que el periodista no haya aprovechado esa oportunidad para hablar de la presunta denuncia vinculada al Departamento de Recursos Financieros a que hacemos referencia en esta nota o de cualquier otro tema interno de la imm.
¿Será, como dice el mismo periodista al cierre de su nota del 3 de enero, éste su "modus operandi"?
* Director general del Departamento de Recursos Financieros de la imm.
BRECHA responde:
El contador Alfredo Asti sostiene que BRECHA se equivocó cuando afirmó en su edición del 3 de enero que parte de la deuda que tenía el vehículo adquirido por el secretario privado del intendente, Mario Areán, fue puesta en una cuenta paralela que nadie pagará, haciendo una excepción.
Las fuentes de BRECHA aseguran, sin embargo, que la información que se ofreció a los lectores era básicamente correcta: usando sus influencias, Areán obtuvo lo que cualquier otro montevideano no lograría.
Lo que Areán pidió y no obtuvo de Asti -que es adherente a Asamblea Uruguay- fue evitarse el pago de la patente durante el período transcurrido desde que venció la exoneración a la Suprema Corte de Justicia y el momento en el cual él adquirió el auto, que ya había sido matriculado como vehículo particular y por lo tanto debía tributar. Después de haber sido un coche oficial, el lujoso Nissan Maxima fue reempadronado con la chapa de Montevideo 995-827 y recién después con la sas 3952. A partir del momento en que dejó de ser auto oficial y tuvo chapa común, debió haber pagado.
Asti actuó correctamente, como se desprende del artículo, pero en su carta intenta proteger a su subordinado, el contador Enrique Cabrera, un militante de la Vertiente Artiguista, el sector al que pertenece el intendente. Como se decía en el artículo, el beneficio fue relativamente pequeño: evitarse el pago del período que media entre el cese de la exoneración y la adquisición por el nuevo propietario.
El pedido era una excepción inadmisible y fue por eso que Areán tuvo que esperar varios meses y aprovechó un viaje de Asti a Lisboa para que su subrogante aceptara su solicitud.
Asti señala que BRECHA no lo consultó sobre este caso en diciembre. Es cierto, pero ello se debió simplemente a que la información relacionada con Areán y sus gestiones en el Departamento de Recursos Financieros llegó después de esa entrevista, realizada a mediados de diciembre. Aunque los dos artículos fueron publicados en la misma edición del 20 de diciembre -una sobre Mario Areán y otra sobre el margen de maniobra de la izquierda- habían sido escritas en fechas distintas.
Es claro, entonces, que Asti no tuvo responsabilidad alguna en la información publicada por BRECHA en relación con el Nissan Maxima de Areán.
BRECHA tiene en su poder copia de las facturas y conoce el nombre de los funcionarios que realizaron las cuestionadas operaciones por orden del contador Cabrera.
