Mientras el Ejecutivo ordena el despliegue de militares y policías para impedir el bloqueo de carreteras del lunes 13, más sectores se suman a las movilizaciones iniciadas por los cocaleros y el Movimiento al Socialismo. El diálogo parece cada vez más lejano y los temores por las consecuencias del bloqueo carretero aumentan. El diario La Patria, de la sureña ciudad de Oruro, asumió como una advertencia de decretar el Estado de Sitio las declaraciones del vocero presidencial, Mauricio Antezana, en el sentido que, ante el cierre vial, el Gobierno usará las normas legales a su alcance para garantizar el libre tránsito.
Unos 3.500 efectivos fueron enviados al trópico de Cochabamba. Y son más de 15 las organizaciones que participarán de las movilizaciones El Gobierno ordenó el despliegue de efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía al trópico de Cochabamba, para evitar que los cocaleros y diferentes movimientos sindicales obstruyan el libre tránsito y convulsionen la zona.
El presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, ordenó coordinar a los ministerios de Gobierno y de Defensa la ejecución de un operativo conjunto de seguridad, con la finalidad de evitar que los cocaleros, liderados por Evo Morales, logren paralizar las carreteras Cochabamba-La Paz, Chimoré-Santa Cruz, por lo que se espera contar con el adecuado número de uniformados para sofocar los conflictos.
El ministro de Defensa, Freddy Teodovic, afirmó ayer, que a pesar de las medidas de presión que ejerzan los productores de coca en Cochabamba, el Gobierno no revisará su posición de continuar con las labores de erradicación y exigir la aplicación de un estudio de mercado legal de la coca, por lo que las fuerzas del orden impedirán que se convulsione al país.
"Quiero asegurar que el Gobierno no permitirá el bloqueo de caminos que lo único que logra es atentar contra el derecho constitucional del libre tránsito y ocasiona daños irreparables a la economía del país (...) Las Fuerzas Armadas van a proteger el orden como es su mandato y actuarán en el marco de la Ley", dijo Teodovic.
En tanto, el subcomandante de la Policía Nacional, Oscar Torres, dijo que la instrucción del Gobierno es coordinar con las FFAA la ejecución de un operativo anti-bloqueo con el desplazamiento de unidades combinadas de militares y policiales para impedir la obstrucción de la ruta Chimoré-Santa Cruz y de los demás caminos que existen en el Chapare.
"Las instrucciones son precisas, se están coordinando las acciones, tanto de las Fuerzas Armadas como la Policía, se están elaborando planes estratégicos y tácticos para estar listos si se presenta algún acontecimiento. Se está llevando un número de efectivos necesarios para poder operar en esas zonas que posiblemente sean conflictivas", recalcó.
La autoridad dijo que por estrategia no se puede revelar la cantidad exacta de policías que fueron trasladados en las últimas horas al trópico de Cochabamba, sin embargo, de acuerdo con información del Comando General de la institución, se habría enviado ya 1.300 efectivos de La Paz, 800 de Cochabamba, 1.000 de Santa Cruz y 500 de Oruro y Sucre.
Bloqueo de caminos
Unas 15 organizaciones decidieron apoyar el bloqueo de caminos que se iniciará en todo el país el próximo lunes 13 de enero. El diputado Dionisio Núñez (MAS), informó que varios sectores sociales comprometieron su apoyo lo que garantiza el éxito de las movilizaciones. El pronunciamiento firmado tras una reunión realizada ayer en Cochabamba señala que "hasta ahora hemos sido tolerantes, pero todo tiene un límite y creemos que llego la hora de exigir a nuestros gobernantes que se escuche y viabilice nuestras demandas". El parlamentario señaló que esto desvirtúa las afirmaciones del Gobierno en sentido que el conflicto estaba centrado sólo en el Chapare.
Los sectores que comprometieron su apoyo al bloqueo de caminos son: trabajadores por cuenta propia de La Paz y El Alto, comerciantes minoristas de la hoja de coca, gremiales, artesanos y comerciantes minoristas de La Paz, El Alto y Viacha, Sindicato de la Prensa de La Paz, estudiantes de la Universidad Pública de El Alto, Central Obrera Regional de El Alto, Pequeños prestatarios, estudiantes de secundaria, mineros relocalizados de Siglo XX, comunidades agrarias de El Alto, maestros rurales, Movimiento Sin Tierra, Federación Departamental de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa.
A estos sectores se suman los cocaleros de los Yungas, colonizadores y el Comité Cívico Interprovincial que además sumarán nuevas demandas a las ya planteadas al Gobierno. Núñez señaló que el bloqueo en La Paz se realizará en los sectores de los Yungas, la carretera La Paz Oruro, La Paz- Copacabana y la ruta hacia Río Abajo. Esta medida estará apoyada por movilizaciones permanentes en la ciudad, un cerco a los edificios de los ministerios y bloqueos esporádicos.

Unos seis mil jubilados se reunieron ayer en la localidad de Patacamaya, a 100 kilómetros de La Paz, para comenzar hoy su caminata hacia esta ciudad, en demanda de la anulación del artículo 3 de la Ley de Mantenimiento de Valor, porque consideran que ésta disminuye el poder adquisitivo a sus rentas mensuales
Los marchistas esperaban ayer a más jubilados, que llegan paulatinamente de otros a esa localidad, para arrancar con la medida de presión a partir de las 5 de la mañana de hoy. La plaza de Patacamaya fue el escenario de concentración de los miles de rentistas, donde la directiva sindical, presidida por su ejecutivo, Wenceslao Argandoña, informó sobre el fracaso del diálogo que tuvieron con el Gobierno. "No hay nada que pueda detener nuestra marcha. No existe un ofrecimiento de revisión del Gobierno, pues, mantiene su posición radical y de confrontación", indicó Argandoña.
El viceministro de Régimen Interior, José Luis Harb, afirmó que la Policía en coordinación con el Ministerio de Salud pusieron a disposición de los jubilados, tres ambulancias provistas del equipo médico adecuado y el personal calificado para prestar el inmediato auxilio en caso de emergencia. La autoridad señaló que se ordenó el despliegue de patrulleros para evitar que los jubilados obstruyan el tráfico vehicular de la carretera.
Evo Morales tendrá que enfrentar un juicio penal si se realiza el anunciado bloqueo de carreteras en el trópico de Cochabamba, anunciaron ayer la empresaria hotelera Martha Torres y su abogado Cayo Salinas. La posibilidad de que la querella anunciada prospere, incluso hasta lograr una pena de cárcel contra el diputado del MAS, resulta de una Sentencia Constitucional emitida por la Corte Superior de Cochabamba y ratificada por el Tribunal Constitucional.
La mencionada sentencia ordena que el "Evo Morales se abstenga de seguir restringiendo, suprimiendo y amenazando restringir y suprimir los derechos y garantías de (Martha Torres), para cuyo objeto debe ordenar a las organizaciones que dirige, dejen sin efecto las medidas de bloqueo de carreteras.
De acuerdo don las explicaciones del abogado Salinas, si Morales no obedece esa orden es pasible de una sanción penal, sin que pueda valerse de su investidura parlamentaria, pues así lo establece el Código Penal. La señora Torres, propietaria de un hotel cerca de Villa Tunari, inició una demanda contra Evo Morales, por los daños y perjuicios causados por los bloqueos carreteros del año 2001.
[Información difundida por Clajadep]