Como prometió en su campaña, Álvaro Uribe Vélez presentó e hizo aprobar por el Senado y la Cámara de Representantes la propuesta de referéndum. En el documento aprobado se encuentran 16 puntos que constituyen la consulta al pueblo colombiano, con la cual se pretende consolidar su autoritarismo, su enfoque eminentemente tributarista y garantizar el cumplimiento de los compromisos con el FMI y la banca internacional.
Recientemente se ha sabido que las metas de Planeación Nacional implican comprometer hasta el 52% del Producto Bruto Interno en el servicio de la deuda, es decir, en el pago de los intereses de la deuda externa. Además, el crecimiento de los gastos militares para combatir a la insurgencia y contener el descontento de la población civil, hacen que el Estado colombiano padezca un agudo déficit fiscal. Por ello se promueven en el referéndum medidas de corte tributarista, que aumentan los impuestos a los ciudadanos, y se pretende congelar por dos años los incrementos de los funcionarios del estado. De las medidas se afirma que "afectarán a los que más ganan", pero se oculta que los casi 700.000 funcionarios del Estado, entre los cuales se encuentran profesionales de todos los órdenes, maestros y docentes universitarios y personal administrativo de todos los niveles, se verán directamente afectados en sus ya reducidos ingresos. Sumada al aumento de los impuestos, la propuesta -de ser aprobada- haría casi imposible la sobrevivencia digna del ciudadano medio.
Otro punto polémico en la propuesta de referéndum es la supresión de las Personerías. De ser aprobado, desaparecerían las instituciones gubernamentales encargadas de acciones poco atractivas para un régimen autoritario y militarista como el de Uribe: la Defensa de los Derechos Humanos. Los comentarios sobran.
Con la convocatoria también se pretende lograr la prórroga del periodo de alcaldes y gobernadores y penalizar el consumo personal de drogas. En el primer caso, la intención es obvia: ganarse a los casi 1.200 alcaldes y 30 gobernadores dándoles un año más de ejercicio en sus cargos y tenerlos como promotores de oficio y aliados incondicionales en las tareas del referéndum. En el segundo, se propone la cárcel para un adolescente que consuma dos gramos de marihuana en una fiesta, por ejemplo, y en cambio no se persigue a mayoristas e intermediarios.
Con buen tino, las centrales sindicales y muchas organizaciones populares, junto con políticos de los partidos tradicionales y de la oposición, han llamado a la abstención. La Constitución colombiana exige que una consulta popular tenga cuando menos 6 millones de votos para ser válida. Eso significa que la acción de llamar a la abstención es tácticamente eficaz, pues podría invalidar los resultados sin legitimar la propuesta con un "sí" o un "no", y de paso, tampoco entra en el juego de la maquinaria del Estado, efectiva en todos los procesos electorales. La tarea de todos los sectores comprometidos con el país es ahora la campaña por la abstención y el desenmascaramiento de la agenda oculta de Uribe y su gobierno.
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