Gara
Una buena parte de los 14 arrestados por la Policía española en la madrugada del pasado miércoles denunciaron ayer ante el juez Baltasar Garzón que han sido objeto de malos tratos. La mayor parte de los detenidos relató haber recibido golpes y amenazas. Especialmente preocupante fue el estado en que compareció Iñaki Ramos, quien no pudo declarar en un primer momento por los temblores y nerviosismo que presentaba.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decretó pasada la medianoche prisión para once de los quince detenidos por la Policía española el miércoles, catorce de los cuales declararon ayer.
Todos ellos comparecieron ante el juez en presencia de sus abogados tras levantarles la incomunicación. Los ciudadanos vascos pudieron además ser visitados por sus familiares durante unos breves momentos. Tras el paso por las comisarías de la Policía española, parte de los afectados por la redada denunció en su comparecencia ante el magistrado de la Audiencia Nacional haber sido objeto de malos tratos.
De hecho, Iñaki Ramos, detenido en Barakaldo, compareció en tal estado de nerviosismo que su declaración tuvo que ser suspendida por espacio de casi una hora a petición de su abogada. «Estaba muy mal, temblaba sin parar, no podía controlar sus movimientos», relató a GARA una de las letradas que asistió a los arrestados.
Ramos denunció que los golpes y las amenazas comenzaron en el momento de la detención en su domicilio de Barakaldo y siguieron tras ser conducido a la comisaría de Indautxu. El joven declaró haber sido arrojado al suelo mientras se encontraba esposado, y dijo que fue desnudado en dos ocasiones y que le amenazaron y simularon lanzarle por la ventana. Las amenazas se refirieron asimismo a su compañera, según indicaron.
El joven vizcaino precisó también que los golpes cesaron durante el traslado a Madrid, pero volvieron a repetirse durante su estancia en las dependencias de la Policía española en la capital del Estado.
Mikel Jauregi, arrestado en Deustua, denunció asimismo haber recibido golpes en la cabeza y en los genitales, así como amenazas. En cuanto al trato recibido por Josu Lezama, vecino de Zalla, testificó que fue golpeado en una sola ocasión en la cabeza, aunque también ha recibido presiones sicológicas y amenazas.
En el caso de las dos personas detenidas en Gasteiz ­Aiala Manrique y Asier Ortiz de Ginea­ se repitieron los testimonios de golpes y amenazas por parte de agentes de la Policía española. Ortiz de Guinea dio cuenta de agresiones en partes como los nudillos, los pies y detrás de las orejas, y Manrique tenía señales en la zona de las costillas.
Sobre los cuatro detenidos en la misma operación policial en Nafarroa ­Unai Redin, Tomas Intxausti, Mikel Pardo y Ainara Calvo­, los letrados señalaron que Pardo denunció ante el juez malos tratos, particularmente presiones sicológicas.
Sin embargo, ya en el calabozo, Tomas Intxausti contó además que le habían aplicado la «bolsa», además de haber sido objeto de presiones sicológicas y amenazas. Al margen de las acusaciones de «colaboración con ETA» comunes a los catorce detenidos en la operación, Pardo e Intxausti fueron acusados también por la Policía española de participar en la quema de dos cajeros.
Arkaitz Rodriguez, arrestado en el barrio donostiarra de Altza, para quien el juez ordenó el ingreso en prisión al igual que para los anteriores, también dio a conocer al magistrado que había sido golpeado y amenazado durante la detención.
Mientras todo esto ocurría, se conoció que en Errezil,50 personas se concentraron el viernes en solidaridad con el vecino de este municipio Jose Mari Arruti, que quedó finalmente en libertad, y otro grupo de 80 vecinos denunció también ayer su detención.

Arruti, Kolera y Ganzarain, libres nada más acabar la comparecencia
Sólo tres de las catorce personas que pasaron ayer por el despacho del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional pudieron eludir la prisión. Se trata de Juan Mari Arruti, natural de Errezil, Dorleta Ganzarain, de Donostia, y María Kolera, de Hernani.
En estos casos, la puesta en libertad se determinó nada más terminar sus comparecencia, en vista de que Garzón no apreció indicios delictivos pese las imputaciones que les dirigía la Policía española. En el resto de los casos, Garzón asumió la petición fiscal para que fueran encarcelados.