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ONG's y oposición exigen fondos para recuperar las víctimas del franquismo. Recuerdan que Defensa ha pagado la búsqueda de caídos de la División Azul.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y otras organizaciones no gubernamentales (ONG) dispuestas a impedir que las atrocidades del franquismo queden en el olvido llevan exhumados 210 cadáveres de republicanos enterrados en fosas comunes. Estas asociaciones denuncian que aún no han recibido ni un euro del Gobierno para sufragar estos trabajos.

El 20 de noviembre del 2002, el Congreso aprobó por unanimidad la condena del franquismo e instó a las instituciones a apoyar "cualquier iniciativa promovida por los familiares" de las víctimas. Desde entonces, las ONG dedicadas a la recuperación de la memoria histórica piden sin éxito fondos estatales. La oposición se ha sumado a esta demanda.

Emilio Silva, presidente de la ARMH, explica que su asociación ha exhumado 205 cuerpos.

Empezó con 13 en Prioranza, y siguió con 19 en León, 103 en Burgos, 30 en Badajoz, 19 en Asturias, 9 en Valladolid, 7 en Toledo, 3 en Ávila y 2 en Guipúzcoa. A ellos hay que sumar 5 en Segovia, a cargo del Foro para la Memoria, grupo vinculado a IU.

VOLUNTARIOS

Según Silva, el trabajo se ha hecho gracias a voluntarios y ayudas de pequeños ayuntamientos y organismos, aunque confiesa que la labor pendiente les desborda. La misma inquietud tiene Dolores Cabra, presidenta de la Asociación Guerra y Exilio (AGE), que agrupa a maquis y brigadas internacionales. Cabra pide que el Gobierno ayude a exhumar fosas pequeñas y dignificar las grandes fosas comunes, donde la exhumación es casi imposible.

Silva y Cabra recuerdan que el Ministerio de Defensa está subvencionando a los familiares de los soldados franquistas de la División Azul caídos en Rusia. 1.162 cadáveres han sido ya recuperados de las fosas comunes y enterrados en el cementerio de Pankovka (Novgorod), y otros han sido repatriados a España.

El diputado del PP Manuel Atencia precisa que en la moción aprobada el 20 de noviembre "no había ningún mandato al Gobierno, porque su ámbito competencial no tiene nada que ver con las exhumaciones". Asociaciones y oposición estiman que la moción obliga al Gobierno aunque sólo sea a ayudar econó- micamente a los ayuntamientos.