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Tras dos semanas de enfrentamientos, una a piedra y bala y la otra menos virulenta pero con intermitentes estallidos de violencia, los cocaleros y el gobierno boliviano se alistan para iniciar negociaciones en busca de una salida a la convulsionada situación que vive el país más pobre de Sudamérica..
En la mesa de diálogo, que se instalará este sábado en horas de la noche en Cochabamba, la tercera ciudad en importancia de Bolivia y epicentro de la protesta social, se sentarán frente a frente el líder cocalero Evo Morales y el presidente de la República Gonzalo Sánchez de Lozada, según los anuncios oficializados esta noche por ambos bandos..
A primera vista, el diálogo no parece nada sencillo, dadas las demandas de los cocaleros por lograr el cese de la erradicación forzosa de la coca y la bolivianización de la política sobre el gas natural, aspectos a los que se opone el gobierno neoliberal. Un anterior intento por iniciar el diálogo sobre estos temas quedó trunco el pasado fin de semana, ante la negativa del movimiento cocalero por suspender el bloqueo de caminos y congelar sus movilizaciones..
El acercamiento entre las partes en conflicto fue posible por la mediación del Senado Nacional y las organizaciones de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, cuyas iniciativas fueron aceptadas por los cocaleros y el gobierno, que estaban entrabados en un conflicto en el que ninguna de las partes mostraba la suficiente capacidad para imponerse por la fuerza..
En la primera semana del conflicto (13 al 19 de enero), el gobierno neoliberal había militarizado los caminos y reprimido con extraordinaria violencia al movimiento cocalero, pero sin lograr doblegar a los bloqueadores en el valle cochabambino y en algunas regiones del occidente. Los cocaleros, por su parte, no habían logrado consolidar los bloqueos ni tampoco extender su protesta a las ciudades en forma consistente. Una veintena de muertos, casi todos ellos cocaleros y jubilados, cerca de un centenar de heridos y contusos y más de un millar de detenidos, la mayor parte de ellos puestos en libertad, no fueron suficientes para torcer el pleito a favor de alguno de los contendientes..
Para romper el punto muerto en el que cayó el conflicto, en la segunda semana el gobierno y los cocaleros se empeñaron a fondo para lograr el apoyo de otras organizaciones sociales y movimientos populares. Sánchez de Lozada trató de aislar a Evo Morales y logró acuerdos parciales con jubilados y rentistas, otro foco social conflictivo, e inició negociaciones para atender las demandas sociales de los mineros, campesinos sin tierra y dirigentes de la Central Obrera Boliviana. A los jubilados les concedió diferir por un año, hasta el 2004, la devaluación de sus rentas, y a los otros sectores los convenció parcialmente con promesas..
Por su parte, Morales, diputado y jefe del opositor Movimiento Al Socialismo (MAS) organizó el "estado mayor del pueblo" de la resistencia antineoliberal junto a los campesinos del Altiplano, trabajadores fabriles, estudiantes universitarios, maestros y organizaciones menores, que tuvieron una presencia esporádica en los enfrentamientos y movilizaciones..
Varios dirigentes de las organizaciones sociales se inclinaron inicialmente por el diálogo con el gobierno, aunque sus bases pugnaban por engrosar y fortalecer la embestida antineoliberal..
En esta guerra paralela al de las piedras y las balas, ni Sánchez de Lozada ni Evo Morales lograron del todo sus objetivos. En la convulsionada Bolivia hay entre los trabajadores urbanos y campesinos un creciente apoyo hacia las demandas cocaleras, pero también un marcado rechazo entre los sectores empresariales y las clases medias más acomodadas de las ciudades. El desgaste de Sánchez de Lozada es mayor en todos los segmentos de la población..
En este escenario, el diálogo que se inicia este sábado aparece como otro capítulo del enfrentamiento entre las fuerzas antineoliberales y el gobierno, que puede derivar en una nueva escala de violencia, si no se logran resultados que convenzan por lo menos en mínima parte a los bandos en conflicto. En la agenda de la discusión quedan como temas fundamentales la erradicación de cocales, el destino y propiedad del gas natural y otras demandas campesinas.