Felipe Alegría
A luchar por el Socialismo n.º 18

Los trabajadores/as y amplios sectores populares catalanes están viviendo con grandes expectativas el nacimiento del nuevo Govern de izquierdas en la Generalitat. Han visto con enorme satisfacción cómo el PP se ha visto reducido a una fuerza marginal en Cataluña y cómo era derrotada CiU, esa derecha nacionalista que apoyaba al PP y que ha gobernado durante 23 años al servicio de una minoría de empresarios y poderosos. Ahora, arrojados ambos a la oposición, reaccionan, CiU con rencor vengativo y el PP con amenazas de enviar a Maragall a la cárcel a hacer compañía a Ibarretxe e incluso -en palabras de Fraga- con meter al Ejército si las cosas se complican.

Las expectativas en el nuevo Govern se han visto además reforzadas por la presencia de ERC y de IC-EUiA, de quienes la mayoría del pueblo espera que hagan de contrapeso frente a un PSC del que desconfían por su trayectoria social liberal y su vinculación al PSOE. Los trabajadores confían, aunque no las tengan todas consigo, en que se abra finalmente una etapa favorable a sus intereses. Pero ¿será esto así?

"Gobernar para todos y respetar la Constitución"

Vale la pena recordar lo que se dijo en la sesión de investidura, donde Maragall -en nombre de los tres partidos de la izquierda- prometió solemnemente "gobernar para todos", "tender la mano" a CiU i PP y ser "enormemente respetuosos con la Constitución", "sin romper nada". Es decir, anunció que seguirá moviéndose en el marco del capitalismo neoliberal y de la Constitución monárquica.

Pero todos sabemos que es imposible contentar a todo el mundo, porque en esta sociedad de clases que nos ha tocado vivir o se está con los trabajadores y los oprimidos o se está con la patronal y los poderosos. Sabemos por una amarga experiencia que si se condicionan las mejoras sociales al acuerdo con la patronal, quien saldrá perdiendo -como siempre- serán los trabajadores y el pueblo. Y sabemos también que no se podrá avanzar en la mejora de las condiciones de vida de la gran mayoría y en la conquista de las libertades nacionales catalanas sometiéndose a una legalidad injusta mediante la cual el PP, representante neofranquista de la burguesía española, impide que el pueblo catalán decida sus destinos e impone sus deseos a pesar de ser una minoría irrelevante en Cataluña.

Los proyectos de la gran patronal catalana

El dirigente socialista Montilla declaraba estos días que "hay empresarios que veían con inquietud el cambio, pero cuando han conocido nuestras razones han entendido que este Govern será seguro y estable y generará confianza, seguridad e ilusión". No en vano, el programa de Govern se hace eco de reivindicaciones básicas de la gran burguesía catalana, descontenta del centralismo de Madrid y defensora de un nuevo "encaje" en el Estado español.

Estas demandas de la gran patronal hallan acomodo en el programa del nuevo Govern, donde encontramos su exigencia de inversiones en infraestructuras, las ayudas financieras a la internacionalización de la empresa catalana, la euroregión, las inversiones tecnológicas y en investigación, el apoyo al capital catalán en los sectores estratégicos, las ayudas a la pequeña y mediana empresa o la mayor vinculación de la Universidad a la gran empresa. No debe pues extrañarnos que la patronal haya declarado su "voluntad de colaboración" con el Govern, aunque –eso sí- siempre "considerando el entorno de competitividad".

La reforma estatutaria -que excluye expresamente el derecho a la autodeterminación- es una pieza clave para este nuevo "encaje" catalán en el Estado español: con más competencias para la Generalitat, participación en los organismos de la Unión Europea y un nuevo sistema de financiación autonómica.

¿Cómo se financian las mejoras sociales?

El programa promete, por otra parte, toda una serie de medidas progresivas como el fin de las corruptelas de la época de CiU, la oposición al trasvase del Ebro, la eliminación de los conciertos con las escuelas de elite, oficinas municipales de matriculación para impedir que las escuelas públicas se conviertan en "guettos", la revisión de la asignatura de religión y una larga lista de mejoras sociales. Entre éstas destacan la universalización de los servicios sociales, la mejora de las pensiones más bajas, más becas universitarias, 30.000 nuevas plazas de guarderías, un fuerte incremento de las partidas destinadas a la enseñanza y la sanidad, mejoras integrales de los 40 barrios más degradados, ayudas a las familias y a los jóvenes, una radical reducción de las listas de espera hospitalaria, 42.000 viviendas protegidas, el rescate de los peajes de las autopistas y la paralización de los destrozos ecológicos y ambientales que asolan el país.

Pero estas mejoras sociales necesitan grandes recursos financieros que, sin embargo, hoy no existen. No sólo porque, como ya dicen Maragall y Carod, "hay muy poco dinero y muchas cosas que pagar", sino porque ni el actual sistema de financiación aporta dichos recursos ni tampoco el programa de Govern prevé ninguna subida de impuestos para los ricos.

No van a aprovechar para ello el tramo autonómico del impuesto sobre la renta, ni van a usar el Impuesto de Bienes Inmuebles para gravar con la mayor dureza a las grandes inmobiliarias que especulan con las viviendas vacías, ni tampoco van a utilizar el impuesto sobre Plusvalías para atajar por lo sano con los fabulosos beneficios de los especuladores del suelo. Todo lo cual sólo puede significar que, si el Govern no se enfrenta a los patronos - dueños del dinero y del país- y no se planta ante Madrid, nos vamos a encontrar con toda seguridad con una profunda frustración popular, que la derecha no va a dudar en explotar en beneficio propio.

Las reivindicaciones laborales condicionadas al acuerdo con la patronal

El nuevo Govern ha manifestado sus deseos de hacer frente a la siniestralidad laboral, la precariedad y el desempleo así como su intención de "impulsar la implantación progresiva de la jornada de 35 horas". Pero en estos puntos clave las promesas no están cuantificadas y no tienen fecha de aplicación ni compromiso de aprobar leyes que aseguren su implantación obligatoria.

Por el contrario, dichos deseos quedan condicionados a la consecución de "un gran acuerdo nacional con los representantes del mundo económico y social". Los dirigentes de CC.OO. y UGT –auténticos profesionales de la paz social- se muestran encantados con esta perspectiva, que les permitirá extender su aparato burocrático a un montón de nuevos organismos de concertación. Pero los empresarios ya han dejado bien clara su posición: Sobre las 35 horas no quieren ni oír hablar ("el paro ha ido bajando y en Francia no ha salido bien. ¡Eso está desfasado!"). Sobre la precariedad, con quien están de acuerdo es con el PP, que busca hacer de la temporalidad la norma universal. Y sobre la siniestralidad sabemos que sólo hablan mientras no se ponga en cuestión la precariedad y la cadena de subcontratas.

En realidad, las únicas medidas concretas presentadas contra el desempleo se reducen a "aumentar las bonificaciones fiscales para aquellas empresas que conviertan contratos temporales en indefinidos" y a "incentivar la autoocupación mediante la creación de microempresas", lo que en realidad es otra forma de precariedad.

¿Más privatizaciones de servicios públicos?

Tampoco el Govern ha cerrado el paso a más privatizaciones de empresas y servicios públicos y mucho menos se ha planteado la vuelta al sector público de lo privatizado por CiU. Y este asunto ya no depende de Madrid sino de la voluntad del Govern, que parece orientada a seguir por la senda de CiU.

Así, en la misma sesión de investidura, Maragall mostró su acuerdo con Piqué en la privatización de la gestión del aeropuerto. El programa de Govern anuncia también, refiriéndose a los Centros de Asistencia Primaria (CAP), que "establecerán los criterios básicos para el funcionamiento de los centros de gestión privada", siendo conocido que el PSC y ERC quieren continuar la privatización iniciada por CiU. Esta política no se reduce, por otra parte, a la Sanidad sino que tiene alcance más general para los servicios públicos, para los que el Govern se ha comprometido a aprobar criterios de gestión "y de su eventual externalización", es decir, su privatización, si lo considera conveniente.

Los trabajadores inmigrantes

Sobre la inmigración, el programa habla de elaborar un plan y una "Carta de Acogida", pero deja de lado el drama de la no regularización de más de 100.000 inmigrantes sin papeles, forzados a un trabajo semiesclavo. El nuevo Govern que, como dice Montilla, "actuará dentro de la más absoluta legalidad", es decir, acatando las leyes reaccionarias del PP, sólo está dispuesto a "realizar las gestiones oportunas ante el Gobierno del Estado para disponer de un permiso de residencia para la búsqueda de empleo para aquellas personas recién llegadas que no han podido regularizar su situación y que se extinguirá cuando sea posible el retorno a su país de origen". Pero se puede apostar de antemano que el Gobierno del PP va a rechazar esta petición. Hablan también en el programa de "dar apoyo a la armonización de las políticas de inmigración de la Unión Europea", cuando éstas son cada vez más xenófobas y reaccionarias.

¿Se va a comprometer el Govern a no aprobar ningún expediente de regulación de empleo (ERE) que implique despidos o cierres en empresas con beneficios?

Hay medidas que si no las aplica, el Govern puede alegar que la legislación estatal se lo impide, pero hay otras que sólo dependen de su voluntad. Antes nos hemos referido a los impuestos autonómicos y locales y a las privatizaciones de los servicios públicos, que podría perfectamente paralizar y revertir. También puede el Govern implantar las 35 horas en la Administración, con la consiguiente creación de nuevos empleos. Está igualmente en su mano poner fin a las subcontratas y a la precariedad en la Administración, que llega a cifras verdaderamente escandalosas en sectores como la Sanidad pública, como denuncian los trabajadores encerrados en Bellvitge.

El Govern también debería hacer aprobar en el Parlament una ley que prohibiera los despidos y los cierres en las empresas con beneficios. Dirá que no lo puede hacer porque contraviene leyes estatales. Pero sí que puede comprometerse, sin problema legal alguno, a desautorizar todo expediente de regulación de empleo (ERE) que implique despidos o cierres en esas empresas, pues a él le corresponde dar el visto bueno. Estos despidos masivos y cierres están siendo principalmente protagonizados por multinacionales, que buscan mejorar así sus cuentas de resultados. Y, sin embargo, la única mención a ellas en el programa de Govern es la necesidad de desarrollar "políticas de acuerdo (…) para incrementar el valor añadido de sus plantas industriales".

Ahora mismo la multinacional Valeo se prepara para nuevos despidos masivos en su planta de Martorelles, después de haber cerrado ya dos de sus factorías catalanas. ¿Lo va a permitir el nuevo Govern? Recientemente los trabajadores de la multinacional Magneti Marelli de Barberá han logrado un gran triunfo al conseguir el despido nulo radical de 8 sindicalistas despedidos. La empresa se niega a readmitirlos. ¿Va a obligarle el Govern a cumplir la sentencia?

Aumento de las subvenciones a la escuela privada concertada

En la Enseñanza, no hay duda alguna sobre la urgencia de acabar con los conciertos con las escuelas de élite y de implantar las oficinas municipales de matriculación. Pero no nos parece bien que se prometa al mismo tiempo un aumento de las subvenciones a la escuela privada concertada, cuando las necesidades de la pública -tras largos años de abandono por los gobiernos de CiU- son inaplazables.

Pensamos que el Govern debería, por el contrario, poner fin a las subvenciones. Nos va a decir que no está de acuerdo con ello y que la ley no se lo permite. Pero, incluso dentro de la ley reaccionaria, nadie puede obligarle a mantener las subvenciones en los tramos educativos no obligatorios. ¿Va a retirar estas subvenciones? ¿Va a comprometerse a no conceder ningún concierto a la privada en aquellas zonas donde se están suprimiendo aulas y líneas de la pública? ¿Va a restituir derechos suprimidos por CiU, recuperando las antiguas ratios por clase o estabilizando a los interinos a partir de 3 años de experiencia?.

Estas últimas medidas, aunque no cuenten con ellas, se las vamos a exigir. Y también que sean fieles a su palabra e impidan, frente a las amenazas de la patronal católica, que se implante el adoctrinamiento de la religión católica en la escuela pública, apoyando la lucha anunciada por la comunidad educativa.

El apoyo a la Constitución de la Europa del capital y de la guerra

Queremos llamar la atención también sobre el apoyo del PSC y de IC al proyecto de Constitución europea, mientras ERC mantiene un sospechoso silencio. Pero dicha Constitución no es ningún regalo sino una verdadera bomba contra los derechos sociales y laborales y un paraíso, en cambio, para el capital, donde el mercado y la mal llamada "libre competencia" serán la ley suprema. Esa Constitución niega igualmente el derecho a la autodeterminación de las naciones sin estado, como Cataluña, y nos embarca en el militarismo imperialista y la supeditación a la OTAN. Con una Constitución europea como ésta no hay lugar para las reivindicaciones sociales ni para ninguna perspectiva de transformación social.

Este no es nuestro Govern

Sintetizando lo que hemos explicado a lo largo de la declaración, manifestamos que:

· No podemos considerar al nuevo Govern como nuestro. Lo impiden sus profundos compromisos con la patronal y su sometimiento a la Constitución monárquica.

· Le vamos a exigir que cumpla sus promesas de mejoras sociales y ambientales, estando convencidos de que mientras no rompa esos compromisos, las mejoras toparán con un muro infranqueable.

· Lo defenderemos sin vacilaciones contra toda ataque reaccionario del capital y del Gobierno central, sin por ello solidarizarnos políticamente con él y haciendo ver sus inconsecuencias.

· Lo combatiremos cada vez que , como consecuencia de sus ataduras, tome medidas contra los trabajadores y los sectores populares.

· Le exigiremos que dé respuesta a las reivindicaciones que ha "olvidado" en su programa, conscientes que éstas no pueden esperar y de que, además, chocan abiertamente con el capitalismo neoliberal y el actual marco constitucional.

· Le recordaremos que las libertades nacionales de Cataluña no caben en la Constitución monárquica y que el derecho a la autodeterminación es irrenunciable. Que éste no es algo ajeno a los intereses de la clase trabajadora sino que, al contrario, el ejercicio de la soberanía por el pueblo de Cataluña es del todo necesario para defender los derechos de la mayoría trabajadora frente a las leyes estatales del PP.

· Le diremos que la consulta de la que habla el Govern si las Cortes bloquean el Estatuto del Parlament, sólo tiene sentido si es un referéndum para que el pueblo decida y para que su decisión democrática se imponga sobre la de las Cortes españolas. No puede haber más unión que la libremente consentida. La lucha del pueblo catalán es también la de todos los pueblos del Estado español por liberarse de la carga de la herencia franquista que nos dejó la Transición. Lograrlo tiene un nombre: la III República.

En definitiva, queremos evitar que el proceso de desengaño que la política del nuevo Gobierno acarreará forzosamente degenere en desmoralización. Por eso comprometemos nuestros esfuerzos en el impulso, a partir de "Rojos i Roges" y estatalmente con la Corriente Roja, de la construcción de un verdadero bloque de izquierdas que comience a levantarse como alternativa a la izquierda oficial y que abra el camino a las reivindicaciones y a la transformación socialista de la sociedad.

(*) A luchar por el Socialismo es una publicación mensual del PRT-Izquierda Revolucionaria.