Teo Navarro
A Luchar por el Socialismo

Mientras aumentan los despidos y el paro, disminuyen los salarios, se recortan derechos a los trabajadores y se prepara una nueva masacre imperialista contra el pueblo iraquí...

El gobierno del PP está contra las cuerdas. Al descontento obrero desatado con la huelga general del 20-J, se sumaron las movilizaciones de la comunidad educativa contra la ley de Calidad, el levantamiento del pueblo gallego por sus responsabilidades en el desastre del "Prestige" y ahora la colosal marea de indignación social contra la guerra. Nunca en estos últimos años la clase trabajadora hemos tenido tan a tiro la posibilidad de deshacernos del gobierno de la patronal, pasando a la ofensiva en la defensa de nuestros derechos. Pero una vez más el aparato dirigente de CCOO y UGT, guiado por el instinto conservador que caracteriza a la burocracia, ha resuelto acudir en auxilio del gobierno y la patronal recuperando una política de paz social que es preciso romper.

De pacto en pacto

Primero fue la renuncia a dar continuidad a la pelea del 20-J, aceptando como buenos unos cambios en gran parte cosméticos en el decretazo, que mantenían buena parte de los recortes al derecho al desempleo, como la exigencia de compromiso de actividad al parado, la imposición del concepto de empleo adecuado, la posibilidad de que el empresario suspenda el pago de los salarios de tramitación... . Esta recuperación de la política de paz social se vio refrendada poco después por la firma de un Acuerdo para los empleados públicos para los dos próximos años donde, a cambio de un pacto salarial que ni siquiera garantizaba la recuperación del poder adquisitivo perdido en el último año, abría la vía a medidas de flexibilidad horaria y movilidad geográfica. Este recuperado clima de paz social debilitaba otras movilizaciones en defensa de derechos sociales atacados por el PP, como la lucha de la comunidad educativa contra la ley de Calidad y en defensa de la enseñanza pública, que el gobierno acabaría aprobando.

Cuando en noviembre estalló la crisis del Prestige de nuevo CCOO y UGT acudieron en auxilio del PP, esta vez proponiendo nada menos que fuéramos los trabajadores quienes financiáramos con un aumento de las cotizaciones sociales gran parte del desastre causado por la incompetencia del gobierno y la voracidad de armadores y petroleras. La medida no se llevó a cabo porque el gobierno, consciente de lo impopular de la medida, no aceptó: para ello ya contaba con los excedentes de recaudación del INEM, es decir, con el dinero que con su ataques al derecho al desempleo niega a sus legítimos destinatarios, los parados.

En enero firmaron el Acuerdo de Prevención de Riesgos Laborales que, si bien es cierto que contiene algunas mejoras, no acabará con el terrorismo patronal que supone la muerte de cuatro trabajadores diarios en accidentes laborales puesto que no aborda las verdaderas causas del problema: la sobreexplotación derivada de la precariedad laboral a que se ven sometidos un tercio de los trabajadores , expresada en la eventualidad, ETT's y subcontrataciones en cadena.. Los eventuales sufren cuatro veces más accidentes que los indefinidos. Sigue autorizándose la gestión privada de las bajas de enfermedad por las mutuas patronales y se mantiene la posibilidad de ser despedido estando en situación de baja por enfermedad o accidente...

También en enero renovaron el Acuerdo para la Negociación Colectiva para este año (ANC 2003) siguiendo el modelo firmado para el año pasado. Aunque los dirigentes de CCOO y UGT se empeñen en ocultarlo el balance del acuerdo del 2002 no puede ser más desolador. Mientras que la productividad del trabajo creció en un 5,7%, los salarios lo hicieron por debajo de la inflación. Según datos de CCOO, casi 1,5 millones de trabajadores del sector privado, a los que hay que sumar los perceptores del SMI, los trabajadores temporales que finalizaron su contrato en 2002 y los empleados públicos, sufrieron pérdidas de poder adquisitivo por la desviación de la inflación.

Incluso entre los que tuvieron cláusula de revisión, las pérdidas fueron significativas si tenemos en cuenta tanto los efectos de la doble escala salarial vigente en numerosas empresas, como que la cláusula en muchos casos es sólo parcial. Hay una tendencia profunda a la caída de los salarios de los trabajadores del Estado español, que queda reflejada en un reciente estudio sobre las cotizaciones a la Seguridad Social: los salarios de los nuevos cotizantes son un 37% inferiores a la media.

Tampoco el Pacto sirvió para reducir los despidos, que por ejemplo crecieron en un 70% en el sector de la automoción, ni para impedir el aumento del paro que vuelve a superar los 2.300.000 desempleados registrados, ni siquiera para reducir el alto nivel de precariedad (31'6% de los trabajadores ocupados).

Finalmente los dirigentes de CCOO y UGT han dado por buena la reforma del subsidio agrario, declarando que"con esta marcha atrás del Gobierno en el subsidio agrario ha quedado zanjado el conflicto que dio lugar a la huelga general del 20 de junio".

Lo hacen a pesar de que se introduce una grave restricción al limitar a un máximo de 6 las veces que puede pedirse el subsidio y a pesar de reconocer que la reforma supondrá la expulsión del subsidio o la imposibilidad de acceder a él para los inmigrantes, que no podrán certificar diez años de residencia en Extremadura o Andalucía, y para amplios colectivos -sobre todo de mujeres- que no verán contabilizadas para el subsidio las peonadas del "empleo comunitario".

Queda pendiente una nueva contrarreforma de las pensiones públicas, establecida en el Acuerdo de Pensiones de abril del 2001. A pesar de que el 54% de las pensiones ni siquiera alcanzan los 450 euros del SMI, tocaría a lo largo del presente año continuar la ampliación del período de cómputo desde los actuales 15 años hasta 35, una medida que supondría una reducción media que el director general de la Seguridad Social estima en un 12% y UGT y el sector crítico de CCOO en un 20%. Este nuevo recorte se sumaría al 10% perdido como consecuencia de la recién concluida aplicación del Pacto de Toledo de 1985. Sin embargo, vista la oposición de UGT y la frágil situación interna de Fidalgo en CCOO, el PP - que cuenta con el aval de la UE y el FMI- ha renunciado a imponerla en esta legislatura, temeroso de romper el preciado "diálogo social" con los sindicatos en un momento preelectoral y de fuerte respuesta social a su política.

Por otra parte el gobierno cuenta con una baza muy persuasiva para facilitar que los Fidalgo, Méndez y compañía mantengan la paz social. En medio de la escandalosa gestión de los multimillonarios fondos para la Formación Continua por parte de la patronal y los sindicatos a través del FORCEM (la última irregularidad detectada asciende a 84 millones de euros en la provincia de Cádiz), el gobierno debe revisar el sistema. Los sindicatos reclaman la pervivencia del modelo anterior, vital para la financiación de sus abultados aparatos. En ese sentido ya han alcanzado un acuerdo en Catalunya con la Generalitat y la patronal catalana para gestionar conjuntamente 180 millones de euros (30.000 millones de ptas), un acuerdo que desearían que el PP generalizase al conjunto del Estado. El gobierno, por otra parte, le renovó a principios de enero a UGT, por tres meses, el crédito de 138 millones de euros que el ICO le concedió en el 93 para tapar el agujero de su promotora de viviendas (la PSV).

Paz fuera, guerra dentro

El reverso de la paz social con la patronal y el gobierno es la guerra declarada a aquellas luchas de los trabajadores y a aquellos sectores de afiliados que no siguen la línea conciliadora decretada. Veamos algunos ejemplos.

En el caso de la multinacional Valeo CCOO acepta el cierre de la planta del Baix Llobregat en enfrentamiento abierto con parte del comité de empresa y aquellos trabajadores, incluidos algunos afiliados del propio sindicato, que reclaman el mantenimiento de la fábrica o la recolocación en otras factorías cercanas donde se emplean trabajadores de ETT's. El resultado de esta política, refrendada en un referéndum por una corta mayoría, después de fuertes tensiones internas y de un cierre patronal, es la pérdida de más de 200 empleos indefinidos y con cierto nivel de derechos salariales y sociales, que serán sustituidos por empleos precarios y de alta rentabilidad empresarial en otras factorías donde se realizará esa misma producción.

Es conocida la titánica lucha de los trabajadores de Sintel, afiliados en un 80% a CCOO, tras su emblemático encierro de hace año y medio en defensa de su derecho a un empleo digno, lo que hoy se concreta en la exigencia de que el gobierno y Telefónica cumplan el acuerdo firmado en agosto del 2001. Frente a esta situación, la burocracia dirigente de CCOO, por boca de su secretario general, ha hecho público que se desentiende de estas reivindicaciones, mientras utilizan a la policía para impedir que los trabajadores celebren asambleas en los locales sindicales.

Otro tanto podrán decir aquellos afiliados de CCOO de Telefónica y dirigentes del sector crítico, sobre los cuales el aparato ha desatado una auténtica caza de brujas - otra más en el transporte después de las de Renfe, Metro de Madrid...-, con disolución de secciones sindicales, sanciones y expedientes abiertos a afiliados y dirigentes por impulsar la lucha contra la política de segregaciones de Telefónica, una lucha decidida democráticamente en los órganos internos del sindicato en la empresa y en las asambleas de trabajadores.

En Nissan es UGT quien reivindica la doble escala salarial, anulada en los tribunales a instancias de CCOO y CGT, uniéndose al chantaje de la dirección de Nissan sobre la necesidad de abaratar costos para asegurar la viabilidad de la empresa. El fuerte castigo recibido en las recientes elecciones sindicales parece que sólo ha servido para reafirmar a sus dirigentes: "Es un desastre razonable por la apuesta que hemos hecho de anteponer los intereses de la empresa por delante de la búsqueda de más votos", en palabras del secretario general de la federación del metal de UGT Catalunya.

Unir fuerzas para romper la tregua: por una huelga general contra la guerra imperialista

Si los trabajadores no queremos seguir viendo como día a día siguen retrocediendo nuestros derechos salariales, laborales y sociales es indispensable acabar con esta política. Es preciso arropar con nuestra solidaridad las distintas luchas contra los despidos y las agresiones a derechos que patronal y gobierno vienen aplicando, con la complicidad por activa o por omisión de la burocracia sindical, impulsando la unidad de las movilizaciones y su coordinación, y exigiendo el más escrupuloso respeto al poder decisorio de los trabajadores, única base firme para la unidad en la lucha. En el interior de las organizaciones sindicales hay que oponerse a la guerra desatada por el aparato contra aquellos compañeros que se mantienen firmes contra la línea conciliadora de la mayoría dirigente, impulsando la recogida de firmas y pronunciamientos masivos desde la base y desde los organismos en contra de las medidas disciplinarias y por el respeto a la democracia interna.

A pesar de las multitudinarias movilizaciones contra la guerra imperialista, el gobierno Aznar sigue empeñado en meternos en ella. Después del 15-F Fidalgo y Méndez se mostraron dispuestos a "que se produzca desde las empresas una fuerte movilización en contra de la guerra si se sigue yendo hacia posiciones bélicas".

Hay que pasar de las palabras a los hechos. El enemigo de la clase trabajadora del Estado Español no es el pueblo iraquí sino el gobierno Aznar, el del decretazo, el chapapote y la guerra, el mismo gobierno que nos hará pagar cara una guerra que sólo interesa al capital multinacional y a un imperialismo español títere del americano. Como parte de la lucha por acabar con la política de paz social y de tregua al gobierno, la primera tarea que tenemos planteada, junto a la preparación de acciones en las empresas, es convocar un paro a las 12 del mediodía del día siguiente al inicio de la agresión, y pronunciarnos igualmente, de forma masiva desde las asambleas, comités y secciones sindicales por la convocatoria de una huelga general unitaria contra la guerra, a escala estatal y continental, si finalmente se inicia la masacre bélica.