Latinoamérica

México: Se augura un año de intensas movilizaciones rurales
El campo, en el ojo del huracán

Jesús Ramírez Cuevas
Masiosare

Condenados a desaparecer por el modelo económico dominante, hoy los campesinos mexicanos desafían al gobierno y exigen renegociar el apartado agropecuario del TLCAN y un cambio de la política hacia el sector en apoyo de los productores nacionales. La amenaza de que el naciente movimiento desborde las instituciones plantea un auténtico reto para el foxismo y abre un debate nacional sobre las consecuencias sociales de la apertura comercial, la competencia desleal y el abandono estatal de amplios sectores de la población. Los protagonistas de esta gesta social centran su propuesta en la defensa de la soberanía alimentaria. De diversos modos y en tonos distintos, los integrantes del gabinete señalan que es imposible tocar el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. En estos días se ha establecido un diálogo entre dirigentes de las organizaciones de productores y el Poder Ejecutivo en el que se ve imposible un acuerdo, lo que hace prever el crecimiento de la inconformidad y de las protestas .
"ESTO APENAS COMIENZA porque estamos luchando por nuestras vidas", sentencia Rogelio Alquiciras Burgos, indígena nahua de Guerrero, uno de los 21campesinos que ayunan desde el 6 de enero en el monumento a la Independencia para exigir al gobierno de Vicente Fox la renegociación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y un acuerdo nacional que beneficie a los 25 millones de mexicanos que viven en el campo. Rogelio vive en una de las regiones más pobres del país y representa también un ejemplo de cómo los campesinos se han organizado para enfrentar las consecuencias sociales y económicas de la apertura comercial, de la competencia desleal y de la ausencia de políticas de apoyo a los productores nacionales.
"Los campesinos no tenemos opción, luchamos por sobrevivir en nuestra tierra y ahora venimos a protestar porque no tenemos de otra: o logramos un cambio en las políticas del campo o nos vamos al norte para no morir de hambre. Estamos defendiendo nuestra tierra y nuestra forma de vida como campesinos. Y eso no está a negociación. Vemos que nuestro movimiento crece en todo el país y estamos dispuestos a todo, eso lo tiene que entender Fox", asegura Rogelio mientras se cruza de brazos para paliar el frío invernal que se vuelve más crudo en el monumento de mármol.
Al pie del Angel, el dirigente campesino originario de Chilapa, enclavado en la región centro y baja Montaña de Guerrero, responde al secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, que culpa a los propios campesinos de la pobreza en que viven: "Desde hace 12 años nos hemos organizado con relativo éxito para enfrentar la crisis que vivimos".
El campesino nahua sabe lo que dice. En 1990 los productores de varios municipios de su región crearon una decena de empresas sociales para promover una estrategia propia de desarrollo. "Tenemos la Convergencia Regional Campesina Tzanzencantinemi ("seguimos estando juntos" en nahuátl), integrada por el Consejo Comunitario de Abasto, Sociedad de Solidaridad, una caja de ahorro popular, Altépetl Nahuas de la Montaña Baja y Café Ixcatla, que en las diferentes ramas agrupa a unos 5 mil productores. Trabajamos en diferentes frentes: en la producción y comercialización de maíz, en el abasto de productos básicos que beneficia a 10 mil personas de más de 100 comunidades. También impulsamos la organización para la producción y comercialización del mezcal, de artesanías de palma de carrizo y hoja de maíz, mieleros, promovemos obras de irrigación y el ahorro popular".
Desde que comenzaron las políticas neoliberales, dice Rogelio, retiraron los apoyos para las regiones pobres, "pero logramos construir una alternativa que pretende resolver o atemperar los principales problemas que aquejan a la región, que tiene una alta migración: la falta de empleo, la falta de comercialización de productos, la falta de capacitación para la organización y la producción, y para instalar pequeñas empresas campesinas. Cada organización es autónoma y plural, no estamos en ningún partido.
"Desde que empezó el TLCAN nos abandonaron casi a nuestra suerte y nos dejaron a merced de los acaparadores. Nuestro proceso no ha sido fácil y nos faltan recursos y asesoría. Planteamos resolver los problemas desde la organización campesina. Consolidamos empresas sociales con participación de los productores. Tenemos empresas de acopio y distribución de fertilizantes, empresas de comercialización de artesanías y estamos exportando a Holanda, Bélgica, España, Italia y Francia. Lo importante es que persisten las empresas campesinas a pesar de las dificultades con la Secretaría de Hacienda y la falta de apoyos".
El también coordinador ejecutivo de la UNORCA en Guerrero, explica que han establecido alianzas con otras organizaciones de la Montaña Baja para promover el desarrollo regional en los municipios de Ahuejotzingo, Chilapa, Citlala, Apango y Quechultenango. "A pesar de que han fracasado, algunos proyectos son empresas sociales serias y no pequeños changarros. Muchas familias dependen de esas organizaciones campesinas", relata. A la espera de una respuesta del Presidente, Rogelio Alquiciras y otros dirigentes campesinos mantienen su ayuno en Paseo de la Reforma.
"Espero que haya la sensibilidad del gobierno de Vicente Fox. Nosotros no estamos esperando que resuelvan nuestros problemas; pero frente a la competencia desleal no podemos, porque ellos venden más barato por el apoyo que reciben de sus gobiernos. Fox tiene que hacer conciencia de la gravedad de lo que estamos viviendo en el campo. Estamos defendiendo la soberanía alimentaria de nuestro país y necesitamos el apoyo de todos los mexicanos. Aquí vamos a seguir a ver qué pasa. Este movimiento está creciendo, ya nadie lo para", asegura.
Alberto Gómez Flores, dirigente de la UNORCA, otro de los ayunantes, explica que se trata de "una acción simbólica para llamar la atención del gobierno y del pueblo de México". Y agrega:
"Estos 10 años no nos hemos quedado esperando la ayuda del gobierno, hemos ensayado modelos de desarrollo propios y alternativas campesinas a las políticas del mercado. Hemos creado empresas campesinas, desarrollado estrategias de comercialización y capitalización propias. Pero la apertura nos está quebrando".
Esto se puede desbordar
Víctor Suárez, vocero del movimiento El campo no aguanta más, explica que desde 1994 –quizá con la excepción de los deudores de la banca– no ha surgido un movimiento social de dimensiones tan grandes como el de los productores del campo, que hoy protagonizan la mayor impugnación ciudadana contra el TLCAN desde que hace 10 años entró en vigor y frente al cual se dio el levantamiento zapatista".
"Hay una situación de emergencia en el campo. Las políticas públicas de los últimos 15 años han causado la ruina del México rural. Ocho de cada 10 personas que ahí viven son pobres y más de seis viven en la miseria", explica el dirigente campesino. "Hay un consenso nacional –continúa– sobre las asimetrías existentes entre los dos países. Mientras más de 3 millones de campesinos mexicanos tienen una agricultura de subsistencia, en Estados Unidos hay una industrialización del sector y enormes subsidios. Pero hay distintas ópticas de cómo enfrentar la crisis que ha devastado el campo, donde viven 25 millones de mexicanos. El gobierno sostiene una política que ha decretado en los hechos la muerte del campo mexicano y la desaparición de los campesinos. Pero el TLCAN sólo ha beneficiado a 180 mil productores del país".
"El gobierno dice que los campesinos no producen a precios competitivos pero no reconoce que los precios del mercado internacional se logran artificialmente mediante subsidios. Los productores están arruinados por las importaciones y los agroexportadores por la caída de los precios internacionales", agrega. Según Suárez, también presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras, "este año comenzó con protestas de los campesinos y se augura que continúen en los meses venideros como parte de un conflicto donde, en buena medida, se juega la soberanía del país. Estamos promoviendo un gran debate nacional sobre el futuro del campo y proponemos que el gobierno renegocie el capítulo agropecuario del tratado y aplique una política de apoyo a los campesinos".
El gobierno fue sorprendido por las protestas campesinas que comenzaron en noviembre pasado, cuando este movimiento que agrupa a 12 organizaciones (que representan a 500 mil labriegos) dio a conocer el manifiesto El campo no aguanta más con "seis propuestas para la salvación y revalorización del campo mexicano": moratoria del apartado agropecuario del TLCAN; un programa emergente para reactivar el campo y, a largo plazo, reorientar el sector agropecuario; una verdadera reforma financiera rural; un presupuesto suficiente para el desarrollo productivo y social rural este año; una política alimentaria que garantice a los consumidores productos inocuos y de calidad; y el reconocimiento de los derechos y la cultura de los pueblos indios.
Ante la inminente entrada en vigor de la desgravación a las importaciones de 20 productos agropecuarios (sólo quedan excluidos el maíz, el frijol, la caña y la leche en polvo), el 3 de diciembre más de 3 mil representantes de las organizaciones campesinas y El Barzón marcharon al palacio de San Lázaro y se reunieron con los legisladores (el PAN se negó a asistir) para dar a conocer sus propuestas. El 10 de diciembre irrumpieron por la fuerza en el Congreso varios contingentes después de una manifestación conjunta de campesinos, trabajadores y maestros. El gobierno federal se alarmó, sobre todo después del anuncio de nuevas protestas a partir del primero de enero.
Alberto Gómez afirma que "esta movilización coloca el tema del campo en el centro de la agenda nacional, y se toma como interlocutor al Congreso de la Unión, no al gobierno federal. En respuesta a la presión, los diputados aprueban un mayor presupuesto para el campo, medida insuficiente para enfrentar la crisis del sector. El movimiento propone el congelamiento de la apertura agropecuaria en puerta. El PRI y el PRD acuerdan apoyarlo en el Senado, pero a última hora votan en contra, presionados por el gobierno foxista y la embajada de Estados Unidos que amenaza con una guerra comercial entre los dos países y el retiro de inversiones". Al día siguiente, Javier Usabiaga declaró que "la búsqueda de la competitividad es la herramienta más importante para solucionar los problemas del campo".
Las organizaciones radicalizaron su discurso y anunciaron el bloqueo de los principales puentes internacionales, puertos, aeropuertos y carreteras del país. Al verse rebasado, el gobierno convocó a las organizaciones movilizadas y al Congreso Agrario Permanente (CAP) a un diálogo para atender sus demandas. A partir de ahí, el CAP (que padece una crisis de representatividad) y el gobierno intentan capitalizar la situación en su favor. "El gobierno necesitaba conjurar el fantasma de San Salvador Atenco que se avecinaba con el inicio de año", apunta Gómez Flores.
Inician conversaciones con el gobierno
Mientras Vicente Fox disfrutaba de sus vacaciones decembrinas, el 30 de diciembre, los secretarios de Economía, Luis Ernesto Derbez, y de Agricultura, Javier Usabiaga, se sentaron a dialogar con las organizaciones de agricultores. El CAP presionó para que se acordara una tregua de las movilizaciones hasta el 20 de enero. Derbez aceptó que el compromiso entre el Ejecutivo y las organizaciones era "utilizar todos los mecanismos, iniciativas gubernamentales y procedimientos legales para conseguir un comercio justo con nuestros socios del TLCAN. Haremos una evaluación conjunta de la posibilidad de una solicitud de revisión del capítulo agropecuario del TLCAN. No estamos diciendo que lo vamos a solicitar ahora, sino que vamos a hacer una evaluación de las ventajas y desventajas que esto representaría para el país".
Según el líder de la UNORCA, "el gobierno le apuesta a ganar tiempo para dividir a las organizaciones a través de la concesión de apoyos económicos y la cooptación de dirigentes". Cada organización plantea sus necesidades ante la Sagarpa, la cual abre una ventanilla para atenderlos.
Por su parte, la Confederación Nacional Campesina (CNC), que encabeza Heladio Ramírez, la principal fuerza del PRI en el sector, se deslinda de las negociaciones. "La CNC, que estaba prácticamente desmantelada después de 2000, recibe apoyo de un sector del gobierno. Mantiene un discurso de impugnación pero se pone de acuerdo en el último momento", dice Alberto Gómez. La central priísta convocó a una reunión internacional sobre el campo a principios de año para entrar a escena.
El primero de enero, varios dirigentes del movimiento El campo no aguanta más iniciaron un ayuno en el puente internacional de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ese día, del otro lado del país, más de 20 mil indígenas zapatistas marcharon en San Cristóbal de las Casas y, entre otros mensajes, manifestaron su rechazo al capítulo agropecuario del TLCAN y a la firma del Area de Libre Comercio para las Américas. Esto alarmó más al gobierno, que aceleró sus contactos con las organizaciones de campesinos.
Al día siguiente se dio la segunda reunión de los titulares de Economía y Agricultura con los representantes campesinos. Ahí se tomó la decisión de reunirse con Fox en Los Pinos para convocar a una Convención Nacional Agropecuaria que decidirá el futuro de la política hacia el campo. Ahí, Derbez declaró que "si en la convención era un consenso de todos la renegociación del TLCAN, el gobierno lo asumirá". Las organizaciones campesinas anunciaron que continuarán las movilizaciones a pesar de las conversaciones. La UNTA anunció su retiro de las conversaciones, inconforme por prorrogar la firma de un acuerdo. El CAP (que agrupa 12 organizaciones), desfondado a la derecha por la CNC y a la izquierda por cinco organizaciones que se sumaron al movimiento, se alió a Usabiaga y a Derbez respaldando sus propuestas.
La CNC realizó su reunión con el apoyo del gobierno de Veracruz. Asistieron una decena de gobernadores priístas y varios secretarios de Estado. Víctor Suárez señala que "esta organización busca consolidar su interlocución con el gobierno y candidaturas de su partido para las elecciones de este año. Del secretario de Hacienda, obtuvo apoyos para su organización por 15 millones de pesos para este año (Heladio Ramírez llamó "el gran amigo" de la CNC a Francisco Gil), razón por la cual votó en contra del congelamiento de la desgravación de 20 productos.
En ese foro, la CNC lanzó siete puntos para el campo y propuso al gobierno que negocie un acuerdo complementario en materia agrícola y ganadera. Como signo de sus relaciones con una parte del foxismo, los cenecistas apapacharon a Gil Díaz, pero abuchearon a Javier Usabiaga, quien salió presuroso del evento, entre insultos y una sonora rechifla.
Un ejemplo de las contradicciones del foxismo, que no sabe cómo enfrentar el conflicto en el campo, fue Veracruz. Ahí también habló Jorge G. Castañeda, quien defendió el TLCAN y señaló que es imposible su renegociación. El todavía canciller reveló que el presidente Fox había ocultado la crisis del campo que provocaron los anteriores gobiernos. Fuentes cercanas a Los Pinos aseguran que el enojo presidencial por estas declaraciones precipitó su salida del gabinete.
¿Diálogo de sordos?
En estas condiciones, los resultados y alcances del diálogo entre el gobierno y las organizaciones son inciertos. No hay una política para enfrentar lo que puede ser el conflicto social más importante de esta administración. Según algunos líderes campesinos y observadores, el Ejecutivo le apuesta a desfondar y dividir al movimiento, negociando con cada una de las organizaciones recursos y apoyos a sus proyectos. En este propósito se sirve del corporativismo del viejo régimen.
El 6 de enero se instaló el ayuno de una veintena de dirigentes campesinos y se realizaron movilizaciones en 15 estados (entre las más significativas está la toma del puerto de Veracruz y el bloqueo de la frontera con Guatemala). Horas después, en Los Pinos, Vicente Fox se reunió con los dirigentes del movimiento y con empresarios. Su discurso fue ambiguo y anunció varias medidas para apoyar a los productores. Víctor Quintana, a nombre del movimiento, ratificó sus demandas y condicionó su participación en la convención a tres señales de gobierno: que exprese su voluntad de renegociar el TLCAN, libere a los presos políticos campesinos e indígenas, y cese la represión contra los que participan en las protestas.
Muchos de los presentes se mostraron insatisfechos con el discurso presidencial. Después vendría el regaño de Vicente Fox a los medios por no reflejar la importancia de la reunión. A dos días del acto, el presidente Fox declaró que "el TLC es un buen negocio para México", por lo que una moratoria o una revisión del mismo implicaría "perder lo más por lo menos" y puso como ejemplo la balanza comercial, que es superavitaria para México en casi 27 mil millones de pesos. Y remató: "Lo que es cierto en la balanza comercial, lo es también en la balanza agrícola. No sería justo que al buscar una solución a las áreas y sectores que tienen dificultades en competitividad, cerráramos las puertas a todos estos productos que exportamos".
Aunque Fox reconoció la voluntad de diálogo de las organizaciones campesinas, las llamó a "evitar la violencia y actos que transgredan la ley". Las declaraciones del Presidente dividieron a los líderes campesinos. Los integrantes del movimiento El Campo no aguanta más las consideraron como un rechazo a su petición, pero la CNC las recibió con beneplácito.
Las mesas de negociación anunciadas en la reunión con el Ejecutivo (cuyo primer punto es discutir el TLCAN) no se han instalado por la decisión del secretario de Agricultura de convertirlas en foros de consulta y de involucrar en la negociación a los grandes productores y empresarios. Las organizaciones campesinas rechazaron esta posibilidad. Víctor Suárez declaró que "es muy difícil que se llegue a un consenso con el gobierno por las declaraciones del gobierno y la actitud de la Sagarpa".
Alberto Gómez de la UNORCA, uno de los ayunantes en el Angel, afirma que continuarán su protesta hasta que haya una definición del gobierno en torno a las mesas de negociación y señales claras de revisar el TLCAN. A la protesta ya se han sumado integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, y de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. "Nosotros luchamos dentro de la ley, pero hay gente desesperada en las regiones que piensan en caminos más radicales, y esto lo tiene que reflexionar el gobierno. Sabemos que la lucha es larga", afirma Gómez Flores.
Según Alfonso Ramírez Cuellar, dirigente de El Barzón, "las posturas están encontradas. Es la soberanía alimentaria contra la idea de la apertura indiscriminada que deja el campo en manos del mercado. La demanda de un cambio de políticas agropecuarias se enfrenta a la determinación gubernamental de subordinar las políticas de fomento a las políticas macroeconómicas. A la propuesta de que se promueva un campo con campesinos, el gobierno promueve la idea de convertir a los productores en empresarios o condenarlos a la desaparición".
Por su parte, Víctor Suárez asegura que además de dialogar con el Congreso y con el Poder Ejecutivo, las organizaciones buscan hablar con la sociedad. "En este sentido nos parece muy importante la cuestión de los indígenas. Recordemos que el primero de enero de 1994 los indígenas chiapanecos se levantaron en armas en defensa de sus derechos y contra el TLCAN. Y el Poder Legislativo y el Ejecutivo le han dado la espalda a los campesinos y a los indígenas".
Alfonso Ramírez Cuellar, por su parte, dice que "hay una desesperación tan grande que por primera vez puede haber un movimiento nacional ante el cual las organizaciones nos estamos quedando chicas". El dirigente barzonista advierte que tiene que surgir un nuevo liderazgo, ya que muchas de las organizaciones actuales "estamos viciadas por la burocratización, el corporativismo, el clientelismo político y el desgaste por los errores del pasado. Se tiene que preservar la autonomía y la independencia del movimiento de los partidos políticos".
Según Ramírez Cuellar, "el gobierno federal, convencido de las bondades del libre mercado, no entiende lo que sucede con los campesinos y le aterra la posibilidad de que un movimiento social nacional ponga en cuestión su política hacia el campo y su modelo económico. Los campesinos no tienen nada que perder y luchan por sobrevivir; a los pequeños y medianos productores sólo les queda defender a toda costa lo poco que tienen. El movimiento ganará si se genera un debate nacional sobre el campo y logra convencer a la población urbana de que los apoye para obligar al gobierno a plantearse la revisión del TLCAN. Es verdad que hay desesperación en el campo y visos de un estallido social".
Es quizá por eso que las organizaciones se proponen lograr una gran movilización, y el 20 de enero, dicen, es un momento clave para medir fuerzas y convencer al gobierno de sus propuestas. Este movimiento, según parece, va para largo.