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Dos muertos en los enfrentamientos agrava el conflicto social boliviano, aunque, por ahora, el tema parece no preocuparle al Presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada, que viajó a Ecuador, a la posesión del mandatario Lucio Gutiérrez.
Los conflictos, iniciados en la semana pasada, dieron fin a una tregua de cinco meses en los que el gobierno y los sectores sociales intentaron encontrar soluciones a temas conflictivos que van desde el pago de deudas del Estado a la Caja Nacional de Salud, una suspensión de la erradicación de cocales hasta la negativa al ingreso de Bolivia al Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) y la venta de gas por Chile.
Aunque las marchas comenzaron el miércoles de la semana pasada con un paro del transporte, los conflictos se agravaron desde el lunes cuando las carreteras que vinculan el departamento de Cochabamba con Santa Cruz fueron obstaculizadas con piedras, troncos y otros objetos que los cocaleros colocaban para impedir el paso de camiones, buses y otros vehículos que se encontraban en el lugar, llegando a apedrear a éstos ocasionando que los pasajeros se dirijan a su destino caminando.
El conflicto se agravo hoy después que al medio día los jubilados marchistas suspendieron las negociaciones con el gobierno y, poco después, con la muerte de dos campesinos provocada por disparos de militares que patrullan la localidad de Cayarani en la región de Coloni a 60 Km. de Cochabamba.
Según los diputados del MAS, el partido liderado por Evo Morales convertido en el más importante de la oposición, en las regiones de los bloqueos los uniformados cometen abusos contra los campesinos, incluso contra los parlamentarios que —según las leyes bolivianas gozan de inmunidad— se encuentran participando del movimiento sociales.
Imágenes difundidas por medios de televisión muestran que fuerzas combinadas de policías y militares no sólo despejan las carreteras bloqueadas, sino que en ese intento se producen enfrentamientos, algunos de ellos violentos, con los campesinos.
Mientras, el Poder Ejecutivo mantiene su posición de no dialogar mientras los sectores sociales mantengan las medidas de presión y afirma que la solución al conflicto ya fue planteada hace varias semanas.
Sin embargo, el gobierno intenta aislar los planteamientos cocaleros, aunque su dirigente, Evo Morales, afirmó que se negociará sólo si el gobierno accede a discutir todos los puntos demandados entre los que figura la negativa a vender gas al mercado de California por puertos chilenos, la recuperación de los hidrocarburos, la recuperación de las empresas capitalizadas, la tenencia de tierra y peticiones sectoriales.
En otro frente se encuentran los rentistas jubilados, que a partir del pasado jueves 9, realizan una marcha desde Patacamaya, población que se encuentra a 100 kilómetros de La Paz, con rumbo a la sede de gobierno en exigencia de la modificación del artículo tres de la le ley de actualización de mantenimiento de valor, que les reduce de su renta 70 bolivianos, debido a que ya no estarían indexadas al dólar.
Este sector definió esta jornada romper el diálogo con el gobierno, porque hasta el momento solo recibió de él informes acerca del supuesto beneficio que les significará la modificación de la ley 2434.
El conflicto podría agravarse en las próximas horas si los campesinos liderados por Felipe Quispe se pliegan a los bloqueos. Quispe, quien en el año 2000 dirigió dos bloqueos que conmocionaron al país, anunció que si había un muerto en los bloqueos, el altiplano se sumaría a la convulsión social.
El Movimiento Sin Tierra anunció que el miércoles definirán qué medidas de presión ejecutan en exigencia de dotación de tierras, titularización de tierras ocupadas, expropiación de tierras ociosas y castigo a aquellos que mataron a varios campesinos.