 La vieja Europa |
13 de enero del 2003
El Gobierno intentó vetar el acceso al tercer grado o a la condicional
Interior prohibió a los directores de prisiones liberar etarras hace dos meses
La Voz de Galicia
Antes de que el Consejo de Ministros aprobara la pasada semana la reforma legislativa para endurecer las condenas a los terroristas y limitar sus beneficios penitenciarios, el Ministerio del Interior ya había tomado otras medidas. El Gobierno dio órdenes a los responsables de Instituciones Penitenciarias para que ningún alto responsable de prisiones apoyara la excarcelación de un miembro de ETA antes del cumplimiento íntegro de su pena. El Gobierno trataba de vetar la liberación de los terroristas bien por la vía del acceso al tercer grado o bien por la concesión de la libertad condicional.
Cita en Madrid
Según han desvelado altos responsables de Prisiones, las primeras directrices de Interior para el endurecimiento del tratamiento penitenciario de los etarras se dieron en la reunión que el pasado 21 de noviembre mantuvieron el director de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, y el ministro del Interior, Ángel Acebes, con los directores de las 66 prisiones españolas bajo control estatal en un céntrico hotel madrileño.
El tema central del debate entre los responsables penitenciarios era la situación de saturación en la mayoría de los centros dependientes del Ejecutivo central, pero Interior quiso lanzar una orden clara a los directores para que restringieran cualquier beneficio penitenciario a los terroristas internos en sus centros.
Por aquellas fechas se cumplía un mes de la polémica por la excarcelación del etarra Félix Ramón Gil Ostoaga, el terrorista al que la jueza de vigilancia penitenciaria, Ruth Alonso, dejó en libertad tras cumplir sólo 13 de los 298 años de cárcel a los que fue condenado. La jueza apoyó su controvertida decisión en el informe favorable a la excarcelación elaborado por el destituido subdirector de la cárcel de Nanclares de Oca, Pablo Martínez.
Un día después de este encuentro, el Gobierno dio un paso más en su reforma de la política penitenciaria sobre los terroristas. El Consejo de Ministro aprobó la creación de dos juzgados centrales de vigilancia penitenciaria en la Audiencia para controlar el cumplimiento efectivo de las penas de los 3.667 encarcelados.
