Por Juan Gaudenzi (desde Río de Janeiro)

Principal interlocutor de Estados Unidos en América Latina, Brasil y su flamante gobierno, el de Lula da Silva, están ocupando el lugar que dejó vacante México cuando desdibujó su imagen "latinoamericanista" para integrarse en el Tratado de Libre Comercio del Norte (TLC o "NAFTA", por sus siglas en inglés).
Brasil, el país más grande y poderoso de la región, comenzó a desempeñar el rol de líder continental durante el gobierno anterior de Fernando Henrique Cardoso, cuando fue seleccionado como copresidente de las negociaciones para el establecimiento de un Área hemisférica de Libre Comercio. Ahora este rol se consolida al calor de la crisis venezolana.
En su discurso de toma de posesión, Lula da Silva declaró que su gobierno no sería ni amigo ni enemigo de Estados Unidos sino simplemente un socio "con base en el interés recíproco y el respeto mutuo".
El "interés reciproco" es, en primer lugar, de carácter económico. Como nunca antes en su historia, las finanzas públicas y privadas de Brasil dependen de los flujos de capital de los Estados Unidos; de la cotización de los bonos de su deuda externa en ese país y de los indicadores de Wall Street. Para Estados Unidos, en 1999, Brasil representó su 12º mercado más importante a escala mundial, generador de un constante superávit. Por su parte, el mercado estadounidense es el más activo e importante para las exportaciones brasileñas, pese a las barreras proteccionistas para el acero y productos agrícolas como el jugo de naranja.
El evidente desequilibrio en las relaciones económicas se convierte en dependencia casi absoluta en la área de los intereses político-estratégicos. El Estado brasileño no sólo reconoce la hegemonía del poder estadounidense en todo el continente y en su propio país, sino que en los últimos años se ha prestado para consolidarla mediante proyectos como el Sistema de Vigilancia Amazónica (SIVAM) y su participación en el Plan Colombia, destinado a combatir la insurgencia en ese país; y últimamente mediante la concesión al gobierno de Estados Unidos de la base aeroespacial de Alcántara, en el Estado de Maranhao.
A cambio, considerando las dimensiones "continentales" de Brasil, su potencial económico, su ubicación geopolítica y su influencia sobre el resto de los países de la región, Washington está dispuesto a otorgarle un interés preferencial. Para Estados unidos, el gobierno de Lula da Silva ofrece garantías de paz social y estabilidad política y parece dispuesto a respetar los componentes fundamentales del actual ordenamiento interno e internacional. Por todo ello, la Casa Blanca bien podría ahora hablar de Brasil como el "líder del Cono Sur.
¿LULA CAYÓ EN UNA TRAMPA? No tiene nada de casual entonces que en Quito, durante los actos de toma de posesión del nuevo mandatario ecuatoriano, Lucio Gutiérrez, Luis Inácio Lula da Silva haya sido el principal referente para la conformación de un Grupo de Países Amigos del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Cesar Gaviria, en sus gestiones en Venezuela.
Antes, durante y después del encuentro en Quito hubo frecuentes e intensos contactos entre Washington y Brasilia, interesados en aprovechar, en beneficio de sus propias posiciones, la tradicional amistad entre Brasil y Venezuela y la percepción que parece tener Hugo Chávez de Lula como un aliado al mismo nivel de Fidel Castro, pero con la ventaja de su flamante y aún inmaculado ingreso en la arena internacional. "Lula da Silva debe asumir el liderazgo de América del Sur", dijo el mandatario venezolano en Quito.
Tal vez estimulado por la condena de la OEA al frustrado golpe de Estado contra Chávez el año pasado, Lula no objetó que el organismo hemisférico comandado por Estados Unidos haya sido elegido como el adecuado para una negociación entre el gobierno y la oposición de Venezuela. Tampoco le pareció mal que la Presidencia de la Asamblea General de la OEA haya quedado en manos del representante de Guatemala, uno de los países centroamericanos que se preparan para firmar un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Lula no sólo aceptó reforzar la misión de Gaviria, de la Fundación Carter y del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) en Venezuela mediante la creación de un Grupo de Países Amigos, sino que terminó aceptando la conformación propuesta por Washington (Brasil, Chile, España, Estados Unidos, México y Portugal), contra la opinión de Chávez. No cuestionó tampoco la inclusión de dos gobiernos que apoyaron el golpe de Estado del 2002: Estados Unidos y España. El argumento es que "la única forma de propiciar un diálogo es que estén representadas todas las posiciones".
La prensa brasileña se apresuró a presentar el Grupo de Países Amigos como una iniciativa de Lula, cuando en realidad, según reveló una fuente diplomática, el proyecto fue concertado entre funcionarios estadounidenses y representantes de la Coordinadora Democrática (que incluye a los principales dirigentes golpistas venezolanos) y, posteriormente, comunicado a Gaviria para que lo presentase como propio. El plan contemplaba que la Coordinadora apareciera públicamente como la última en enterarse y que lo aceptara "con reservas", como efectivamente ocurrió.
Cuando el viernes de la semana pasada, ya de regreso en Caracas, Chávez recibió información de inteligencia sobre estos entretelones de la operación "Amigos", decidió viajar a Brasilia al día siguiente para una reunión urgente y reservada con Lula. Según la versión de Chávez, ante el fracaso de la huelga general destinada a derrocarlo y la postergación o no realización o de un plebiscito urdido por la oposición, los golpistas ya cuentan con el compromiso del gobierno de Estados Unidos, de Gaviria y de la mayoría de la Asamblea General de la OEA de apoyar una resolución en favor de adelantar las elecciones presidenciales. Y esperan que la complicidad del Grupo de Países Amigos le dé más peso a ese pronunciamiento anticonstitucional.
Por lo pronto, todas las resoluciones aprobadas por la OEA se refieren a la necesidad de una solución pacífica, negociada y "electoral", sin que esto último signifique otra cosa que forzar a Chávez a convocar elecciones presidenciales antes de lo previsto por la Constitución venezolana.
Aun cuando en Quito Lula da Silva se pronunció públicamente en contra de tal alteración del calendario electoral, ahora rechazó la propuesta de su colega venezolano de frustrar la maniobra de Washington ampliando y balanceando el espectro del Grupo de Países Amigos con la inclusión de Rusia, Francia y Cuba, entre otros.
PERSPECTIVAS Como lo fue en el caso de México, algunos analistas advierten que la nueva diplomacia de Brasil hacia Estados Unidos estará caracterizada por las contradicciones y la ambigüedad. La mediación en la crisis venezolana sería una primera prueba de ello.
Por un lado, con el envío de combustible y expertos, el Estado brasileño está ayudando a Chávez a superar la huelga con la que pretenden derrocarlo y que tiene en el sector de hidrocarburos su eslabón más sensible. Por el otro, al aceptar codirigir con el gobierno de Bush el Grupo de Países Amigos podría quedar comprometido con el proyecto estadounidense de deshacerse de Chávez mediante un golpe institucional.
Claro que existe otra posibilidad: mientras Washington y la oposición venezolana creen en los resultados de sus propias encuestas que indican que el oficialismo sólo cuenta con un 20 por ciento del electorado, el gobierno de Lula y el propio Chávez podrían tener información de que la correlación de fuerzas es la contraria y, por lo tanto, estarían dispuestos a jugar la carta electoral como una forma de relegitimación.
En todo caso se trata de una apuesta de alto riesgo que no parece tener en cuenta ni el poder del dinero en una elección (la oposición patronal venezolana y las agencias gubernamentales estadounidenses tienen todo el necesario) ni antecedentes históricos como los comicios que desplazaron al sandinismo del poder en Nicaragua.