Latinoamérica

Ricardo Martínez Martínez
Rebelión

La coartada de los tiempos actuales
Con la implementación del Área de Libre Comercio de las Americas (ALCA), Estados Unidos busca consolidar su hegemonía mundial. Este objetivo requiere -dadas las condiciones actuales de rivalidad mundial entre Estados o bloques poderosos- controlar el suministro regional del petróleo, mantener atados a su economía los mercados de consumo industrial, tecnológico y doméstico latinoamericanos; apropiarse de las reservas naturales y "pulmones" biológicos de la zona; y, principalmente, mantener cautivo el "capital humano", potencialmente en uso para sus megaproyectos de industria ensambladora y maquiladora. Para ello, Washington acelera acuerdos regionales de libre comercio (Chile y el Salvador) y de seguridad (Colombia y Ecuador) tras haber dado pasos agigantados en la misma dirección con el acuerdo trinacional de América del norte, el cual entró en vigor el primero de enero de 1994 y en su capítulo agropecuario el primer día del año 2003.
Con la firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México (TLCAN) tres son los objetivos prioritarios de Washington: 1) fortalecer los mecanismos de dependencia-subordinación económica, prioritariamente de México 2) consolidar el plano político estratégico del norte americano y 3) asegurar la integración de los ejércitos a la órbita del pentágono.
De esta forma quedaron sentadas las bases y el polo de atracción de los países latinoamericanos a Estados Unidos. El TLCAN, entonces, fue la medida más importante del relanzamiento de la política expansionista, del garrote y la zanahoria, de la Unión Americana para los países latinos del continente.
Ya en 1993 James Jones, ex embajador en nuestro país, develó el sentido del tratado. "El TLCAN es mucho más que eso (un acuerdo comercial): creo que es la más importante medida geopolítica de estos momentos... En justicia, nuestra decisión sobre el TLCAN representa una extraordinaria estrategia para Estados Unidos", (Tomado de Seguridad Nacional Mexicana en la Posguerra Fría, John Saxe Fernández).
Con la declaración del ex diplomático quedaron de manifiesto las intenciones de todo un proyecto de dominación continental y, así, una nueva zona de exclusividad geopolítica hemisférica.
Panamericanismo y Seguridad Nacional
Ante el escenario de la globalización económica, la Unión Americana se plantea mantener su "liderazgo" y frenar el protagonismo de otros países que disputan espacios físico-económicos y cultural-simbólicos del orbe. Así, resulta indispensable la profundización de las medidas de control sobre los países de América, prioritariamente hacia aquellos que se encuentran abajo del Río Bravo, con el fin de mantener el "espacio natural de influencia" de EU.
En 1991 los especialistas George Friedman y Meredith Lebard apuntaron en la publicación The Coming War With Japan (La Guerra que viene con Japón) algunos elementos articuladores de las necesidades geopolíticas estadunidenses. A saber, que el ejército de EU debe dominar completamente a América del norte; que ninguna otra potencia o grupo de potencias deben existir en el hemisferio con capacidades para poner en cuestión la hegemonía de EU; que ninguna nación de Euroasia debe restar dominio estadunidense sobre los océanos.
La idea de defender el "espacio vital" del país de Jefferson y Monroe, justifica la intromisión de sus órganos de seguridad en tareas dentro de los países de Latinoamérica. La CIA y el Pentágono han influido, desde hace tiempo, en las actividades militares. Actualmente presenciamos la formación de cuerpos de elite, asesoramiento antinarcóticos y de contrainsurgencia en Colombia, Argentina y México.
La etapa histórica que hoy vivimos está marcada constantemente por la lucha de espacios geográfico-económicos, y por la dominación financiera, política, psicológica, científica y militar. De allí que la orientación de las nuevas políticas exteriores de EU estén dirigidas a completar un "bloque americano" que permita conquistar la hegemonía global, so pretexto de la existencia de enemigos "terroristas" o "cánceres sociales".
En el ámbito de los ejércitos, los Estados Unidos buscan reeditar la tesis monroísta y de la Seguridad Nacional panamericana. Si bien ya no existe la "amenaza roja" de los países llamados socialistas, con lo cual se marcan diferencias políticas, conceptuales y pragmáticas en la ejecución diplomática, coercitiva o encubierta de la guerra contra "el enemigo", la actual situación acuña elementos de violencia institucional y clandestina formulados desde las escuelas estadunidenses de adoctrinamiento militar con el objetivo de acabar con el "enemigo interno" y sus aliados (indirectos) que desafían su supremacía.
Si antaño los postulados estratégicos de la Seguridad Nacional se aplicaron en un contexto político económico mundial específico, hoy renacen adecuados a la situación del momento, incluso, representan la secuencia lógica de la dominación. Durante la década de los 70 y 80 en los países latinoamericanos la doctrina se erige sobre la base de la guerra total y permanente, atemporal y supraclasista con el fin, por un lado, de mantener la "disciplina social" y política férrea de la Unidad Nacional, y por otro, como dijo en 1994 José Luis Piñeyro en Geopolítica y Seguridad Nacional en América Latina, la existencia de una elite dirigente, conductora del proyecto nacional. "El Estado... lo es todo y representa los intereses de toda la población, de toda la nación. Las manifestaciones patológicas, enfermizas que surjan en el cuerpo social nacional, hay que extirparlas de inmediato, operarlas por ser un cáncer social."
Sigue manteniéndose, en esencia, esta base ideológica pero el enemigo a derrotar o neutralizar ya no es el comunismo nacional e internacional sino el adversario que contagia el cuerpo social en un escenario económico en crisis : los actores populares reivindicativos o revolucionarios como el EZLN en México, el ELN y las FARC en Colombia, los piqueteros en Argentina, etc. También contra el llamado "desarrollismo" de gobiernos constitucionales como el de la revolución bolivariana de Hugo Chávez en Venezuela.
La estrategia del panamericanismo o integración de las medidas de seguridad en el continente, se dibuja con regla y compás en el Pentágono y en sus escuelas de formación militar. "Los gobiernos de Bush padre y Clinton han promovido a través del Pentágono un panamericanismo militar, logrando incorporar a la Junta de Interamericana de Defensa (JID) como organismo asesor de la Organización de Estados Americanos (OEA). En este contexto Estados Unidos incrementó de manera notable su presencia militar en América Latina en los últimos años, en función de un plan diseñado en Washington por la Escuela de Guerra, en noviembre de 1991", apunta Carlos Fazio en El Tercer Vínculo, de la Teoría del Caos a la Teoría de la Militarización.
En los tiempos actuales, Bush junior profundiza la política de sus antecesores y con el pretexto de la guerra contra el terrorismo, aplica políticas unilaterales de seguridad global que necesariamente pasan por los países latinoamericanos.
Tras los sucesos del 11 de septiembre del 2001 aumentaron los efectivos militares estadunidenses en las bases asentadas en las Antillas Holandesas, en Comalapsa en el Salvador y en Manta en el Ecuador. El resultado: permitir a los militares de EU controlar la región andina y coordinar la guerra por parte del gobierno colombiano contra las guerrillas de las FARC y el ELN.
El gobierno de George Bush amenazó, bajo el pretexto de hallar una zona de refugio de terroristas islámicos en el Cono Sur, con montar nuevos conclaves guerreros en la zona llamada "la triple frontera", región entre los países Argentina, Brasil y Uruguay.
La Guerra de Baja Intensidad y los lords del terror en el sureste mexicano.
Las directriz básica de la "nueva guerra total" librada contra el "cáncer social" es apalancada desde la década de los 80, cuando se aplicaron las acciones encubiertas de los escuadrones de la muerte paramilitares contra la insurgencia civil y armada en Centroamérica. La tipología, rescatada de los manuales de la Escuela de las Americas que se fundó en 1946, es la Guerra de Baja Intensidad (GBI). Esta directriz combina labores de inteligencia, acción cívica, guerra psicológica, control de poblaciones y acciones armadas de grupos ilegales vinculados con el poder gubernamental.
La actual presencia y accionar de los grupos paramilitares en el estado de Chiapas se enmarca en esta cuadro que corresponde a una estrategia geopolítica. El fin es mantener el control social por medios logísticos militares y la combinación de actividades de superficie de las fuerzas regulares armadas con acciones encubiertas por fuerzas irregulares clandestinas.
"En una de las fases de la guerra de contrainsurgencia, cuando se intenta evitar el desprestigio de los militares o cuando estos son incapaces de anilquilar a los movimientos armados, los gobiernos destinan sus recursos a la formación de una cuarta fuerza armada irregular... que puede ejercer la violencia estatal sin las limitaciones que la ley impone", señaló en un artículo de la revista Memoria el ex integrante de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), Gilberto López y Rivas.
El también ex diputado federal apuntó: "el paramilitarismo no se define sólo por la similitud de misiones u organización, sino porque se origina en una delegación de la fuerza punitiva del Estado... En México, esta delegación de funciones ha provenido directamente del Ejército..."
En los manuales de contrainsurgencia norteamericanas se conceptualiza así el paramilitarismo: "La fuerza paramilitar está organizada para proporcionar autodefensa... operan en sus lugares de origen. Pueden ser de tiempo completo o tiempo parcial, dependiendo de la situación. Combinan capacidades de infantería básica con técnicas policiales. Ayudan a las fuerzas del orden, incluyendo la búsqueda de infraestructura de los insurgentes. También proporcionan defensa local contra las fuerzas de combate de los insurgentes. Junto con la policía separan a los insurgentes del pueblo con el fin de evitar que aquellos puedan movilizar fuerzas y recursos. Las fuerzas armadas regulares son el escudo detrás de lo cual discurre el desarrollo político, social y económico. Su función primaria es proteger a las fuerzas gubernamentales, policiacas y paramilitares ante las fuerzas de combate de los insurgentes." (Field Manual 100-20 "Stability and Support Operations", Chapter 6. Foreign Internal Conflicts" United States Army Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas, 1997.) (Darrin Wodd, Masiosare, La Jornada, 11 de enero de 1998)
Por su parte, organismos de derechos humanos en nuestro país señalan que el paramilitarismo tiene como base la ilegalidad y la generación del terror. "Para este Centro de derechos humanos (Fray Bartolomé de las Casas) hemos definido a los grupos paramilitares como organizaciones ilegales de personas que utilizan la violencia y el terror para debilitar la oposición armada y civil y lo hacen apoyadas por agentes del Estado a través de apoyos económicos, militares, entrenamiento, protección e impunidad." En el estado de Chiapas los grupos paramilitares están operando en las regiones donde hay presencia del EZLN, denuncia la organización civil, y acota: "estos grupos tienen una lógica de contrainsurgencia. Una de las formas de la contrainsurgencia que se aplican tanto en Chiapas, como en América Latina, es la GBI, estrategia creada en los EU y que tiene como objetivo cuatro cosas: aislar, desgastar, dividir y desorganizar a los movimientos sociales a través del miedo, la tensión, la confusión y la confrontación de las familias y las comunidades".
En el informe sobre las fuerzas armadas que rindió un grupo de diputados federales en 1999, se indica que la doctrina norteamericana en que se basa la existencia de grupos ilegales paramilitares, fue adoptada en México. En uno de los dos tomos del Manual de Guerra Irregular (MGI), editados por la Secretaría de la Defensa Nacional, se especifican las Operaciones de Contraguerrilla y Restauración del Orden, donde quedan al descubierto la existencia de grupos paramilitares que apoyan activamente al gobierno estatal y federal en la GBI.
Las premisas de la guerra irregular -se dice en el informe de los diputados- toman al personal civil militarizado como su medio fundamental: está dirigido, entrenado y coordinado por el comandante militar del área; apoya las retaguardias; sirve de informante mediante recompensas u organizaciones secretas de información; sirve de guía de tropas camuflado o uniformado como militar.
Según el MGI, la población civil puede servir en la guerra. "El comandante (militar) del teatro de operación deberá emplear a la población civil para localizar, hostigar y destruir a las fuerzas enemigas. El control de la población civil dosifica la labor social, el razonamiento táctico de medicinas y víveres, el aislamiento de bases ocultas de apoyo, organiza comités, prohíbe reuniones, efectúa cateos crónicos, así como restringe movimientos con verificación de identificación y, eventualmente, toques de queda."
Durante la gestión de tres años del general Mario Renán Castillo al frente de la Séptima Región Militar, quedó de manifiesto la aplicación de la doctrina contrainsurgente. En el periodo de mando del militar, se fortalecieron por lo menos seis grupos paramilitares en la zona norte y Los Altos de Chiapas, entre ellos Máscara Roja, grupo paramilitar que perpetró la matanza de 45 indígenas el 22 de diciembre de 1997 en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó.
Mario Renán Castillo fue coordinador general de inspección y Controlaría del Ejército y la Fuerza Aérea; egresó del Centro de Entrenamiento de Guerra Psicológica, Operaciones Especiales y Fuerzas Especiales de Fort Bragg, Carolina del Norte, donde se imparten cursos de contrainsurgencia y GBI. Renán Castillo fue el estratega de la ofensiva contra el EZLN en febrero de 1995. (Masiosare, La Jornada)
"Otro indicio de la presunta complicidad entre militares y paramilitares es la presencia de elementos castrenses al mando de corporaciones policiacas en Chiapas, como lo fue el caso del general brigadier Julio Cesar Santiago Díaz, quien en la fecha de la masacre de Acteal ostentaba el cargo de director de la Policía Auxiliar y jefe de asesores de la coordinación de Seguridad Pública del estado y a quién se le abrió una averiguación previa como presunto responsable de los delitos de homicidio y lesiones por omisión", señala el informe de los diputados.
Los grupos paramilitares son una fuerza contrainsurgente activa en Chiapas. Mientras que el Ejército despliega su fuerza de contención pasiva, los paramilitares se dedican a hostigar con acciones armadas a las bases de apoyo zapatista, líderes agrarios, obispos y sacerdotes de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. Este escenario supone la aplicación de una táctica militar de contraguerrilla conocida como de "Yunque y Martillo", la cual consiste en que el ejército e instituciones policiacas adoptan funciones de fuerzas de contención (yunque) y permite realizar la función de golpeteo de los grupos paramilitares (martillo) contra el EZLN y sus simpatizantes.
Representantes del Comité de derechos humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada denunciaron en agosto del 2001 durante el ciclo de conferencias La Militarización, el Conflicto Armado y su Entrampa, que en la comunidad Monte Líbano se asentó un campamento militar con el fin de contener la influencia del EZLN.
"Tenemos reportes sobre grupos de soldados, 30-50, que están con short, con camisetas sport que salen a correr en formación con sus armas cerca de las casas de las familias de base de apoyo zapatista. Allí paran y empiezan a hacer ejercicios, dicen consignas de que van a matar a los zapatistas, de que van a beber su sangre, y que no va a quedar rastro de ellos en Chiapas."
Estas medidas contrainsurgentes descritas fueron aplicadas en Guatemala, El Salvador y Nicaragua con el resultado de un verdadero desastre humanitario: miles de desplazados de guerra, genocidio, hambrunas, aniquilamiento selectivo, persecución y muerte.