Hermann Bellinghausen

Progreso Agua Azul, Chis. 10 de enero. Con cuatro órdenes de aprehensión contra sus representantes y un asedio presuntamente legal de las autoridades municipales de Tumbalá, así como de la organización perredista Kichañ Kichañob y la secretaría agraria de Chiapas, los pobladores de Progreso Agua Azul viven un recrudecimiento de la guerra encubierta que practica el gobierno foxista, en continuidad a la establecida por Ernesto Zedillo y el mando militar desde los primeros meses de 1995.
Hace pocos meses el Ejército estableció una nueva posición en el crucero X'anil, acceso a las comunidades del municipio autónomo La Paz. Pretextando combatir la delincuencia, la militarización avanzó en la zona norte durante 2002.
A escasos kilómetros el nuevo poblado Progreso Agua Azul ocupa las tierras bajas de la comunidad Agua Azul, en lo que hasta 1994 fue El Ceibo, rancho propiedad de Astrid Astudillo. Al calor del levantamiento zapatista, campesinos y peones choles y tzeltales, bases de apoyo del EZLN y simpatizantes, "recuperaron" estas tierras. El gobierno federal indemnizó inmediatamente a los propietarios, con lo cual la ocupación indígena se tornó irreversible.
"Tomamos posesión después de 1994 y empezamos el sufrimiento por tener nuestra resistencia. Seguimos aguantando, pero unos compañeros se cansaron y regresaron adonde estaban antes", relata un representante de Progreso Agua Azul.
"En 1995 y 1996 tuvimos mucha represión." Recuerda que el gobierno se negó siempre a regularizar esas tierras y dejó correr el tiempo.
En la vecina comunidad Agua Azul, el quinto regidor del ayuntamiento de Tumbalá, radio en mano, reiteró a este enviado la versión del edil priísta: los autónomos "expulsaron" a un grupo de 15 familias de Kichañob "para quitarles sus tierras".
Estas familias, que se redujeron a 13 estos días, desde finales de diciembre se encuentran en el pueblo Ignacio Allende, a menos de cinco kilómetros.
"Nosotros nunca los desplazamos ni les dijimos que se fueran", asegura otro representante de Progreso Agua Azul en la que parece escuela de este rudimentario poblado, donde algunas familias tzeltales y una mayoría chol viven la resistencia y la autonomía.
En las márgenes del río Agua Azul, que aguas arriba forma las célebres cascadas del mismo nombre, los indígenas han trabajado colectivamente las tierras, tanto zapatistas como los que se adhirieron a Kichañob. No obstante, el representante de estos últimos, Marcos Torres López, "nos presionaba para que dividiéramos la tierra y para que la tituláramos de manera individual. Ellos quieren la mitad. Más duro presionó a fines de noviembre" (de 2002). El 15 de diciembre, Torres López se fue.
A partir de entonces se activaron las órdenes de aprehensión contra los autónomos, y Kichañob solicitó la presencia de la policía y del Ejército. La policía sectorial ya realiza patrullajes.
"El 15 de diciembre solicitamos, con palabras pacíficas, que estas personas nos entregaran los sellos y papeles del municipio autónomo, porque los estaban usando mal, para pedir al gobierno la titulación", dicen los autónomos. Agregan que también les exigieron la entrega de una báscula de 120 kilos, propiedad comunitaria.
"Primero no querían, pero ya luego sí entregaron los sellos. El día 20 vimos que los de Kichañob estaban vendiendo sus gallinas, puercos y maíz. El 21 se fueron para Ignacio Allende. Dejaron sus casas, milpas y 10 puercos. Ora dicen que quemamos sus casas, pero no es verdad." (Posteriormente las mostraron a este enviado: se encuentran cerradas e intactas.)
"Se salieron para presionar al gobierno, para que les dé las tierras. Ayer fueron a Palenque para hablar con la secretaría agraria, junto con los que están negociando el problema de Flor de Café" (muy similar, por cierto, al de Progreso Agua Azul).
Las familias que sostienen la propiedad colectiva, unas 35, aseguran sus representantes, "no echamos a los hermanos ni les hemos quitado sus milpas, pero no queremos que traigan la privatización".
El regidor priísta había adelantado a La Jornada que existen proyectos para utilizar las tierras de Progreso Agua Azul para proyectos "de ecología y turismo", toda vez que se trata de un hermoso paraje. Refiriéndose a los autónomos como si fueran bandidos, el regidor y los representes priístas de Agua Azul insistieron en que aquéllos "expulsaron" al grupo que ahora está "refugiado" en Ignacio Allende, pero coincidió con los autónomos en que no ha habido ningún acto de violencia.
Deliberada división de las comunidades
La historia se repite: una comunidad nacida en tierras "recuperadas" después del levantamiento de 1994 para su posesión comunal entra en conflicto cuando parte de sus miembros, estimulados por el gobierno, deciden buscar la titulación individual de tierras colectivas.
Esta situación ya se dio en el pasado reciente en otros municipios autónomos (Primero de Enero, Ernesto Che Guevara, Francisco Gómez). En aquella ocasión la organización pro gubernamental que propició el conflicto fue la Organización Regional de Caficultores de Ocosingo (Orcao). Igual que Kichañ Kichañob, la Orcao había sido una organización independiente, simpatizante del EZLN.
La "recuperación" de tierras en la selva y norte del estado, luego del alzamiento, en muchas ocasiones fue de manera conjunta entre bases de apoyo zapatistas y miembros de otros grupos independientes que se movían y mueven dentro del espectro perredista. Con la llegada de Pablo Salazar Mendiguchía a la gubernatura de Chiapas, hace dos años, agrupaciones como Kichañob, Orcao y Aric Independiente se convirtieron en progubernamentales, y miembros suyos pasaron a ocupar cargos públicos a nivel regional o estatal.
Hasta aquí todo iba bien. No sin problemas, los indígenas convivían en los "nuevos poblados" en los municipios autónomos. Juntos habían resistido la militarización y las políticas contrainsurgentes de los gobiernos priístas. Juntos trabajaban la tierra. Pero al convertirse en "gobierno" parte de ellos, la convivencia se fracturó.
Tanto el gobierno federal como el estatal aplican, naturalmente, diversos programas asistenciales o de apoyo a la producción (Progresa, Procampo, Oportunidades). A ellos buscan acogerse las organizaciones que votaron por éstos. Y aquí, como dice aquella vieja expresión castiza, "fue donde la puerca torció el rabo".
Los ranchos "recuperados" no tienen resuelta su situación legal, pues ésta depende del cumplimiento de los acuerdos de San Andrés y de la ley Cocopa. Mientras no se reconozcan los municipios autónomos y se acepte la propiedad comunitaria de los nuevos centros de población, la inversión gubernamental y las gestiones de "regularización", que se insiste en efectuar, serán acciones de contrainsurgencia.
Las disputas por tierra entre los poblados Moisés Gandhi y Jet Ja, o entre Primero de Enero y Sibacjá, en 2001 y 2002, fueron similares a las que ahora se suscitan en el municipio autónomo La Paz. Y representan la culminación de las políticas contrainsurgentes (militares, paramilitares y "sociales") que sostenidamente se practican desde principios del gobierno zedillista.
Insistir en una legalidad rebasada en los hechos y que ya todos reconocen como caduca no está resultando el mejor camino para instaurar el proclamado "estado de derecho". Más bien aviva la guerra de baja intensidad en su nivel más profundo e inmoral: la destrucción deliberada del tejido social de las comunidades.