Recuperando la memoria histórica No es posible entender lo que hoy sucede en España sin encuadrarlo en una perspectiva histórica. Los actuales gobernantes españoles que están masacrando al pueblo iraquí son herederos políticos, y en bastantes casos biológicos, de quienes masacraron a los pueblos del Estado español e instauraron la dictadura franquista en el año 1936. Han pasado muchos años sin que se haya hecho justicia a los asesinados y sin que se haya aplicado la justicia a los asesinos. Esto ha fomentado en ellos la conciencia de impunidad.
Todos los pueblos del mundo nos vemos abocados a enfrentar nuevos y difíciles retos. Euskal Herria va a seguir reivindicando su soberanía en un momento en el que la soberanía de los pueblos está en entredicho. Por eso, para afrontar con más firmeza el futuro, se está intentando recuperar la memoria histórica haciendo justicia a quienes fueron víctimas del fascismo franquista.
Navarra fue uno de los territorios vascos que sufrió con mayor rigor la represión. A pesar de que dicho territorio no fue escenario de la guerra civil, unas 3000 personas fueron ejecutadas tras el golpe de estado. 67 años después el Parlamento Navarro aprobó un reconocimiento público a los 3000 fusilados. La sesión se celebró el día 16 de Marzo y dicha Declaración Institucional fue aprobada con los votos de todos los partidos políticos excepto por los de Unión del Pueblo Navarro. Uno de los fundadores de esta formación, el ya difunto Jesús Aizpún, había participado directamente en las ejecuciones de la población civil.
También la iglesia ha quedado en evidencia. Conocida es la responsabilidad que tuvo gran parte de la iglesia navarra en el levantamiento franquista. Y conocida es la afinidad ideológica del actual Arzobispo de Navarra con las tesis del PP. La Declaración Institucional hace mención expresa de la responsabilidad eclesiástica y el Arzobispo de Iruñea quiso forzar un cambio en el texto para que no constara ese merecido reproche a la iglesia. Los presos políticos no son sujetos de derecho La invasión de Irak reabre de forma sangrante la actitud del imperialismo con los presos políticos. El estatus de tales y los derechos internacionalmente reconocidos han desaparecido. Lo que ocurrió en Afganistán y la vergonzosa experiencia de Guantánamo nos plantea un "orden nuevo" en el que los prisioneros carecen de derechos. El Gobierno español, empapado de ideología imperialista, también niega los derechos de los presos políticos vascos.
Hasta ahora, son ocho los presos que han muerto por falta de asistencia sanitaria adecuada. En la actualidad, hay otros dos prisioneros que se encuentran en situación de altísimo riesgo. Bautista Barandalla es un preso político vasco afectado por una grave enfermedad intestinal. La Juez de Vigilancia Penitenciaria de Iruñea, Isabel Huesa, tiene en su poder todos los informes médicos que avalan la gravedad de dicha enfermedad. Ha sido testigo directo de algunos de los episodios de obstrucciones intestinales que han requerido de nuevos ingresos hospitalarios. Conoce y rechazó el informe emitido por los Servicios Médicos de la prisión de Iruñea que en Diciembre de 2002 solicitaron la excarcelación de Barandalla.
Koldo Kareaga es otro militante vasco que lleva 22 años en prisión. Hace diez meses se le detectaran los primeros síntomas de un mal que sólo mereció tratamiento paliativo ligero. Ante la persistencia y agravamiento del mal se le ha hecho un estudio y se le ha diagnosticado un tumor óseo cancerígeno. Un mes después de que se conociera dicho diagnóstico no había recibido ningún tratamiento clínico adecuado. Se trata de un preso que debía de estar en la calle desde 1999 si el Estado español hubiera aplicado su propia legislación penitenciaria ya que Koldo ha cumplido las tres cuartas partes de la condena. Los jueces de Vigilancia Penitenciaria con competencia en ambos casos ignoran este derecho recogido en su propia legislación. La Juez de Iruñea admite que se dan las condiciones recogidas en el Art. 92 pero deniega la excarcelación de Barandalla "porque éste no ha dado muestras evidentes de arrepentimiento" y "porque sólo se relaciona con los compañeros de la banda"
La defensa de los derechos de los presos, y más en concreto de Barandalla, está dando lugar a numerosas iniciativas: huelga de hambre rotativa durante varias semanas, concentraciones semanales delante de la Audiencia Provincial de Nafarroa, encierro en una iglesia de Iruñea, plantes de los presos en diferentes cárceles, recogida de firrmas en Bilbao a cargo de los ex trabajadores de Euskalduna, manifestaciónes nacionales el 29 de Marzo en Baiona e Iruña….Instituciones Penitenciarias ha respondido a estas iniciativas con la política de "guerra total". En vez de decretar la libertad de Barandalla ha decidido su dispersión alejándolo de su entorno. El delito de denunciar la tortura La tortura es una practica generalizada en el Estado español. El Relator especial contra la Tortura de la ONU ha vuelto a incluir al Estado español en su último informe referido a 2001. Tras un meticuloso estudio, considera que hay mas de 60 denuncias de torturas que merecen alta credibilidad. 47 de ellas corresponden a ciudadanos vascos: en manos de la Guardia Civil (39), de la Policía española (4) y de la Policía Vasca (4) Los responsables policiales, tanto españoles como vascos siguen utilizando el mismo discurso exculpatorio: "Las denuncias de torturas no pueden ser probadas" y "quienes denuncian torturas siguen las directrices de ETA para desprestigiar a las diferentes fuerzas policiales"
El tema de las torturas alcanzó especial eco cuando se produjo el cierre de Egunkaria y el encarcelamiento de sus responsables. A pesar de tratarse de personas adultas y muy significadas a nivel profesional, social y cultural fueron sometidas a tortura durante los días de detención incomunicada. Cuatro de ellos denunciaron la tortura que habían sufrido y el Gobierno español intensificó su actuación represiva: abrió querella contra los cuatro detenidos que denunciaron torturas catalogando la denuncia presentada como "colaboración con banda armada". Es decir, delito susceptible de acarrearles muchos años de prisión.
Amnistía Internacional publicó el 12 de Marzo un comunicado en el que advierte que "presentar demanda contra quien denuncia torturas es crear espacios de impunidad". Al mismo tiempo, insta al Gobierno español para que abra una investigación respecto a las denuncias realizadas. El Comité contra la Tortura de la ONU ha solicitado reiteradamente al Gobierno español que adopte medidas para erradicar la tortura. Los torturados sometidos a querella fueron citados a la Audiencia Nacional para declarar por si hubieran incurrido en delito de terrorismo por las denuncias públicas que hicieron. Comparecieron ante los medios acompañados por una amplia representación social que les respalda y apoya: "Yo no hago caso más que a lo que me dicta mi conciencia popular y mi conciencia periodistica" ( Martzelo Otamendi, director de Egunkaria y uno de los torturados)
Euskal Herria a 3 de Abril de 2003 askapena1@euskalnet.net
La vieja Europa
