Latinoamérica

Ricardo Martínez Martínez
Rebelión

La existencia de los grupos paramilitares en Chiapas y la impericia de las autoridades gubernamentales para aplicarles la ley, ponen en riesgo la paz : Fray Bartolomé de las Casas, Miguel Agustín Pro Juárez y Acción de los Cristianos por la Abolición de la Tortura.
Organismos civiles de derechos humanos alertaron sobre la posibilidad de acciones paramilitares en la reserva de la biosfera de Montes Azules ante la creciente tensión de los últimos días.
Esta situación se da a consecuencia de la decisión del gobierno federal de desalojar a las comunidades indígenas asentadas en la zona, dijeron representantes de los centros de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas y Miguel Agustín Pro Juárez, así como de la organización Acción de los Cristianos por la Abolición de la Tortura (ACAT).
En entrevista por separado, los defensores de los preceptos humanos coincidieron en que la existencia de los grupos paramilitares en Chiapas y la impericia de las autoridades gubernamentales para aplicarles la ley, pone en riesgo la paz en el estado de Chiapas.
En la zona de Montes Azules, Fernando Valadez, representante de la sección ACAT-México, aseguró que desde el levantamiento zapatista en 1994, "la reserva biológica ha sido un objetivo militar y el gobierno ha tratado por todos los medios de tener allí un desalojo. Las operaciones que se realizan por parte de paramilitares en ese lugar son con el fin de crear caos, tratar de infiltrar a las comunidades zapatistas, y apoyar a las fuerzas armadas regulares". Acotó: "otro de los objetivos es la cooptación política de civiles".
Por su parte, Edgar Cortez, representante del Centro Pro, dijo que la decisión de desalojo por parte de la administración de Vicente Fox, es un elemento de alto riesgo que posibilita la acción de grupos paramilitares. "Yo creo que cualquier acción y particularmente los desalojos por la fuerza en Montes Azules pueden desencadenar diversos actos de violencia y, por supuesto, representa un caldo de cultivo de posibles actuaciones de los grupos paramilitares".
En tanto, Patricia Gómez, integrante del Centro Fray Bartolomé de las Casas, advirtió que el riesgo de acciones paramilitares en Montes Azules es latente. " Nos parece que sí hay condiciones para elevar los enconos y desencadenar acciones de paramilitares a consecuencia de un proceso de diálogo truncado, la no aceptación de las demandas indígenas y la decisión de desalojar."
Paramilitares en Montes Azules
En la reserva biológica operan grupos ilegales patrocinadas por autoridades gubernamentales desde 1995, dijo la represente civil, quien tiene documentado la existencia de paramilitares en los municipios de Las Margaritas y Ocosingo.
Con base en la información recaba por su organización, Patricia Gómez reveló que durante el año 2001 se fortaleció la agrupación considerada como paramilitar:
Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), la cual es dirigida por el actual diputado local priísta, Pedro Chulín. Su objetivo es "contrarrestrar en la zona al movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional", apuntó.
En agosto de 2002 hubo muertes sospechosas de milicianos zapatistas en los municipios de Altamirano, Ocosingo y Chilón, "las cuales son consideradas como presuntas ejecuciones". Estos actos de violencia son planeados y sistemáticos, señaló Patricia Gómez. "Los actores materiales realizaron los actos de manera muy furtiva, clandestina por lo que resulta muy difícil comprobar el móvil, pero la línea en común es que las muertes fueron de milicianos del EZLN."
Responsabilidad gubernamental
Los defensores de los derechos humanos afirmaron que la responsabilidad de la actuación de los grupos ilegales armados vinculados con autoridades, recae fundamentalmente sobre el gobierno federal. Edgar Cortez sostuvo: "el tema paramilitar debiera ser una responsabilidad claramente del ámbito federal" y prosiguió:
"no hay que olvidar que hace algunos meses durante el año pasado se cerró la Oficina Especial de Investigaciones sobre Grupos Armados Ilegales, que dependía de la Procuraduría General de la República (PGR), sin que se haya conocido un informe público sobre el resultado de las pesquisas." El representante de Centro Pro dijo que las investigaciones suponen una estrecha colaboración de las instancias de procuración de justicia, tanto federal como local.
Fernando Valadez responsabilizó al presidente Vicente Fox de cualquier acción militar o paramilitar contra la población de Montes Azules ya que "él (Vicente Fox) es el jefe de las fuerzas armadas y también de todo lo que esté por debajo." Acusó a los gobiernos federal y estatal de no hacer nada para aplicar la ley contra los grupos paramilitares. "Ni Vicente Fox ni Salazar Mendiguchía han tocada a las fuerzas paramilitares que operan bajo la estrategia de Guerra de Baja Intensidad (GBI) y con operaciones psicológicas y de desgaste contra las comunidades".
Creciente la Militarización
Patricia Gómez mostró su preocupación sobre la creciente militarización en el estado, ya que desde 1995 a 1999 crecieron los campamentos de trece a 86 puestos.
Recordó que en la entidad sureña existen por lo menos seis grupos paramilitares: Paz y Justicia, Los Chinchulines, Máscara Roja, el Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA), Alianza San Bartolomé de los Llanos y Tómas Munzer.
El paramilitarismo tiene el objetivo de eximir de la responsabilidad al Ejército, "de una serie de arbitrariedades y atropellos que cometan contra la población civil", resaltó por su parte Fernando Valadez. "Operan -enfatizó- para dividir a las comunidades, cometer crímenes y reprimir de manera selectiva."
Edgar Cortés del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez resaltó que la temática de los grupos paramilitares es uno de los varios pendientes en el proceso de lucha contra la impunidad, concretamente en Chiapas.
Llamado a las autoridades
Los representantes de los organismos civiles fijaron tres puntos para la distensión del conflicto. "las autoridades deben agilizar investigaciones eficaces sobre la participación de los grupos paramilitares; los funcionarios encargados de la vigilancia y protección de la reserva de la biosfera de Montes Azules, tienen que garantizar el respeto a los derechos humanos de los pobladores de la zona y desistirse de los desalojos; y el gobierno federal debe abrir causes al proceso de diálogo en Chiapas, luego de que gobierno no respetó los Acuerdo de san Andrés firmados con el EZLN", apuntaron.