El Año que comienza está signado por tendencias económicas, políticas y sociales que polarizarán profundamente al pueblo colombiano: la enorme carga tributaria indirecta y preferencial que golpea a los sectores medios y populares, dentro del proceso fascista que trata de construir un aparato de guerra masivo involucrando en ella precisamente a esos segmentos sociales víctimas de la pauperización y el abandono estatal.
Se marcha aceleradamente hacia la creación de las redes de "cooperantes", (léase sapos) al mejor estilo hitleriano con la ilusión de comprometer en ellas a millones de colombianos; se van conformando las unidades de control militar de doble faz, soldados campesinos, de día acuartelados y de noche pernoctarán en sus casas; y en fin, aparecen los primeros batallones de los 35 mil soldados más, que integrarán nuevas brigadas móviles.
Comienzan las escaladas militares contra los barrios, agrupados en las llamadas comunas, de las principales ciudades, como la reciente operación Orión en Medellín, mientras se da curso a la más fantástica y costosa campaña publicitaria-militar para convencer a las clases medias acostumbradas a vacacionar en las playas del litoral, que viajen en sus carros a darse un baño salado y a probar las butifarras costeñas, en un vano intento por esconder el conflicto social y armado que vive nuestro país.
En dirección a consolidar la base política y social del nuevo y más agresivo Frente Nacional fascista liderado por Alvaro Uribe Vélez, se abren al público (porque ya en privado hace rato lo están) las puertas de la legalidad burguesa para su incorporación amplia y generosa al terrorismo de Estado, a los grupos paramilitares que actúan de tiempo atrás de la mano de los altos mandos militares, en genocidios inconfesables como el de la Unión Patriótica.
El referendo aprobado por el Congreso Nacional, bajo el chantaje de revocatoria del mandato y prebendas como el subsidio de hasta 6 millones de pesos para renovación de los carros particulares, está encaminado a dotar al fascista AUV de facultades que le permitirán hundir hasta el fondo del pantano neoliberal al país, para cumplir los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional, FMI y otros organismos internacionales.
Frente a lo anterior, van apareciendo, aún tímidamente, por el terrorismo de Estado, acciones de carácter popular que apuntan a incrementar el enfrentamiento contra el establecimiento, por cuestiones muy concretas como son la falta de agua, luz, salud, educación, tierra, trabajo y pan y que poco a poco adquieren carácter nacional: comités de usuarios de servicios públicos, usuarios campesinos, juntas de acción comunal, sindicatos, organizaciones juveniles y otras.
Estas organizaciones con expresión regional y nacional, producen diversas acciones en contra del gobierno central y su política de sangre y fuego, representada además en el Plan Colombia: desplazados, cafeteros en crisis, vendedores ambulantes atropellados, madres de desaparecidos, indígenas y campesinos sometidos por la crisis a la indigencia. Van encontrando en su accionar, la posibilidad de unir esfuerzos y protestar nacionalmente.
El nivel de la confrontación de clases, tal como se encuentra planteada y en el marco de las nuevas tendencias del desarrollo social que se asoman en Latinoamérica y el Caribe, nos permite avizorar la posibilidad de encontrar caminos de unidad de estas luchas y su posibilidad insurreccional, que rescaten la dignidad nacional y abran los caminos a la Nueva Colombia con justicia social, en paz y con soberanía.