(Jatha).- La Asamblea Permanente de Derechos Humanos denunció el viernes que el Ministerio Público guarda un silencio "cómplice" y no inició las investigaciones para establecer responsabilidades e identificar a los autores de los cinco muertos que se registraron en los enfrentamientos tanto en el trópico cochabambino como en San Julián.
Sacha Llorenti, miembro de la Asamblea de Derechos Humanos, informó que durante los últimos hechos registrados en Cochabamba y Santa Cruz, se ha detenido indebidamente a más de 300 personas de las cuales la mayoría fueron puestas en libertad. Sin embargo, quedan 20 que están siendo procesadas penalmente.
"Estamos tomando acciones legales para impedir que éste extremo se haga realidad porque en la mayoría de los casos las detenciones han sido ilegales", manifestó en declaraciones a radio Panamericana.
Agregó que en las negociaciones entre el gobierno y los cocaleros esperan no tener que negociar la situación de los detenidos porque en un estado de derecho "esas cosas no deberían pasar. No se puede tomar a personas detenidas como rehenes para una futura negociación".
Llorenti condenó éstos hechos y expresó su esperanza de que el estado de derecho prevalezca.
"Llamamos la atención en sentido que ya tenemos 5 muertos y más de 50 heridos y el Ministerio Público, guardando un silencio cómplice, no ha iniciado las investigaciones para determinar la responsabilidad en estas muertes en las lesiones provocadas a estas personas", manifestó al subrayar que es imprescindible identificar a los responsables porque no se habla de accidentes sino de homicidios y en otros casos de asesinatos de acuerdo a los testimonios recibido por la Asamblea de Derechos Humanos.
"Es imprescindible encontrar a los responsables que sean remitidos a la justicia ordinaria y sean procesados penalmente", destacó.