Peru Debate

La Ley antiterrorista no nació de un Gobierno democrático en lucha por defender las libertades Democráticas de sus ciudadanos; ni como defensa de un Régimen demo-liberal ante el avance de las huestes fanáticas del senderismo. La Ley Antiterrorista fue creación de un Gobierno ilegitimo que tras un brutal Golpe de estado impuso una Constitución Fascistoide hoy avalada y respetada por los Congresistas Toledistas.
Tanto la Fuji-Constitucion del 93 con sus artículos elaborados para perpetuar el Estado de derecho del Fujimorato, así como la Ley Antiterrorista son hijos de la dictadura mas corrupta y retrograda de la historia peruana. Ambas fueron creadas como coronación al PLAN VERDE de la clases Burguesa intermediaria (CONFIEP) y los militares fascistas. La excusa de el combate a la subversión fue cortina de humo para aplastar a la oposición democrática, a los sindicatos obreros, campesinos y al movimiento estudiantil e intelectual progresista.
Cuando se refrendo la Ley antiterrorista todas las libertades civiles y democráticas se tiraron al trasto: La "libertad de pensamiento", la "libertad de expresión y asociación", la libertad de Prensa etc. etc. perdieron todo valor concreto real. Las cortes Civiles y militares se convirtieron en serviles ejecutores de los designios de su aun poderoso amo Vladimiro Montesinos y su títere Presidencial. En esa Ley encontraron la justificación para su actuar antidemocrático y despótico.
El Gobierno fujimorista convirtió en crimen y "traición a la Patria" el profesar ideas Mariateguistas o leer libros de influencia marxista. Los estudiantes y obreros fueron encarcelados mas por sus ideas revolucionarias y sus firme oposición al régimen mas que por actos materiales de sedición. Se cerraron Periódicos de la Oposición (El diario, Referéndum, etc.) y compraron los canales de televisión con periodistas y todo.
Desde esas tribunas justificaron las ilegalidades, desmanes y figuras jurídicas que permitió poner en las mentes de la opinión publica que todo luchador social era un "terrorista" y era correcto los juicios con jueces y denunciantes sin rostro, con acusados sin derecho a defensa, con el encarcelamiento y brutal persecución de los abogados democráticos y de los familiares, hijos y víctimas de la violencia militar.
El profesar ideas de Izquierda y tener la valentía de hacer publica la defensa de los derechos Humanos les ha costado a muchos inocentes luchadores políticos las cárceles y la condena de cadenas perpetuas que fue aplaudida por la derecha PPcista y los Socialdemócratas apristas también culpables de crímenes de lesa humanidad (Cayara-Fronton). La todopoderosa maquinaria legal y policiaca de la Ley Antiterrorista logro no solo aplastar a los sindicatos obreros y campesinos a la vez que militarizar la Universidades; sino que pronto arrecio, inclusive, con la oposición demoburguesa de los partidos y dueños de canales que al inicio del Fujimorato le habían prestado sus servicios (FIM-AP-IU, Baruch Ivcher-Delgado Parker).
Con la Ley antiterrorista el principio jurídico internacional del Habeas Corpus y la "presunción de inocencia y goce de libertad" hasta que las acusaciones no hayan sido comprobadas por un proceso Judicial publico e imparcial perdieron toda validez y se quedaron en la redacción de Leyes abatidas por el fuero militar y bendecidas por la Iglesia Católica ("Los derechos Humanos y libertades civiles son una cojudez" decía el teólogo del Fujimorato dn. Luis Cipriani).
La ley antiterrorista fue la pieza "legal" mas poderosa para mantener el despótico poder del régimen Nipón; fue ella junto a su Constitución fascistoide pro-patronal y su Estatuto jurídico la columna vertebral del PLAN VERDE de la Confiep.
Esto nunca hay que olvidarlo so pena de volver a crear "de nuevo" un monstruo jurídico que terminara comiéndose a la oposición no solo popular sino a la democratica-burguesa.
La necesidad de acabar con esta aberración jurídica ha sido desde hace mucho detectada por la CIDH y los colegios de abogados del Perú y el mundo. Pero solo el movimiento de un pueblo organizado,vigilante y en actividad podrá impedir que el nuevo gobierno neoliberal de Alejandro F. Toledo nos quiera maquillar e imponer ese engendro jurídico.
LA ABDICACION DE PODERES
El ex-Izquierdista, convertido en socialdemócrata-neoliberal, Henry Pease se ampara en un articulo de la Fuji-Constitucion para justificar la Abdicación de Poderes del Congreso ante el ejecutivo. El enredo jurídico creado al inicio del Gobierno de Perú Posible al formalmente ANULAR la firma del tirano japonés no solucionó el problema de fondo que era la necesidad de DEROGAR la Constitución del 93 y reivindicar la Constitución del 79 condicionándole dispositivos necesarios para su vigencia y posterior reforma. Los congresistas de ambas bancadas tienen que confusamente jugar con ambas constituciones toda vez que "ipso facto" la Fuji-Constitución esta aun vigente ;pero política y moralmente ya no tiene ninguna legitimidad ni goza de del reconocimiento del soberano: el pueblo.
Por un lado hablan de reformar la Constitución a partir de la del 79 pero en la practica se adecuan y remiten procesalmente a la Fuji-Constitucion que al haber ANULADO la firma de su ejecutor presidencial ha perdido validez y legitimidad. Esta confusión Constitucional es reflejo de la política peruana, tan ambivalente, timorata y demagógica. Es reflejo del individuo (el político criollo) tan inseguro, carente de doctrina partidaria y propenso a escalar oportunistamente al poder sin mantener una línea política principista sólida. Ese político en busca de un buen sueldo y privilegios que les seria imposible alcanzar en la practica profesional privada o independiente.
Los congresistas del Toledismo así como los seguidores neoliberales de Olivera y Flores Nano han decidido abdicar sus deberes (y trabajo) parlamentario en función de permitir al ejecutivo hacer el trabajo que les corresponde a ellos desde el Congreso de la república. Los socialdemócratas alanistas se han opuesto a la abdicación temerosos de que su líder, el inefable Alan García pueda verse perjudicado con un Ley que no solo categorice al Terrorismo Subversivo sino por sobretodo al Terrorismo de Estado y de sus aparatos Paramilitares que como los de los Comandos Rodrigo Franco y Colina aterrorizaron y asesinaron a los campesinos,obreros y Universitarios del país. Los Fujimoristas y su influyente red de fuji-empresarios (prensa-TV) pretenden inculcar en la opinión publica que el terrorismo esta "reviviendo" para invocar el retorno del prófugo japonés y sus políticas represivas. Así distraen al pueblo hasta que se olviden de los crímenes, robos y corrupción del cual hasta el momento no han sido enjuiciados, a pesar de que los Vladivideos los han mostrado con "las manos en la masa".
No será el Ejecutivo ni el servil Congreso ni mucho menos el corrupto Poder Fuji-Judicial los que den una solución a estos problemas jurídicos. Solo la presión de los ciudadanos y de sus instituciones Civiles y Democráticas ( Colegio de abogados, Sindicatos, Universidades y Frentes regionales) podrán hacer entender que la lucha contra el Terrorismo empieza por defender las libertades ciudadanas básicas: libertad de pensamiento, organización, huelga y expresión... La Constitución y las Leyes deben defender a la ciudadanía civilmente organizada contra el terrorismo y despotismo de Estado; defender a los trabajadores y campesinos contra las masacres de los grupos armados sean del ejercito, los paramilitares o los subversivos.
El manipulado temor a que salgan libres los jefes y cúpulas de Sendero Luminoso Y MRTA son "cortinas de humo" para impedir que miles de inocentes luchadores sociales y políticos de Izquierda tengan la oportunidad de Juicios públicos, transparentes y justos que pudieran demostrar la injusticia cometida por los Jueces Militares y sus Tribunales sin rostro que amparados de la Ley Antiterrorista les impidieron obtener una defensa legal profesional (abogados propios), permitió pruebas contaminadas; fraguadas y les negó todo recurso legal.
El "cuento" de la liberación de los presos senderistas es la estupidez mas grande que pretende denegar el derecho a miles de presos políticos su derecho a confrontar a sus acusadores muchos de ellos comprados por Vladimiro Montesinos y su red de corruptos que los torturaron y presionaron para que firmaran falsos testimonios. Es la cortina de humo que pretende esconder el hecho que de los miles de presos por terrorismos tan solo unos cuantos del grupo Colina están presos mientras cientos de asesinos militares y paramilitares aun deambulan libres en las calles del país.
Un hecho muy interesante son las estadísticas sobre la Guerra anti-subversiva. Mientras es evidente que los crímenes contra la población civil por parte de Sendero es el 50% de las víctimas y el otro porcentaje fue producido por el Ejercito Peruano y los grupos paramilitares (desde el gobierno del Alanismo hasta el Fujimorato). Sin embargo solo el 2% de los asesinos de parte del Terrorismo de Estado están en la cárcel con penas benignas y cortas. Mientras que el 98 % de los presos por Terrorismo provienen de los subversivos. Es decir que por lo menos el 48% de víctimas de la guerra sucia aun no reciben justicia y los culpables del Terrorismo de Estado aun se encuentran prófugos al igual que sus jefes políticos principales . El Uno refugiado en el Japón y el otro impunemente paseándose en las plazas publicas amparado de una incomprensible PRESCRIPCION dada por los Jueces de Vladimiro Montesinos, el hacedor de la Justicia peruana.
Ninguna Reforma Judicial; ninguna Ley podrá ser sólidamente refrendada mientras la CRISIS CONSTITUCIONAL no quede conjurada. En un marco de confusión y vacío Constitucional la Ley Antiterrorista nacerá raquítica y huérfana de contenido Jurídico. Por ello planteamos que se postergue todo intento de redacción de Ley similar hasta resolver el problema principal. El Congreso debe resumir sus atribuciones legislativas y propugnar una LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA que tipifique legisle y castigue al Terrorismo subversivo que delimite los actos materiales criminales consagrando el respeto a la Libertad de Pensamiento (aun las ideas que nos parezcan excesivas). Que se tipifique,legisle y castigue al Terrorismo de Estado ; ya sea de las Fuerzas Armadas, como policiales o los grupos paramilitares. Que responsabilice a los responsables políticos del Gobierno e instituciones por los actos de sus subordinados frente a las víctimas y ciudadanos. Que se pongan a los Derechos Humanos y libertades civiles como los pilares de la defensa del Estado de Derecho contra todo tipo de terrorismo, venga de donde venga.