Ignacio Ramonet / Le Monde diplomatique

«En el pasado ningún gobierno había tenido el poder de mantener a sus ciudadanos bajo una constante vigilancia.
Ahora, la Policía del pensamiento vigilaba a todo el mundo, constantemente».
George Orwell, 1984 Quienes proyecten ir a Estados Unidos deben saber que en virtud de un acuerdo entre la Comisión Europea y las autoridades federales, la compañía aérea con la que se disponen a viajar proporcionará determinadas informaciones personales, sin su consentimiento, a las aduaneros norteamericanos. Antes incluso de entrar en el avión, las autoridades norteamericanas conocerán su nombre, apellidos, edad, dirección, número de pasaporte y de tarjeta de crédito, estado de salud, preferencias alimenticias (que pueden traducir la religión), viajes precedentes, etc.
Estos datos se proporcionarán a un dispositivo de filtro Bautizado CAPPS (Computer Assisted Passanger Pre-Screening o Sistema Asistido por Ordenador de Control Preventivo) para detectar a posibles sospechosos. Controlando la identidad de cada viajero y comparándola con las informaciones de los servicios policiales, del departamento de Estado, del ministerio de justicia y de los bancos, CAPPS evaluará el grado de peligrosidad del pasajero y le atribuirá un código de color: verde para los inofensivos, amarillo para los casos dudosos y rojo para aquellos a los que se les impedirá acceder al avión.
Si el visitante es musulmán u originario de Oriente Medio, el código amarillo de sospechoso se le atribuirá automáticamente.
Y el Programa de seguridad en las fronteras autoriza a los agentes de aduanas a fotografiarlo y a sacar sus huellas digitales.
También los hispanoamericanos están en el punto de mira. Se ha descubierto que 65 millones de mejicanos, 31 millones de colombianos y 18 millones de centro- americanos estaban fichados sin ellos saberlo.
En cada ficha figuran la fecha y lugar de nacimiento, el sexo, la identidad de sus padres, una descripción física, la situación matrimonial, el número de pasaporte y la profesión declarada.
Con frecuencia estos informes registran otras informaciones confidenciales, como las direcciones personales, los números de teléfono, de cuenta bancaria y de matrícula del coche, así como las huellas digitales.
De esta manera, poco a poco todos los hispanoamericanos serán etiquetados por Washington.
«El objetivo es instaurar un mundo más seguro.
Hay que estar informado sobre el riesgo que suponen las personas que entran en nuestro país», ha declado James Lee, un responsable de ChoicePoint, la empresa que compra estos ficheros para revendérselos a la administración de EE.UU.
Porque la ley norteamericana prohíbe almacenar informaciones personales.
Pero no encargar a una sociedad privada que lo haga para el gobierno.
Instalada cerca de Atlanta, ChoicePoint no es una empresa desconocida.
Durante el escrutinio presidencial de 2000 en Florida, su filial Database Technologies (DBT) recibió el encargo del gobierno de reorganizar las listas electorales.
Resultado: miles de personas fueron privadas de su derecho al voto.
Lo que modificó los resultados del escrutinio, ganado por Bush con sólo 537 votos de ventaja...
Se recuerda que esta ventaja le permitió acceder a la presidencia.
Los extranjeros no son los únicos que son objeto de una creciente vigilancia.
Los ciudadanos norteamericanos no se escapan a la actual paranoia.
Nuevos controles, autorizados por la ley Patriot Act, vuelven a poner en cuestión la vida privada y el secreto de la correspondencia.
Ya no se requiere autorización para ser sometido a escucha telefónica.
Los investigadores pueden acceder a las informaciones personales de los ciudadanos sin orden de registro.
Así, el FBI pide a las bibliotecas que le suministren las listas de libros y de páginas de Internet consultadas por sus abonados para trazar un «perfil intelectual» de cada lector.
Pero el más delirante de todos los proyectos de espionaje ilegal es el que elabora el Pentágono con el nombre de Total Information Awareness (TIA), sistema de vigilancia total de las informaciones, confiado al general John Poindexter, condenado en los años ochenta por haber sido el instigador del asunto Irán-Contra.
El proyecto consiste en recopilar una media de 40 páginas de informaciones sobre cada uno de los seis mil millones de habitantes del planeta y confiar su tratamiento a un hiperordenador.
Tratando todos los datos personales disponibles -pagos por medio de tarjeta de crédito, abonos a los media, movimientos bancarios, llamadas telefónicas, consultas a páginas web, correos electrónicos, ficheros policiales, informes de las compañías de seguros, informes médicos y de la seguridad social- el Pentágono proyecta establecer el perfil completo de cada individuo.
Como en la película de Steven Spielberg «Minority Report», las autoridades creen poder prevenir los crímenes incluso antes de que se cometan. «Habrá menos vida privada, pero más seguridad», considera John L. Petersen, presidente del Arlington Institute, «podremos anticipar el futuro gracias a la interconexión de todas las informaciones que les conciernen a ustedes.
Mañana, sabremos todo de ustedes».
Big Brother está pasado de moda.