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Los trabajadores franceses preparan nuevos planes de lucha para el mes de septiembre. A pesar de las movilizaciones que durante mayo y junio reunieron a millones de personas el gobierno de la derecha ha decidido seguir adelante con las reformas ultra-liberales. Al despedazamiento del sistema jubilatorio puesto en marcha, se suman los proyectos de descentralización de los servicios públicos y la progresiva privatización de la seguridad social. Los últimos datos del mes de agosto reflejan un fuerte aumento de la desocupación. Frente a los reclamos populares el primer ministro francés Jean Pierre Raffarin respondió desafiante que «la calle no gobierna más en Francia». Sin embargo, la irrupción popular de los últimos meses comenzó a delinear un clima de exasperación frente al tono amenazante del gobierno.

La derecha francesa ha decidido golpear fuerte y rápido. Poco antes de los recesos de verano el gobierno avanzó en una reforma del sistema previsional que extiende la edad mínima requerida para poder jubilarse y se financia a partir del perjuicio directo de los trabajadores. Aunque el gobierno sostiene que sus intenciones han sido mal interpretadas y que hay un «déficit de comunicación con la gente», los trabajadores franceses comprenden bien de lo que se trata. Por eso las masivas movilizaciones de mayo y junio. Por eso se avecinan nuevos conflictos para septiembre luego del las vacaciones de verano. El gobierno intentará avanzar en su proyecto de descentralización de la educación y en las privatizaciones de los servicios públicos estatales. En este contexto de reformas masivas la oposición socialista ha demostrado su total complacencia con el primer paso dado en el terreno de las jubilaciones. Varios de sus mas altos dirigentes sostuvieron que no había otra alternativa, postura acorde con los intentos de reforma que este partido había querido implementar hace unos años.

La reforma aprobada el 24 de julio en el parlamento exige cinco años más de trabajo para poder jubilarse. La respuesta del gobierno frente al reclamo de los trabajadores fue simple: trabajen más, aporten más, cobren menos. El gobierno pretende ampararse en justificaciones «técnicas» : «El déficit fiscal es alto, debemos bajar el gasto público, la caja de jubilaciones está en bancarrota, etc ,etc, etc». Pero el debate es político. Y la política del gobierno con la complacencia de los socialistas ha optado por tomar a los trabajadores y asalariados como sus variables de ajuste. Con la reforma actual el noventa por ciento del financiamiento de las jubilaciones es solventado por el trabajo, mientras que el capital no cesa de recibir rebajas de impuestos. Los salarios de los trabajadores en las grandes empresas han descendido seriamente en los últimos años, pero al mismo tiempo hubo una enorme reducción del impuesto a las ganancias. Solamente estas reducciones para los capitalistas franceses, treinta mil millones de euros entre 2003 y 2006, bastarían para financiar sin problemas las jubilaciones de los empleados públicos, sector sobre el que la derecha se ha decidido a avanzar inspirado en sus «datos técnicos».

El gobierno ha conseguido la aprobación de la nueva ley hace unos días y el primer ministro francés advirtió que deberán haber nuevos ajustes periódicamente. Los proyectos de descentralización de la educación y de privatización de los servicios públicos estarán en el centro de los debates a partir de septiembre. Los movimientos que iniciaron la resistencia los meses pasados se encaminan a conformar un «partido huelguista» decididos a frenar el avance de la derecha que pretende adoptar lo que denomina «las exigencias de la globalización».

Frente a la perspectiva de un conflicto a largo plazo hace un par de semanas el gobierno lanzó una advertencia al detener al líder campesino José Bové acusado de sabotear plantaciones de trangénicos. El mensaje pretende dejar en claro que la derecha está dispuesta a utilizar todos los medios para criminalizar las acciones sindicales y de resistencia. Los huelguistas y manifestantes de mayo y junio no han podido hacer retroceder al gobierno en los primeros pasos de su plan de reformas. Pero el combate no está cerrado. Decirle basta a la avanzada liberal dependerá en gran medida de las luchas que se avecinan en los próximos meses.

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