Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
Al cumplirse dos años de aplicación de la Ley de Extranjería, el balance no puede ser mas negativo para la sociedad española. La "celebración" coincide además con una escalada de muerte y sufrimiento sin precedentes.

Se trata de la primera y mas grave consecuencia de la Ley de Extranjería. Tal como anunciamos en su momento, continúan las muertes en el intento de entrar clandestinamente en nuestro país. Durante el año 2002 fueron al menos 152 personas las que perdieron la vida.
La Ley de Extranjería, basada en la filosofía de la política de cierre de fronteras a cal y canto, cuyo objetivo es la consolidación del espacio "Europa Fortaleza", es la principal responsable de estas muertes. El Gobierno que la aprobó con su mayoría absoluta y que la aplica con criterios aún más restrictivos, es también responsable de esta carnicería
Al concebir el cupo como único sistema de acceso a nuestro país por vía legal y, simultáneamente, bloquear absurdamente el régimen general y ampliar el número de países que necesitan visado, el Gobierno está condenando a miles de personas a intentar la entrada clandestina en nuestro país, a arriesgar la vida y perderla y muchas veces a ponerse en manos de las mafias. La Ley ha supuesto en este sentido un verdadero acicate y estímulo para las redes de tráfico de personas mas o menos informales u organizadas.
Trascurridos dos años, se han confirmado las peores previsiones, agravadas por la aplicación enormemente regresiva que el gobierno hace de la Ley
Miles de personas han perdido su situación "regular", al perder su documentación debido a los impedimentos legales. Otros muchos miles que han llegado posteriormente también permanecen en la clandestinidad. Todas estas personas no ven reconocidos sus derechos mas elementales como seres humanos. La imposibilidad de trabajar, o al hacerlo "ilegalmente", les hace caer en la explotación, en la marginalidad y en la exclusión social. De esta forma se imposibilita la integración y la incorporación normalizada a una sociedad que también será la suya
Asimismo, los inmigrantes documentados tampoco ven reconocidos sus derechos plenamente. Por esta Ley y por la práctica del Gobierno, son cada vez mas los que pierden sus "papeles". Se está dificultando hasta extremos inaceptables la reagrupación familiar. Tampoco ven reconocido su derecho al voto: aunque lleven muchos años viviendo y trabajando entre nosotros, no acceden a la igualdad plena, impidiéndoseles participar en la elección de las políticas que les afectan como ciudadanos. Continúan siendo ciudadanos de segunda: pagan impuestos pero su opinión y sus necesidades no cuentan.
Lamentablemente, transcurridos dos años de aplicación de la Ley, el gobierno insiste en acentuar el carácter represivo de su política. Mediante propuestas legislativas como las previstas modificaciones del Código Penal y de la propia Ley. O mediante actuaciones como el destierro de la Olavide, la detención en plan "razzia" de rumanos en el asentamiento chabolista de Sevilla, o las expulsiones que se vienen produciendo de forma cada vez mas masiva. Este carácter represivo hace mas ostensible la falta de políticas concretas para la integración.
Pero, como hemos advertido en numerosas ocasiones, la óptica policial, de control y represiva no es una respuesta viable a un fenómeno migratorio de carácter estructural, que hunde sus raíces en las desigualdades y realidades del mundo actual. Un fenómeno de amplio carácter social, que responde tanto a la necesidad de los inmigrantes de ganarse la vida y a su impulso de encontrar un futuro mas digno, como a la necesidades de nuestras sociedades de un mayor dinamismo y de mano de obra. La represión y el corsé aplicado a la inmigración sólo garantiza el aumento de los conflictos sociales y del racismo en nuestra sociedad, como creemos que ya empieza a suceder y de lo que las muestras son cada vez mas evidentes.
Todo ello son razones mas que fundadas para llamar a la sensatez, para pedir que se acabe esta locura y para exigir un cambio de rumbo. Exigirlo al Gobierno y a los partidos de la oposición que muchas veces asumen también estas ideas de fondo sobre el fenómeno migratorio.
Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía no podemos sino reiterar nuestro profundo rechazo de esta Ley cruel e inhumana, que destroza la convivencia y viola los derechos humanos y, en consecuencia, volver a pedir su derogación.