Ileana Alamilla CERIGUA ALAI-AMLATINA

En unos pocos meses, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala hará la convocatoria para las elecciones generales a realizarse a fin de año. Ya se está hablando de candidaturas y posibles inscripciones, entre las que se incluye la de un personaje polémico, cuya aspiración para optar a la primera magistratura del país fue negada en dos ocasiones anteriores.
Pareciera una paradoja, pero hasta políticos y personalidades "supuestamente democráticas" y con trayectoria, se han pronunciado favoreciendo la posibilidad de la inscripción del General Efraín Ríos Montt, como candidato a la presidencia.
Me parece totalmente inconcebible, fuera de lógica y sobre todo, de una gran falta de ética y de memoria histórica, esa postura, por demás oportunista, que argumenta que el aspirante está desgastado y no tiene posibilidades de alcanzar el triunfo electoral, por lo tanto, que se inscriba, de todos modos no va a ganar... rompamos el mito, dicen.
Esto lleva a pensar que la anterior oposición a la candidatura del cuestionado militar no era en defensa al estado de derecho, al respeto a la Constitución, a cuestiones de principios y a resguardar nuestra dignidad como nación y como pueblo, sino que obedecía al temor de que les disputara, con éxito, el triunfo en las urnas.
En mi criterio, la posible inscripción de la candidatura de Ríos Montt para la Presidencia de la República, no solo es ilegal, sino que nos agrede como seres humanos que recordamos lo sucedido en nuestro país.
Aun cuando un equipo de Abogados, está trabajando intensamente para buscar las formas de retorcer la ley, forzar interpretaciones y encontrar las salidas "legales" para la inscripción, esa candidatura no es factible.
Es lamentable que especialistas en derecho pongan a disposición de aviesos intereses, los conocimientos adquiridos, aunque ha sido una tradición que ese gremio ha aportado diligentes especialistas en el tema legal, que han traído desgracias al país. Sería bueno que dichos profesionales tomaran tiempo para recordar su juramento y los mandamientos sugeridos por Eduardo J. Coture.
Ya en dos ocasiones se ha determinado esta ilegal candidatura. Es una necedad insistir. Distintas instancias se han pronunciado anteriormente al respecto, incluyendo al Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
No es posible cambiar la historia o alterar caprichosamente la realidad. El golpe militar de 1983 fue consumado. Ríos Montt encabezó un gobierno de facto. Participó en la ruptura del orden constitucional. La Constitución no ha sido derogada, contempla en su artículo 186 los impedimentos que vedan la participación electoral de quienes en ellos se enmarquen.
Entonces, lo único que puede favorecer la aceptación de la inscripción del llamado líder natural del partido de gobierno es que, quienes tienen en sus manos la decisión, digan. SALUDO UNO, General, a sus ordenes.
La aceptación de la inscripción la tendría que asumir, en primera instancia, el Tribunal Supremo Electoral, que será sometido a una gran prueba ante el pueblo y ante la comunidad internacional, cuando resuelva. Ya los asesores del interesado tienen contemplados los escenarios de impugnación y los recursos a interponer.
Si el caso pasa a la Corte de Constitucionalidad, tendríamos justificadas razones para preocuparnos por la decisión, sabiendo la ventajosa correlación de fuerzas que existe en ese máximo tribunal de defensa de la Carta Magna, a favor del Frente Republicano Guatemalteco. Ya uno de sus magistrados, de manera cínica, expresó opinión al respecto, aduciendo que no necesariamente tiene que prevalecer el criterio del anterior Tribunal Constitucional que la denegó.
La astucia del FRG la reconocemos, han diseñado una estrategia que es la que ponen en práctica. Tienen las estructuras a su servicio, cuentan con funcionarios incondicionales en puestos claves. El Congreso está dominado por ellos, promovieron la reactivación de los grupos paramilitares, como las PAC y los Comisionados Militares, que utilizaron en el pasado, sus diputados mantienen el control de las principales instancias departamentales, iniciaron una campaña electoral precoz, a ciencia y paciencia del Tribunal Supremo Electoral, que no termina de analizar si fue o no legal, en fin, el andamiaje está casi concluido.
Además, disponen todavía de recursos del estado, de los que sobraron de la piñata que hicieron con la grosera corrupción que los ha caracterizado y todavía tienen en reserva algunas ofertas que harán a la población, como la entrega de fertilizantes, por supuesto con los fondos del estado y con beneficios para sus allegados, que de paso les servirán para agenciarse de simpatías y votos, y por supuesto, de apoyo a la candidatura que pretenden imponer.
Pero, dejando lo estrictamente legal, siendo muy benevolentes, supongamos que el artículo 186 no afecta a Ríos Montt, pensemos entonces en otro aspecto que también cuenta: la sola posibilidad de que una persona como él, con sus antecedentes, con los múltiples señalamientos de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales que hay en su contra, con el papel que tuvo durante el gobierno de facto que encabezó, diseñando políticas de terror en contra de población, rompiendo toda legalidad y violando derechos inalienables, estableciendo Tribunales de Fuero Especial que asesinaron "legalmente" a muchos ciudadanos, ¿será esa clase de aspirante a la presidencia el que los guatemaltecos nos merecemos? El país está sometido a numerosas pruebas, hay inconformidad social expresada en manifestaciones, protestas, plantones, exigencias, denuncias de la población de toda índole, problemas de inseguridad, lucha por la tierra. También hay condicionamientos internacionales para la continuación de la ayuda económica, descertificación y otros muchos aspectos críticos, pero, estamos a las puertas de la convocatoria a elecciones. Debemos estar alertas.
No permitamos que haya una manipulación legal para la inscripción del candidato del FRG, el ex golpista Efraín Ríos Montt y reivindiquemos nuestro derecho a tener memoria historia y a que nuestra dignidad, y la de miles de guatemaltecos asesinados, secuestrados, torturados y desaparecidos se respete.