Latinoamérica

Los desplazados de guerra, un problema irresuelto por las autoridades gubernamentales: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
México: Crece la presencia militar en Montes Azules, Chiapas

Ricardo Martínez Martínez
Rebelión

"Mientras crece la presencia militar y policiaca en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, Chiapas, los gobiernos estatal y federal alientan confrontaciones entre grupos indígenas", denunció en entrevista Patricia Gómez, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
La responsable de prensa de esa organización civil aseguró que el problema actual más preocupante es la situación de los desplazados de guerra que optaron por internarse en la región de alta riqueza biológica para poder vivir en paz ante a la beligerancia de los grupos paramilitares y el acoso de los cuerpos de seguridad pública. Denunció que las autoridades gubernamentales buscan "limpiar" la zona para apoyar los proyectos de empresas nacionales y extranjeras sobre bioprospección y ecoturismo.
Luego de la decisión del gobierno federal de realizar desalojos de comunidades indígenas en la zona ecológica, la organización de los derechos humanos con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, recopiló recientemente una serie de testimonios de los pobladores de la región.
En el informe, dado a conocer el pasado viernes, se indica que funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) desalojaron el pasado primero de diciembre, por medio de amenazas intimidatorias, a cuatro familias de la comunidad Arroyo San Pablo, llamada Lucio Cabañas por sus habitantes. Un total de 4 mujeres, 16 niños y 6 hombres fueron trasladados a la localidad de Comitán, donde permanecen en un albergue sin garantías mínimas de subsistencia.
Los testimonios recogidos dejan al descubierto la intención de las autoridades de minimizar el problema de Montes Azules y reducirlo a un conflicto interétnico, aseguró Patricia Gómez. "Es un problema que alerta a la opinión pública ya que los gobiernos estatal y federal quieren que los grupos indígenas se confronten entre sí".
Uno de los testimonios de las personas desalojadas que cita el informe dice: " Ya que estabamos aquí, nos trajeron nuestras ollas y otras pertenencias que dejamos en Lucio Cabañas, pero las trajeron todas rotas, ya no sirven y los policías nos dijeron: 'los lacandones entraron y destruyeron con machetes todos los utensilios'... Aquí estamos pobres, jodidos, desplazados".
Otro testimonio de las víctimas. "Por qué los lacandones tienen más derechos que nosotros, si también somos indios mexicanos y chiapanecos y no tenemos tierras; en cambio los lacandones tiene mucha tierra ¿Ellos tienen más derechos que nosotros? ¿Ellos valen más que nosotros?... A ver si él cumple su acuerdo (el gobierno), ya que no ha defendido ni cumplido los Acuerdos de San Andrés, sólo defiende a los indios cuando le conviene y los compra".
La zona donde se ubica San Pablo Arroyo es propiedad por decretó presidencial de la étnia lacandona. El gobierno otorgó hace tres décadas 14 mil hectáreas a 400 familias lacandonas. 231 mil hectáreas fueron declaradas parte de Reserva de Montes Azules, lugar donde se asientan las comunidades Nuevo Pichucalco, Nuevo Limar, Nuevo San Rafael, entre otras.
Las familias de Arroyo San Pablo han sido desplazadas de varias regiones desde 1992. Este grupo de indígenas choles es originario de Tontiepá, municipio de Tila al norte de Chiapas. Por falta de tierras buscaron asentarse en Marqués de Comillas y fundaron la comunidad de Río Salinas. El dos de noviembre del año 2000 fueron expulsados violentamente por el Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI) vinculado con el ex gobernador Roberto Albores Guillén, y se trasladaron a la comunidad de Agua Dulce. El 29 de octubre del presente año se internaron en la reserva de Montes Azules y desde entonces son objeto de hostigamiento militar y policiaco. Hoy podrían parar a la cárcel acusados de despojo.
"El problema central de este caso es el desplazamiento forzado de personas, las cuales son víctimas de guerra sin reparación de daño por parte de las autoridades", subrayó Patricia Gómez. En consecuencia -dijo- fueron obligados a ocupar las tierras y ahora el gobierno los señala como delincuentes y no como lo que realmente son:
víctimas de un conflicto armado irresuelto.
Los movimientos de unidades militares y policiales en la zona se incrementaron en los últimos días, dijo la representante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. "Nos han reportado que hay seguridad pública cerca de las comunidades y el Ejército está realizando patrullajes. La zona está militarizada y los argumentos son variados, desde los patrullajes se hacen por la aplicación de la Ley de Armas de Fuego, hasta la confirmación efectivamente de la existencia de 'invasores' en la zona. Es notoria la presencia del Ejército, de la policía sectorial y de la agencias estatal y federal de investigaciones." Patricia Gómez acotó que los movimientos militares son más notorios cerca de las comunidades con influencia zapatista. "Las denuncias que se reciben apuntan verdaderamente hacia una situación delicada y difícil en la zona, porque la población está sometida a vivir la militarización y eso es una forma de violencia continua."
En este contexto, la organización civil de los derechos humanos denunció que el gobierno federal se comprometió a continuar los proyectos de sus antecesores en el sentido de posibilitar la implementación de proyectos de bioprospección o biopiratería, reubicación de las comunidades de Montes Azules y limitación de los derechos agrarios, tal y como señaló recientemente Ignacio Campillo, procurador federal de protección al ambiente: "si no se pone orden a esas zonas de amplia riqueza natural, no entrará la iniciativa privada a invertir en ellas".
El verdadero interés de los funcionarios estatales y federales radica en los recursos naturales privilegiando la lógica de inversión económica en detrimento de la población indígena, acusó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.