por Jorge Lofredo

El Gobierno mexicano implementa acciones conjuntas del Ejército, PFP y Cisen en 19 estados para este fin de año • Levantamientos campesinos y brotes guerrilleros, los argumentos • Inexplicablemente, en Guerrero, donde apareció el ERPI y Nayarit, donde hay presencia de la PGR por la existencia de «grupos armados», no están calificados de «focos rojos» • En Oaxaca, Díaz Escárraga admite la presencia del EPR, a pesar de las «respuestas contundentes» del gobernador Murat • Focos rojos El gobierno mexicano ordenó un operativo conjunto entre el Ejército, la Policía Federal Preventiva y el Centro de Información y Seguridad Nacional para este fin de año, como prevención a las manifestaciones campesinas y a posibles rebrotes guerrilleros, en atención a «16 focos rojos» —registrados por estas mismas corporaciones de seguridad— en 19 entidades, y que consistirá en llevar a cabo tareas de vigilancia por parte de grupos de inteligencia infiltrados en puntos determinados a nivel gubernamental.
Los reportes periodísticos refieren a tareas de prevención y represión ante posibles amenazas a instalaciones estratégicas, inmuebles del Gobierno, bases petroleras y de luz, aeropuertos y puntos carreteros en Chiapas, Oaxaca, DF, Estado de México, Hidalgo y toda la zona norte del país a excepción de Coahuila (Milenio Diario, 26 de diciembre de 2002.) Dos de los argumentos fundamentales para esta acción coordinada de las fuerzas de seguridad son la liberación de aranceles a productos del campo, a partir de este 1 de enero, que afectará aún más la ya crítica situación de los campesinos mexicanos, en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC), y también por la reciente aparición del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) en Guerrero, que anunció la búsqueda de una acción coordinada junto a otros grupos guerrilleros.
• Sin operativos en Guerrero, Morelos y Nayarit Sin embargo, resulta llamativo que, aún cuando se centren los esfuerzos en la frontera norte, por la entrada de los productos vía Estados Unidos y donde los campesinos anunciaron movilizaciones y medidas de fuerza, pero no hay anuncios de refuerzos en los estados donde se presentó el ERPI, esto es Guerrero y Morelos. Mientras que en la sierra de Atoyac los erpistas ofrecieron una conferencia de prensa el último 2 de diciembre, tanto en Acapulco como en Cuernavaca el grupo armado distribuyó material en las zonas periféricas de la ciudad.
En Nayarit tampoco se informó de medidas extraordinarias. Hacia fines del mes de noviembre, el gobernador de esa entidad, Antonio Echevarría Domínguez, confirmó la presencia de efectivos de la Procuraduría General de la República (PGR) en razón de la ola de asesinatos y las denuncias sobre «gente armada» en la zona serrana del estado. Aún cuando la mayoría de los funcionarios y políticos no dudaron en afirmar que se trata de bandoleros o gavilleros, la hipótesis de la guerrilla cobró fuerza en las líneas de investigación. Hasta hoy se mantiene la presencia de la PGR pero los resultados de su intervención no se han dado a conocer públicamente, en cambio la información sobre la presunta existencia de grupos armados cobró trascendencia nacional.
Este hecho descubre otra cuestión: el gobierno enfrenta una ola de inconformidad nacional que reconoce su epicentro en el sector rural a partir de la entrada en vigor del TLC que asestará un duro golpe a la economía campesina. La liberación de los aranceles de importación ya no es cuestión de libre mercado sino que desnuda la dependencia mexicana a productos importados que terminan por imponerse a través de políticas implantadas en una asimetría de poder determinante en su relación de costo-beneficio. En este sentido, el Plan Puebla Panamá beneficia fundamentalmente a los productos de EU para su traslado a Centro y Sudamérica.
Pero la política gubernamental agrega la «amenaza» de los grupos guerrilleros para ensayar una variante por demás conocida: ante riesgo de violencia, encuentran los justificativos para la represión que ya no distingue entre campesinos e insurgentes. Esta excusa, recurrente, también contiene la descalificación de cualquier protesta y muestra de inconformidad, ya que subsume cualquier realidad social a las claves macroeconómicas de los acuerdos elaborados con EU y, por supuesto, íntimamente relacionada con su cruzada antiterrorista.
El gobierno mexicano tiene razones para el sobresalto: al momento de la entrada en vigencia del TLC, México se despertaba con la insurrección zapatista en Chiapas, el 1 de enero de 1994.
• Oaxaca en el ojo de la tormenta Heliodoro Díaz Escárraga, titular de la Secretaría de Protección Ciudadana del estado de Oaxaca, incurre en la misma estrategia.
El funcionario afirmó que «en Oaxaca aún hay células de grupos armados, entre ellos el Ejército Popular Revolucionario (EPR)», aunque «la respuesta del gobierno que encabeza José Murat ha sido contundente al responder con hechos los rezagos que se tienen en las diversas zonas de nuestra entidad.» También reconoció que «en cuatro años (...) no se ha dado ninguna manifestación armada.» Y concluye: «hasta ahora la gente no se ha inclinado por esa expresión violenta, cuando han encontrado respuesta a sus reclamos.» En sus afirmaciones confluyen distintos aspectos que refieren a la táctica política y el discurso efectista, más que la comprensión de la causalidad social de la guerrilla. Cuando afirma la decisión del combate a la pobreza para erradicar las manifestaciones armadas, en realidad debe entenderse un doble juego. Por una parte, erróneamente concibe a las expresiones insurgentes como el producto único de la pobreza y miseria; sin embargo, no puede negarse que la guerrilla expresa, primordialmente, una realidad política, esencialmente autoritaria, que encuentra su expresión cotidiana en los cacicazgos locales. En este sentido, Oaxaca viene soportando conatos de violencia por conflictos que no siempre emergen por la intervención de grupos guerrilleros, pero que si reconocen su origen en hechos políticos que, sumado a una situación de marginación social, desembocan en enfrentamientos violentos.
Por otra parte, la táctica del asistencialismo, vía programas estatales solidarios, no resuelven el problema de fondo sino apenas resultan paliativos que no disipa las incertidumbres de pueblos enteros abandonados a su suerte. Pero resulta efectivo a la hora de provocar una división entre los insurgentes y las comunidades. En efecto, forma parte de «quitarle el agua al pez», toda vez que resulta imposible aniquilar militarmente a los armados, al mismo tiempo que se incurre en la apreciación de desconocer el arraigo de los guerrilleros en la población; y, por extensión, no comprender las razones por las cuales la vía armada cuenta con apoyo popular.
Más aún, los programas estatales de ayuda a las comunidades han redundado en el fracaso, pues no han paliado las circunstancias que le dan contexto a las expresiones violentas. En el caso oaxaqueño, la masacre de Agua Fría no reconoce como resorte una situación de pobreza determinada, que se repite a lo largo del estado, sino que entre muchas de sus causas e intereses que generaron el desenlace tiene que ver con los intereses políticos y económicos de la región.
El caso Loxicha es otro de ellos que, bajo el pretexto de ser territorio con presencia del EPR, se cometieron delitos atroces donde no todos los responsables fueron alcanzados por la Justicia y pagaron por ello.
• No hay respuesta oficial A la inversa y como otro recurso usado por las autoridades, se intenta ligar, como es el caso, la protesta campesina con las expresiones armadas, y borrar el límite entre la inconformidad que se manifiesta por cauces legales con la que optó la senda de la clandestinidad. Así, se produce la deslegitimación de la inconformidad y se transforma en violenta, y los campesinos —siempre según la percepción oficial— se vuelven bandoleros y gavilleros. A partir de ello, el Estado entiende la inconformidad en clave delincuencial y apela a los resortes judiciales, que muchas veces mostró los vicios de la arbitrariedad y hasta la violación a los Derechos Humanos más básicos y elementales.
Frente a todo ello quedan elementos sin respuesta. Es cierto que ni el gobierno federal ni sus pares estatales pueden atribuirse un triunfo sobre los grupos guerrilleros, fenómeno que no ha desaparecido de la política mexicana y que da sustento, precisamente, a una parte de este operativo. La atención que se vuelve sobre los grupos guerrilleros depende de las condiciones políticas y las necesidades coyunturales del México actual.
Pero esencialmente, el declive del accionar armado insurgente se debe a cuestiones internas de los grupos guerrilleros más que acciones eficaces emanadas desde los gobiernos y los programas de solidaridad. En este aspecto, si la guerrilla no es hoy un fenómeno prioritario, no se alcanza para explicar el despliegue de fuerzas de seguridad.