La vieja Europa

Jaime Pastor
La Otra Realidad
En la Cumbre de la UE recientemente celebrada en Salónica se ha presentado el proyecto de Constitución que deberá ser discutido en la Conferencia Intergubernamental de otoño de este año y, posteriormente, sometido a aprobación en todos los Estados miembros de la Unión antes de finales de 2004. En el Estado español parece haber ya un pacto entre PP y PSOE para modificar la legislación con el fin de celebrar un referéndum sobre la Constitución el 13 de junio de ese año, coincidiendo con las elecciones al Parlamento Europeo. Como se ve, las prisas y el interés en crear una falsa polarización entre "europeístas" y "antieuropeístas" se anteponen a la necesidad de asegurar la información y el debate necesarios para que la ciudadanía sepa lo que está en juego. Nos queda, por tanto, poco tiempo para poder responder a un proyecto que no es producto de ningún proceso constituyente surgido desde abajo sino de una Convención cuyas deliberaciones se han caracterizado por su hermetismo y su escasa sensibilidad a las demandas de Foros como el que se reunió en Florencia en noviembre de 2002.

Una lectura rápida de ese documento viene a confirmar no sólo el carácter elitista de la Convención que lo ha elaborado sino, sobre todo, el rumbo neoliberal, estatocéntrico y militarista en el que se está embarcando la UE. Empezando por la oportunista y equívoca cita de Tucídides (¿dónde están el pluralismo y el respeto a las minorías como rasgos que también definen a la democracia?) y por la interesada reinvención de la historia europea ("Europa es un continente portador de civilización"...), siguiendo por la exclusión de los pueblos en general y de las distintas identidades nacionales que se encuentran dentro de los Estados actuales (sólo existe la "identidad nacional de sus Estados miembros" y el respeto a su "integridad territorial" /1) y continuando con la atribución de la ciudadanía europea sólo a quienes ostenten "la nacionalidad de un Estado miembro", es toda una arquitectura complicada y confusa de instituciones, dirigida a legitimar tanto los sucesivos Tratados (desde el Acta Unica hasta Niza) como el Pacto de Estabilidad y el "espíritu de Lisboa", la que se pretende refrendar durante el próximo año.

Los eufemismos que acompañan la redacción del proyecto no tienen desperdicio. Así, en el artículo I.3.3 se dice que "La Unión obrará en pro de una Europa caracterizada por un desarrollo sostenible basado en un crecimiento económico equilibrado, en una economía social de mercado altamente competitiva": en un mismo párrafo nos encontramos con una utilización del concepto, ya devaluado, de "desarrollo sostenible", al lado del de "crecimiento económico equilibrado" (teóricamente incompatible con aquél, aun en su versión "light") y, sobre todo, cuando están orientados ambos a la defensa de una "economía social de mercado altamente competitiva" en la que el adjetivo "social" queda subsumido en la idea dominante de competitividad...capitalista y ecocida. Todo esto queda confirmado cuando, al referirse a las competencias exclusivas de la Unión, el proyecto deja claro que la UE tiene "competencia exclusiva para establecer las normas sobre la competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior" (art. I.12.1) o que "El objetivo principal del Sistema Europeo de Bancos Centrales será mantener la estabilidad de los precios"; o que en las materias fiscales y sociales tendrá que haber unanimidad /2; o, en fin, cuando no hay un reconocimiento claro de los servicios de interés general no comerciales, es decir, del derecho a los servicios públicos fundamentales, hoy amenazados por el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS) que la OMC quiere cerrar en la Cumbre de Cancún, por parte del conjunto de la ciudadanía de la Unión.

Pero donde es más evidente el impacto del 11-S y de la dependencia del "amigo americano", a pesar de las tensiones recientes, es en la referencia a la política de seguridad y defensa. En estos ámbitos no sólo "los Estados miembros se comprometen a mejorar progresivamente sus capacidades militares" (art. I.40.3) sino que, además, legitiman el eje euroatlántico a través de la OTAN (art. I.40.2 y 7), ya que la Unión "respetará las obligaciones derivadas del Tratado del Atlántico Norte para determinados Estados miembros que consideran que su defensa común se realiza dentro de la OTAN" y hará falta la unanimidad en esta materia, con lo que, como ha recordado Ignacio Sotelo, "la potencia mundial se reserva así una posición hegemónica" /3 . Si añadimos a esto la nueva "doctrina Solana", que asume, con alguna variante terminológica, las tesis de los halcones estadounidenses de la "guerra preventiva" /4, pocas dudas caben que lo único que se pide por parte europea es poder tener un lugar a la sombra del "unilateralismo" belicista que regía hasta ahora. Ni siquiera la referencia que se hace a la ONU es garantía alguna, a la vista de la legitimación de la ocupación de Iraq que ha hecho recientemente el Consejo de Seguridad.

Al lado de esos pilares básicos, arropados en un diseño institucional complicado y claramente tendente a facilitar la "eficacia" de los mecanismos intergubernamentales y de posibles vías de "cooperación reforzada" entre unos y otros Estados (mientras que un organismo como el Comité de las Regiones sigue manteniendo juntos a representantes de los entes regionales y locales), la inclusión de la Carta de Derechos Fundamentales aprobada en Niza aparece como una presunta concesión a la ciudadanía con vistas a lograr su condescendencia con el proyecto. Pero, como ya se encargaron de denunciar muchos sindicatos y organizaciones sociales, son notables las deficiencias de esa Carta, empezando por la sustitución del "derecho al trabajo" por el "derecho a trabajar" y siguiendo por el no reconocimiento de derechos de las mujeres -como el derecho al aborto-, además de que ahora Blair haya conseguido que derechos como el de huelga no puedan ser invocados ante los tribunales de cada Estado. En realidad, esa Carta no es más que una armonización a la baja de derechos sociales reconocidos en cada Estado, mientras que, eso sí, el derecho de propiedad aparece firmemente proclamado y blindado.

También es cierto que hay un reconocimiento del "principio de democracia participativa"; pero una lectura de su articulado (I.46) deja pocas dudas de que los redactores se están refiriendo a la famosa gobernanza "con las asociaciones representativas y la sociedad civil"...que compartan sus objetivos. Hay también una disposición a regular una tímida forma de iniciativa legislativa (más bien "propositiva") popular a escala europea (con no menos de 1 millón de firmas de varios países), pero la formulación es muy ambigua y se remite a una futura ley que tardará sin duda en ver la luz.

Si sumamos a todo esto una ofensiva antiinmigrantes que pretende introducir para las personas "no comunitarias" una nueva categoría de "residentes de larga duración" inferior a la de ciudadanía plena así como propuestas dirigidas a la creación de zonas de control e internamiento práctico fuera incluso de la UE (¿terminarán siendo nuevos Guantánamo?) o la creciente presión de toda la derecha europea por incluir la referencia al cristianismo en la Constitución, nos encontramos con la amenaza clara de que la nueva identidad europea se construya en torno a un discurso basado en el "choque de civilizaciones", ya predominante en la superpotencia estadounidense. Pocas esperanzas caben además en lo que pueda salir de la Conferencia Intergubernamental de otoño. La celebración del Foro Social Europeo en noviembre en París-Saint Denis tiene que ser la ocasión para que se pueda oír la voz de quienes rechazamos ese proyecto y estamos dispuestos a luchar por otra Europa, cada vez más necesaria si queremos poner un freno a esta carrera por la adhesión inquebrantable al "modelo americano".