 Internacional |
La ilegalidad de las reformas en Irak
Naomi Klein
Masiosare
Según expertos en derecho internacional, si el próximo gobierno iraquí decide que no quiere ser una sucursal propiedad de Bechtel y Halliburton tendrá fundamentos legales para volver a nacionalizar los bienes que fueron privatizados bajo los edictos de la Autoridad Provisional de la Coalición.
No es demasiado tarde para negarle a los invasores de Irak la miríada de premios económicos por los cuales se lanzaron a la guerra
Cancelen los contratos. Abandonen los acuerdos. Hagan trizas las reglas.
Estas son algunas sugerencias de lemas que podrían ayudar a unificar el creciente movimiento contra la ocupación de Irak. Hasta ahora, los debates de los activistas se han enfocado en si la demanda debería ser un retiro total de las tropas o que Estados Unidos le ceda el poder a las Naciones Unidas.
Pero la discución que gira en torno a "que se salgan las tropas" no toma en cuenta un importante hecho. Aún si el último soldado se sale del Golfo mañana y un gobierno soberano llega al poder, Irak seguiría ocupada: por las leyes escritas pensando en los intereses de otro país, por las empresas extranjeras que controlan sus servicios básicos, por el 70% de desempleo provocado por los despidos en el sector público.
Cualquier movimiento que tome en serio la autodeterminación iraquí debe demandar no sólo el fin de la ocupación militar en Irak, sino también de su colonización económica. Eso significa revertir las reformas de terapia de shock que el administrador estadunidense de Irak, Paul Bremer, fraudulentamente hizo pasar como "reconstrucción", y cancelar todos los contratos de privatización que emanan de estas reformas.
¿Cómo se puede lograr una meta tan ambiciosa? Fácil: mostrando que, para empezar, las reformas de Bremer son ilegales. Claramente violan la convención internacional que gobierna el comportamiento de las fuerzas de ocupación, las Regulaciones de La Haya de 1907 (la compañera de las Convenciones de Ginebra de 1949, ambas ratificadas por Estados Unidos), así como el propio código de guerra del ejército estadunidense.
Las regulaciones de La Haya declaran que una fuerza de ocupación debe respetar, "a menos que se vea absolutamente imposibilitada de hacerlo, las leyes bajo las cuales se rige el país". Con gozoso desafío, la Autoridad Provisional de la Coalición (APC) hizo trizas esta simple regla. La constitución de Irak no permite que los bienes clave del Estado sean privatizados y prohíbe que los extranjeros sean dueños de empresas iraquíes. No hay manera de argumentar que la APC estuvo "absolutamente imposibilitada" de respetar esas leyes, y sin embargo, hace dos meses, la APC las revocó unilateralmente.
El 19 de septiembre, Bremer promulgó la ahora tristemente famosa Orden 39. Anunciaba que 200 compañías estatales iraquíes serían privatizadas; decretaba que las empresas extranjeras podían retener 100% de la propiedad de bancos, minas y plantas iraquíes; y permitía que esas empresas sacaran 100% de sus ganancias de Irak. The Economist declaró que las nuevas reglas eran un "sueño capitalista".
La Orden 39 también viola las Regulaciones de La Haya de otras maneras. La convención declara que las fuerzas de ocupación "serán tomadas en cuenta sólo como administradoras y usufructuarias de edificios públicos, bienes raíces, bosques y tierras agrícolas pertenecientes al Estado hostil, y situados en el país ocupado. Debe salvaguardar el capital de estas propiedades, y administrarlas de acuerdo a las reglas de usufructo".
El Diccionario de Leyes de Bouvier define "usufructo" (probablemente la palabra más fea del idioma inglés) como un arreglo que otorga a una parte el derecho de usar y derivar beneficios de la propiedad de otro "sin alterar la sustancia de la cosa". Puesto de manera más simple, si eres una niñera, puedes comerte los alimentos que están en el refrigerador, pero no puedes vender la casa y convertirla en condominios. Sin embargo, esto es lo que está haciendo Bremer: ¿qué podría alterar más "la sustancia" de un bien público que volverlo privado?
Por si aún no le quedaba claro este detalle a la APC, la ley de guerra terrestre del ejército estadunidense declara que "el ocupante no tiene derecho a vender la propiedad [no militar] o a hacer un uso de ella para el que no está calificado". Esto queda bastante claro: bombardear algo no te da el derecho a venderlo. Todo parece indicar que la APC está consciente de lo ilegal de su plan de privatización. En un memorándum filtrado, escrito el 26 de marzo, el procurador general de Gran Bretaña, Lord Peter Goldsmith, advirtió al primer ministro Tony Blair de que "la imposición de grandes reformas económicas estructurales no estaría autorizada por la ley internacional".
¿Un feliz matrimonio?
Hasta ahora, la mayor parte de la controversia que rodea la reconstrucción de Irak se ha centrado en el derroche y la corrupción a la hora de otorgar los contratos. Esto no le da en el clavo a la amplitud de la violación: aunque el remate de Irak se hiciera con trasparencia total y licitación abierta, de todos modos sería ilegal por la simple razón de que Irak no es de Estados Unidos para que lo venda.
El reconocimiento del Consejo de Seguridad de la autoridad de ocupación de Estados Unidos y el Reino Unido no provee de una cobertura legal. La resolución de las Naciones Unidas que se aprobó en mayo requiere que los poderes de ocupación "acaten a plenitud sus obligaciones bajo las leyes internacionales, incluyendo las Convenciones de Ginebra de 1949 y las Regulaciones de La Haya de 1907".
Según un creciente número de expertos en derecho internacional, esto implica que si el próximo gobierno iraquí decide que no quiere ser una sucursal propiedad de Bechtel y Halliburton, tendrá poderosos fundamentos legales para volver a nacionalizar los bienes que fueron privatizados bajo los edictos de la APC. Esa es la opinión de Juliet Blanch, la encarga legal de arbitraje en materia energética e internacional del importante despacho, Norton Rose. Dice que debido a que las reformas de Bremer contradicen directamente la constitución de Irak, "no acatan la ley internacional y probablemente no se puedan hacer cumplir". Blanch argumenta que la APC "no tiene ninguna autoridad o habilidad para firmar esos contratos [de privatización]" y que un gobierno soberano iraquí tendría "serios argumentos a favor de volver a nacionalizar sin pagar compensación". Las empresas que se enfrentan a este tipo de expropiación no tendrían, según Blanch, "ningún remedio legal".
La única salida para la administración actual es asegurarse de que el próximo gobierno iraquí sea todo menos soberano. Debe ser lo suficientemente complaciente como para ratificar las leyes ilegales de la APC, que entonces serán festejadas como el feliz matrimonio de los libres mercados y los pueblos libres. Una vez que eso suceda, será demasiado tarde: los contratos estarán firmados, los acuerdos hechos y la ocupación de Irak será permanente.
Razón por la cual las fuerzas contra la guerra deben usar esta ventana que rápidamente se cerrará para demandar que el próximo gobierno iraquí esté libre de los grilletes de las reformas impuestas por Bremer. Es demasiado tarde para parar la guerra, pero no para negarle a los invasores de Irak la miríada de premios económicos por los cuales se lanzaron a la guerra en primer lugar.
No es demasiado tarde como para cancelar los contratos y abandonar los acuerdos.
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(Traducción: Tania Molina Ramírez. Copyright 2003 Naomi Klein. Una versión de este artículo fue publicado en The Nation -www.thenation.com)
