Alberto Nájar
Masiosare

Casi un año y medio después de los atentados explosivos en tres sucursales de Banamex, los acusados recibieron una sentencia de 13 años de prisión tras un juicio basado en investigaciones contradictorias y evidencias circunstanciales. Es una muestra del modelo de justicia en la administración Fox: sancionar a los responsables de cometer delitos es lo de menos. Lo que importa es la razón de Estado. .

Fue como si no hubiera existido juicio. La sentencia que se dictó a los hermanos Héctor, Antonio y Alejandro Cerezo Contreras, así como a Pablo Alvarado Flores por la explosión de petardos en sucursales de Banamex el 8 de agosto de 2001, se basa en los mismos argumentos con que fueron encarcelados, como si desde ese momento se hubiera fijado su destino..
De nada sirvieron las contradicciones en que incurrieron los agentes de la Policía Judicial Federal (PJF) que los capturaron -y cuya investigación constituye, en los hechos, el argumento principal para su encarcelamiento-, la falsificación de firmas en las actas presentadas por la Procuraduría General de la República (PGR), ni mucho menos el hecho de que ningún testigo pudo ubicar a los detenidos en el sitio de los ataques..
Para el juez tercero de distrito, José Luis Gómez Martínez, fue suficiente que el 8 de agosto de 2001 estallaran tres petardos en las sucursales bancarias, y que en el domicilio de los procesados los agentes de la PJF afirmaran haber encontrado "artificios explosivos" junto con documentos y propaganda del Ejército Popular Revolucionario (EPR)..
Tales elementos "son idóneos para establecer con base en la prueba circunstancial, vinculación con actos guerrilleros o de atentados con explosivos", afirmó en su sentencia, sin tomar en cuenta un detalle: que los ataques fueron reivindicados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), y no por el EPR..
"Al colocarse los explosivos", señala la foja 225 del documento, "se pintaron las siglas FARP, grupo guerrillero al que sin duda alguna estaban vinculados los acusados, al menos con su ideología". Es claro: para el juez, FARP y EPR son, básicamente, lo mismo..
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El elemento central para iniciar juicio contra los hermanos Cerezo Contreras, Pablo Alvarado y Sergio Galicia Max (quien fue liberado en marzo pasado) fue el parte informativo que rindieron los agentes de la PJF, José Antonio Bonilla López, Víctor Gustavo Aguilar Romero, César Francisco Ramírez Torres, Ricardo Ernesto Soto Loaiza y Mauricio Gerardo González..
En ese documento los policías dieron cuenta de una extraordinaria jornada de investigación durante la cual tuvieron la fortuna de encontrar testigos anónimos que identificaron los automóviles que se usaron en los atentados, ubicaron el domicilio de los responsables y hasta pudieron vincularles con ataques guerrilleros efectuados meses antes en Morelos (Masiosare 193, 2 de septiembre de 2001)..
Durante el juicio, sin embargo, los agentes incurrieron en contradicciones. En su comparecencia del 10 de diciembre de 2001, el agente Bonilla López señala que, tras investigar en una de las sucursales afectadas -la ubicada en la colonia Bondojito- recibieron por radio la orden de trasladarse a calzada de Tlalpan esquina con José T. Cuéllar, donde había ocurrido otro ataque. Sin embargo, en una diligencia posterior, el policía Ramírez Torres afirmó que no existió tal comunicación, pues anteriormente los agentes se dividieron las sucursales a visitar..
Hay más. En esa misma comparecencia, Bonilla López afirma que, para seguir los autos involucrados y vigilar los domicilios de los detenidos, los policías utilizaron dos vehículos Cavalier -uno blanco y otro azul-, con el primero de los cuales, declaró, se siguió a un Tsuru placas 590 KJY del municipio de Los Reyes a la calle Peña y Peña, en el centro del Distrito Federal..
Empero, de acuerdo con el policía, ese mismo Cavalier blanco se utilizó para vigilar, a esa misma hora, a un Sentra verde que salió de la colonia Ejido Acoxpan hacia el Pedregal de la Zorra. Cuando el abogado de Galicia Max pidió aclarase cómo fue posible realizar, con el mismo auto, dos recorridos a la vez, la secretaria del juzgado que atendió la diligencia porque el juez estaba de vacaciones, desechó la pregunta "por improcedente"..
No es todo. En el parte informativo que rindieron al momento de la captura, los agentes señalan que, al consultar la base de datos de la PGR, encontraron una tarjeta informativa donde se vinculaba al Sentra con el ataque a un retén en la carretera Iguala-Teloloapan el 31 de mayo de ese año. Esa vez, el auto fue identificado por una cuadrilla de ocho trabajadores que reparaban baches en la carretera..
Siete meses después, el agente Ramírez Torres declaró que al día siguiente de los atentados viajó a Guerrero con sus compañeros para confirmar los datos de la PGR. Dijo haberse encontrado con la misma cuadrilla -que en esta ocasión también reparaba baches-, la cual repitió exactamente la misma versión asentada en la tarjeta. Gracias a esta coincidencia, los judiciales capturaron a los ahora sentenciados..
A pesar de las contradicciones, el juez Gómez Martínez no desestimó la declaración de los policías, y por el contrario, les concedió el valor de prueba fundamental. Una muestra es el argumento que en la foja 223 utiliza para rechazar que las armas, los artificios explosivos, la propaganda y el dinero encontrado en el domicilio de los Cerezo Contreras fue sembrado, como afirmaron los inculpados..
"La negación de que tuvieran en su casa todo lo que se asentó en el cateo resulta inverosímil, pues obran fotografías, dictámenes y otras diligencias en relación a esos objetos que por su cantidad se estima difícil que hayan sido introducidos por los policías para el sólo efecto de incriminarlos", dice el documento..
Paradójicamente, en su comparecencia del 11 de marzo de 2002, Ricardo Soto Loaiza reconoce que el cateo se demoró porque los agentes se llevaron todo lo que encontraron en la casa de los Cerezo. Es decir, de acuerdo con el juez los policías no pudieron haber cargado con tantos artificios, al menos no para acusar a los detenidos. Pero sí tuvieron fuerzas para decomisarlos..
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El juicio contra los hermanos Cerezo Contreras y Pablo Alvarado estuvo lleno de incidentes. Su primera abogada, Digna Ochoa, murió semanas después de tomar el caso. Luego cambió el juez que llevaba la causa. Y para colmo, durante el proceso, Antonio Cerezo fue acusado de ejecutar al eperrista Fortunato Avelino Huizache..
La acusación la hizo el padre de la víctima, Eudosio Avelino Elasio, quien afirmó que el mayor de los hermanos Cerezo dirigía un campamento guerrillero en 1992, cuando Antonio tenía 15 años..
El presunto homicidio no se ventiló en el juicio, pero sirvió para reforzar la sentencia. "Es bastante para establecer que al menos desde el día 8 de agosto del año 2001 acordaron organizarse para cometer actos de terrorismo -dice el juez-, concretamente en las sucursales bancarias de la institución crediticia denominada Banamex".