Latinoamérica

1º parte).
Juan Pablo Arango Posada..

Abogado, profesor universitario, subdirector de Cedetrabajo y Deslinde..
Transcurridos once años de aprobada la Constitución de 1991 y tras los repetidos y tormentosos debates a las propuestas de Samper y Pastrana, vuelve a la palestra el tema de la reforma política. Tal y como lo prometió Álvaro Uribe Vélez en los 100 puntos de campaña electoral, su primer acto de gobierno fue presentar al Congreso un proyecto de reforma política por medio de referendo, cuyo texto fue negociado con los ponentes de las comisiones primeras conjuntas. ¿Cuáles son los intereses que persiguen el gobierno y los diferentes sectores políticos con tal reforma? ¿Verdaderamente remozará y fortalecerá la democracia colombiana, inscribiéndose dentro de las soluciones que en los temas que trata necesita nuestro atribulado país? El presente artículo analiza el proyecto de referendo actualmente debatido por las plenarias del Congreso y la lucha e intereses políticos que están en juego. Deslinde.

¿Reforma política o imposición neoliberal?.

El argumento principal con el cual se pretende validar la conveniencia de la reforma política en general y de realizarla por medio de un referendo en particular radica en afirmar que con estos medios se superarán los sempiternos vicios que aquejan a la democracia colombiana. Se trataría de extirpar de nuestra juridicidad y prácticas políticas las causas de tales falencias, a saber -según las acusaciones gubernamentales-, las perversas costumbres enquistadas en el órgano legislativo, en los partidos políticos y en algunos organismos fiscalizadores, como las contralorías y personerías. En consecuencia, la pregunta decisiva que cabe plantearse para respaldar o rechazar la mencionada reforma es si fortalece o debilita la democracia.
Aunque en el debate sobre la reforma política aparentemente predomina una lucha entre los poderes ejecutivo y legislativo, en realidad ésta forma parte de una contienda iniciada a comienzos de los noventas en la cual la nueva capa tecnócrata neoliberal que ha liderado la apertura se esfuerza por arrasar a la clase política tradicional, aquella que durante largos años manejó las palancas del Estado y hoy es vituperada, tildándola de clientelista y corrupta, al igual que sus palancas regionales de poder, su interés por continuar manejando instituciones estatales y su ocasional oposición a algunas de las medidas aperturistas. Pero la cura de las "lacras" de la democracia recetada por los nuevos gurús amenaza dar al traste con la misma democracia y -en nombre de la modernización, la transparencia y la lucha contra la corrupción- pretende asestarle un golpe a las instituciones representativas, impidiendo que las escasas pero valerosas voces que enfrentan la arremetida neoliberal desde el Congreso continúen sus denuncias. El hecho de que muchos parlamentarios no hayan entendido la naturaleza de sus contrincantes y se plieguen acomodaticiamente a ellos, buscando sobrevivir políticamente y limitándose a grandilocuentes debates en los recintos parlamentarios, no impide que tales escaramuzas formen parte de la contradicción que enfrenta al puñado de yuppies -quienes manejan el país de acuerdo a los dictados de sus amos del Norte- con la inmensa mayoría de la población colombiana..
En Colombia y el mundo entero se ha impuesto la política de -supuestamente- fortalecer la democracia reestructurando las instituciones estatales para que resulten más "gobernables", lo que no es otra cosa que consolidar en ellas a los sectores aperturistas, sometiendo a los demás: sindicatos, empresarios, partidos de oposición, organismos fiscalizadores del Estado, rama judicial, etc. Y en lo que al Parlamento se refiere -dado que en él están representados diversos sectores regionales, políticos, de opinión y las medidas gubernamentales deben ser sometidas a un trámite, un juego de intereses y en ocasiones eventuales derrotas- dicha "gobernabilidad" supone someterlo al Ejecutivo, restringiendo su conformación y funcionamiento, de forma que en él sólo tengan presencia los sectores retardatarios que aseguren la refrendación de los proyectos del Ejecutivo..
Así las cosas, y repitiendo el proceso constituyente de 1991 que revocó al Congreso y aprobó una nueva Carta Magna consagratoria de los principios neoliberales como eje de la estructura estatal, Uribe ha llamado al banquillo de los acusados al Legislativo para que, so pena de revocarlo, acepte el trámite de un referendo que refrende cuanta disposición considere necesaria el Ejecutivo, abarcando desde la congelación de los gastos estatales hasta la penalización de la dosis personal de drogas y cuya esencia antidemocrática radica en reducir el tamaño del Congreso..
Mas esto no es nuevo: en la historia colombiana -para no mencionar la universal- cunden episodios en los cuales la lucha económica y política entre los partidos acabó manifestándose en el enfrentamiento Ejecutivo-Legislativo y donde el primero, representando siempre al sector más reaccionario de la sociedad, acabó triunfando y disolviendo Congresos en cuyo seno encontraban refugio las ideas de sus contradictores, desde -recordando sólo algunos- la dictadura bolivariana que motivó el famoso atentado septembrino de 1826, hasta, ya en el quiebre del siglo XX, la hegemonía conservadora de 1885-1930 en la cual ésta concentró en sus manos todo el poder estatal, tanto Ejecutivo como Legislativo, y aquellos acaecidos ya de lleno en el XX. Empero, si algo caracteriza al actual debate es que, a diferencia de otros momentos en Colombia y el mundo, la casta política -con unas pocas y valientes excepciones- no dispone de una propuesta económica y política realmente alternativa y por eso se bate a la defensiva y acaba aprobando las leyes que implementan la política neoliberal..

Una propuesta para borrar a las minorías políticas.

El proyecto de reforma política presentado por el presidente Uribe Vélez auto proclamándose adalid de la democracia, pretende amordazar al Legislativo, reestructurándolo para hacerlo más manipulable por el Presidente y -de paso- tornarlo menos democrático. No otra cosa significa la propuesta de disminuir el número de congresistas, lo que borra de un plumazo del mapa electoral a los partidos minoritarios al aumentar el cuociente electoral, disminución considerada "no renunciable" -y a la cual en efecto no se renunció- en la exposición de motivos del proyecto gubernamental..
Es falso el argumento de la abultada magnitud del Congreso colombiano aducido para imponer la disminución de curules. Ello se constata comparándolo internacionalmente. Mientras que aquí hay un congresista por cada 164.179 habitantes, son muchas las naciones en donde cada parlamentario representa un número menor de habitantes: por ejemplo en Francia a 66.815 personas, Alemania 112.162, Italia 71.376, España 66.116, Inglaterra 32 mil, Holanda 71 mil, Australia 89.286, Argentina 109 mil, Venezuela 89 mil y Cuba 20.373..
Por otro lado, la propuesta unificada de uribistas, liberales oficialistas y conservadores y también la de los llamados independientes (Antonio Navarro Wolf, Jesús Piñacue y Lorenzo Almendra) reducen el Parlamento a 214 miembros y la circunscripción nacional a 75 (cuando hoy existe para 100 de los 102 senadores) en una Cámara Alta de 81 integrantes, en la cual los restantes 6 puestos se asignan 2 por circunscripción nacional especial para comunidades indígenas y 4 por circunscripción nacional especial para minorías políticas. La disminución de la circunscripción nacional es claramente antidemocrática y apunta específicamente contra los partidos minoritarios, por cuanto ésta se había constituido en uno de los pocos resquicios a través de los cuales tenían posibilidad de llegar al Congreso, ya de por sí remota por los altos guarismos del cuociente electoral. Con la circunscripción nacional menguada a 75 miembros las minorías quedan imposibilitadas de elegir a sus candidatos, dado que el cuociente aumentaría con la eliminación de una cuarta partes de las curules. Pero para asegurarlo, se propone sólo escrutar las listas que consigan "al menos el dos por ciento (2%) de los votos emitidos válidamente", umbral que habría ascendido a 123.549 votos si se calcula sobre los comicios de marzo de 2002, en los cuales se registró una votación válida de 9.266.175 sufragios. Cabe recordar que en dichas elecciones sólo tres senadores obtuvieron 200 mil o más votos (Luis Alfredo Ramos, 227.506, Antonio Navarro Wolf, 211.457 y Germán Vargas Lleras, 208.587) y la siguiente votación -la de Samuel Moreno Rojas- apenas ascendió a 118.749 sufragios, por debajo del mencionado umbral de 123.549 votos. O sea que sólo una ínfima cantidad de puestos se habría definido por cuociente, mientras que para asignar el resto por residuo únicamente se sufragarían las listas que hubiesen obtenido el referido umbral del 2%, concentrando su asignación todavía más en unos pocos partidos..
Descartada así la posibilidad de que las minorías accedan al Senado vía la circunscripción nacional, ambas propuestas de hecho limitan su participación a los 4 puestos asignados por circunscripción nacional especial para minorías políticas, delegando en una ley su forma de elección. Pero el proyecto de Navarro añade (cosa que no menciona la fórmula uribista, dado que no fija un plazo para aprobar la ley respectiva) que "Si transcurrido un año de la vigencia del presente acto legislativo el Congreso no hubiere aprobado la ley para la elección de minorías políticas, el Presidente de la República la expedirá por decreto en los tres meses siguientes", ¡delegando en el Presidente la definición de cómo escoger estas 4 pírricas curules de las minorías!.
En el caso de la circunscripción regional (hoy vigente para la Cámara de Representantes, conformada por 161 miembros por circunscripción territorial y 5 por especial), en la cual es muy difícil -por no decir casi imposible- la elección de las minorías en razón del predominio de los barones electorales que concentran una alta votación en un solo departamento, el proyecto del uribismo establece que "Habrá dos representantes por cada circunscripción territorial y uno más por cada 1,16 por ciento de la población nacional - 464 mil, frente a 44 millones de habitantes- o por fracción mayor del 0,58 por ciento -232 mil- de la población nacional que resida en la respectiva circunscripción por encima del 1,16 por ciento inicial", reduciendo así la Cámara Baja a 133 miembros, siendo que hoy la integran 166: dos representantes por cada circunscripción territorial y uno más por cada 250 mil habitantes o fracción mayor de 125 mil en exceso de los primeros 250 mil (art. 176 de la Constitución Nacional, CN)..
Según las propuestas, para asignar los escaños de las circunscripciones territoriales (Cámara de Representantes, Asambleas, Concejos y JALs) "sólo se tendrán en cuenta las listas que obtengan al menos el cincuenta por ciento del respectivo cuociente electoral" y "si ninguna lista superare dicho umbral, ¡se asignarán todas las curules a la que hubiere obtenido la mayor votación!" (las exclamaciones son nuestras). Por ejemplo, en las elecciones bogotanas de marzo de 2002 únicamente Gustavo Petro alcanzó el cuociente (78.895 votos) y tres candidatos más (del total de 18 representantes que correspondieron a la capital) estuvieron por encima del 50%, lo que significaría que sólo cuatro listas se alzarían con todos los escaños. Ambos textos -el mayoritario y el de los independientes- adicionan la Cámara con siete representantes (tres para minorías políticas, dos para comunidades negras, uno para comunidades indígenas y uno para colombianos residentes en el exterior), quedando así limitadas las minorías a repartirse entre sí 3 representantes en todo el territorio nacional..
Con estos umbrales el Congreso quedaría integrado exclusivamente por los partidos mayoritarios, excluyendo definitivamente a los minoritarios y "derrotando" su búsqueda de "un vergonzante residuo", único guarismo mediante el cual pueden llegar al Capitolio. Así, según la exposición de motivos de la propuesta uribista, "Ese ceniciento paisaje será el que desaparezca... para reconstruir los partidos (mayoritarios, aclaramos nosotros, ya que los minoritarios habrían quedado por fuera de la contienda electoral) y recuperar su misión en la vida nacional". Actualmente las votaciones residuales preponderan en la elección parlamentaria, como se comprueba en el siguiente cuadro:.

Año Índice de abstención Número de listas Conformación de las corporaciones
Senado Cámara Senado Cámara
Cuociente
Residuo
Cuociente
Residuo .
1991 64% 143 486 42 60 15 146
1994 68% 251 628 14 88 4 159
1998 56% 319 692 8 94 4 157
2002 57% 326 906 12 90 6 160 .
Extractado del Proyecto de reforma política de Pastrana. .

Como se aprecia, desde que la Constitución instituyó la circunscripción nacional para el Senado la importancia del residuo ha sido patente. En efecto, en la Cámara el residuo prevalece desde 1991 (antes de la reforma constitucional), cuando las curules obtenidas por cuociente sólo fueron el 10,3% de las conseguidas por residuo. Y en el Senado los puestos asignados por cuociente en 1991 representaron el 70% de los obtenidos por residuo, proporción que disminuyó al 15,9% en 1994, 8,5% en 1994 y 13,3% en 2002; a su vez, en 1998 el cuociente electoral fue de 86.021 votos y el último residuo que logró curul de 38.040, al paso que en 2002 el cuociente fue de 102.974 votos y el último residuo que obtuvo puesto 40.332..
El carácter antidemocrático de las propuestas analizadas es tal que hasta Juan Lozano, un uribista "Uno A", lo reconoce en su columna de El Tiempo del 29 de agosto pasado (p. 1-23), donde dice: "Es un grave error insistir en un Congreso unicameral con precaria representación política y territorial como el que plantea el proyecto de referendo, a costa de sacrificar expresiones políticas renovadoras, fuerzas nuevas y manifestaciones independientes... (El) Congreso unicameral (estaría) controlado por un grupo reducido de archicaciques, rojos y azules, amangüalados, como el que favorecería el esquema de reducción del Congreso planteado por la iniciativa. (...) Sofocaría debates cruciales. Recortaría el pluralismo. Acallaría voces frescas. (..) El modelo de Congreso propuesto aniquilaría a los independientes... (quienes serían) molidos, casi todos, por las trincas internas de los partidos, con la ayuda de un peligroso umbral pro dinosaurios, que también contempla el proyecto.".
Asimismo, en el debate sobre la conmoción interior realizado en la Comisión Primera del Senado, Carlos Gaviria -senador y ex magistrado de la Corte Constitucional- señaló que "... se habla de defender la democracia, acabando la democracia. Se habla de defender el estado de derecho, acabando el estado de derecho" (El Tiempo, IX/5/02/1-5) para preguntarse después: "¿Es el plebiscito (o referendo para que vayamos aterrizando) 'la apoteosis del constituyente primario', como algún constitucionalista afirma? Un examen cuidadoso del asunto muestra otra cosa no sólo diferente sino, precisamente, opuesta. Se trata de un instrumento tramposo, de probada eficacia para engañar incautos, para fingir que el electorado decide, cuando ya el gobernante autoritario ha decidido por él". (El Tiempo, X/11/02/1-21) "El gobierno está presionando sin ambages al Congreso y si el Congreso no rescata su dignidad e independencia, estaremos en un Estado de Derecho sólo aparente." (El Espectador, X/13/02).
Como ya lo habían hecho César Gaviria y los constituyentes de 1991 con los legisladores de 1990, Álvaro Uribe recurre al chantaje de disolver el Congreso. En efecto, el referendo consagra su revocatoria, con lo cual el Presidente lo constriñe a adelantar una supuesta concertación. En la exposición de motivos Uribe recurre a endulzar el oído de los parlamentarios para 'inducirlos' a dicha negociación, diciendo: "... no puede quedar duda de la valerosa decisión de los poderes públicos para revisar su estructura, su manera de ser y su actividad misma. (...) Los ciudadanos entenderían como un acto de delicadeza elemental de su Congreso el que pusiera a su consideración los temas en que pudieran verse involucrados los congresistas mismos. (...) Sin entrar en discusiones jurídicas inútiles sobre la competencia del Congreso para reformar este proyecto, el Gobierno se muestra anticipadamente dispuesto a establecer a su propósito una rápida y eficaz tarea conjunta de provechosa concertación.".
Ante la más mínima muestra de insubordinación, la administración Uribe le enrostra a los congresistas la amenaza de revocarlo. Así los hombres del gobierno en el Legislativo, senadores Germán Vargas Lleras y Mario Uribe Escobar, advirtieron que si no votan los cuatro puntos esenciales (congelación del gasto, eliminación de contralorías y personerías regionales, congelación de pensiones y salarios, y umbral para acceder al Congreso), el Ejecutivo retirará la iniciativa. "Al primer artículo que sea derrotado, no hay referendo. O sale referendo serio e integral, o no hay referendo", dijo Vargas Lleras. Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Londoño Hoyos, primero atacó desde el flanco económico los titubeos de algunos congresistas frente a las propuestas gubernamentales, declarando a la FM que "si no hacemos las reformas, perderemos el apoyo internacional y hay sólo un paso hacia un 'corralito' como el de Argentina." (El Tiempo, X/10/02/1-15) Para después desenfundar abiertamente la escopeta de la revocatoria advirtiendo que "si el referendo fracasaba en el Congreso antes de la medianoche, el gobierno no tenía otra opción que recurrir a uno de iniciativa popular con el sugestivo ingrediente de la revocatoria, aunque después negó la autoría de dicha afirmación". Terminando el vergonzoso ultimátum en que las comisiones acabaron aprobando en tiempo récord las imposiciones Ejecutivas. (El Tiempo, X/11/02/1-2).
Mas como afirmara el senador del MOIR, Jorge Enrique Robledo, citante del primer debate sobre la reforma política, para el actual gobierno el mérito de este Congreso Admirable -según calificativo que le endilgara Fernando Londoño, haciendo gala de marrullería concertadora- no radica exclusivamente en dejarse amedrentar por la amenaza de revocatoria y aprobar el esperpento antidemocrático de reforma política presentado por Uribe, sino sobre todo en continuar la genuflexión que el Parlamento ha mostrado durante más de una década refrendando todas las medidas aperturistas que los anteriores tres gobiernos le presentaron y ahora aprobando el nuevo paquete neoliberal del Presidente..
El gobierno también aprovechará el referendo para impulsar un tema que nada tiene que ver con la reforma política y que resulta tan impopular que por ahora sólo ha contado con el respaldado de los conservadores y uribistas: la congelación por dos años del gasto estatal de funcionamiento, incluyendo los salarios y pensiones de los empleados oficiales superiores a dos salarios mínimos legales mensuales, exceptuando "el sistema general de participaciones de los departamentos, distritos y municipios; los gastos destinados a la expansión de la seguridad democrática diferentes de los correspondientes a salarios; el pago de nuevas pensiones; y las nuevas cotizaciones a la seguridad social o las compensaciones a que haya lugar". Como expresara con meridiana claridad el titular de la cartera de Hacienda, Roberto Junguito, en entrevista concedida a El Tiempo el pasado 18 de agosto (p. 3-6): "Por el Congreso han pasado, a diferencia de otros países, todas las reformas importantes para la estabilidad macro... Todo podría irse a pique si el Congreso de la República no mantiene su compromiso y responsabilidad de aprobar las reformas que vienen en camino y que le presentaremos a su consideración.".
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