Ramón Zallo
Gara
La trascendencia del «nuevo pacto político para la convivencia» del Gobierno Ibarretxe no se le escapa a nadie, ni tampoco las dificultades para llevarlo a cabo, partiendo de que está en minoría (mayoritaria) en el espectro político parlamentario, aunque no en el social.
Esa contradicción frecuente entre espectro social y espectro político es una de las claves de la política vasca, y gestionarla sabiamente, basándose en el impulso social pero sin olvidarse de sumar representatividades, es fundamental. Ibarretxe navega a favor de la corriente social partidaria del diálogo que recorre todo el espectro político de votantes de todos los partidos pero, en algún momento, deberá convertir eso en fuerza social y, después, en proyecto político respaldado con suficiencia.
Cuenta tanto con la legitimidad política para presentarla (gobierno electo en la CAV) como con la legitimación social (una mayoría según las encuestas) para trabajarla y mejorarla, pero no cuenta aún con tres factores que son hoy sus carencias.
En primer lugar, no se visibiliza una rotunda coherencia de quienes la apoyan. En segundo lugar, no cuenta con una mayoría evidente en la «sociedad civil», en la sociedad estructurada por sindicatos, patronales, universidades, tercer sector, iglesiasŠ y ya no digamos en esa institución puente entre poder y sociedad civil que es el sistema mediático, ni ha vertebrado aún una importante movilización social en su defensa. En tercer lugar, carece de mayoría parlamentaria por motivos opuestos. Para unos (PP Y PSE), la autodecisión y un nuevo marco quiebra el principio de soberanía española y, para otros (Sozialista Abertzaleak), Euskal Herria como tal ya es «el» sujeto político, al margen tanto de las instituciones electas vigentes como, en el caso de Nafarroa e Iparralde, de los sentimientos de su propia población.
No es posible que una propuesta de tanta trascendencia pueda vadear estos tres problemas con un salto de pértiga puesto que, en una eventual consulta directa, las mayorías sociales actuales pueden desaparecer por no haberlos resuelto.
Primera necesidad. Que el bloque político y social que se alinea con la propuesta subordine otras cuestiones a su desarrollo. Por ejemplo, nadie entendería, salvo como una traición al lehendakari o un suicidio, que PNV y EA fueran incapaces, por razones de aparato, de llegar a acuerdos para presentarse a las elecciones municipales cuando antaño ­cuando las diferencias estratégicas eran mucho más profundas­ fueron capaces de hacerlo. Van en la misma dirección las faltas de sintonía entre unos u otros socios en determinadas cuestiones, o el hecho de que las familias de cada partido aireen sus historias sobre el reparto de puestos.
Tampoco ayudan nada decisiones políticas como las que se dieron en torno al derecho de manifestación después de que el Gobierno Vasco hubiera hecho lo más difícil: deslegitimar el proceso de ilegalización de Batasuna. Tampoco ayuda la demora en la puesta a punto de medios que eviten que en las comisarías de la Ertzaintza haya ni siquiera tentaciones de malos tratos, por ejemplo, mediante grabaciones, asistencia letrada y reducción de las estancias a tres días.
El liderazgo del lehendakari es lo suficientemente reconocido como para que pueda llamar a capítulo a todos los agentes vinculados al Tripartito en todas estas direcciones.
Segundo factor, la sociedad civil. En la elaboración de la propuesta primó la discreción y el impacto público sobre la participación, aunque, previamente, en las dos resoluciones de julio del Parlamento Vasco, la participación de ponentes fue muy amplia.
Parece importante que, en tanto no se trata de una propuesta cerrada, en el futuro se dé prioridad a la participación, se espesen las relaciones con las distintas instituciones de la sociedad civil y que éstas adquieran protagonismo en la mejora de sus contenidos. Además, para llegar a todas las sensibilidades, sería muy importante una eventual prioridad del lado social de la política ­renta, fiscalidad, educación...­, lo que debería concretarse en políticas presupuestarias progresistas.
Hay, además, varios casos que requieren comentario. Es sabido que entre los sindicatos sólo ELA consideró positiva y esperanzadora la propuesta, aunque hacía públicas sus reservas sobre la voluntad del Tripartito de llevarla hasta el final. Era razonable aquel apoyo habida cuenta de que fue ELA el heraldo del fin del Estatuto como marco de normalización. Obviamente, las desconfianzas ­luego reiteradas­ responden en buena medida a las distantes relaciones entre Gobierno y ELA en los últimos años. Para este y otros casos, los distintos agentes deberían ver reconocido su rol y facilitada su cuota de participación en la toma de decisiones.
Igualmente, la Universidad es mucho muy amplia y plural que lo que Basta Ya representa desde su omnipresencia mediática. ¡Nunca tan pocos aparentaron tanto! Hacer aflorar la realidad universitaria, y hacerla partícipe en positivo, es otra de las asignaturas pendientes. Incluso temas como el coste del status de libre asociación o la doble nacionalidad o la eurorregiónŠ son cuestiones en las que los universitarios tienen algo que decir.
Lo mismo ocurre con los medios de comunicación. Es conocida la limitada representatividad del sistema mediático respecto a la realidad social vasca. Por ello parecen necesarias una mayor atención de los medios públicos sobre los temas de fondo y el estímulo de la información, de la agenda y de la opinión en el resto de los media.
El tercer problema, el de las mayorías parlamentarias, es un dato fijo y las posiciones también. Más que tratar de convencer a las cúpulas, se trata de que el debate sea menos ideológico, más auténtico y vinculado a los problemas y a las sensibilidades y complicidades sociales, facilitando la comunicación entre los sectores más dialogantes del conjunto del espectro político.
No hay que ser ingenuos sobre las actitudes. Del PP nada se puede esperar, y muy poco del PSOE como tal, atado como está a la rueda de molino de la oportunidad de cambio del Gobierno de España a fuerza de no desmarcarse apenas del PP en el tema vasco.
La propuesta tiene alguna oportunidad fuera del Tripartito estableciendo, por un lado, un diálogo con quienes han mostrado críticas pero no un rechazo absoluto (Aralar, Zutik, BatzarreŠ) o han formulado importantes condiciones (Juventudes Socialistas y el grupo de Elorza y Zabaleta) y, por otro, un debate franco con quienes, partiendo del concepto de autodeterminación, como Sozialista Abertzaleak, lo confrontan con la propuesta. En este último caso, habiendo un punto de partida común ­la autodecisión­, una de las diferencias reside en cómo se concreta, hoy, aquel principio.
La propuesta habrá de demostrar que está abierta, que es un salto cualitativo respecto al marco vigente y que es una concreción del proceso de autodeterminación en claves muy similares a las de la famosa sentencia del TS del Canadá. Sozialista Abertzaleak tendrá que demostrar que sabe que los cambios requieren legitimación y mayorías reales, y que las oportunidades sólo aparecen de vez en cuando. En cualquier caso, y a pesar de ETA, parecería necesario que el Gobierno Vasco normalizara las relaciones con Sozialista Abertzaleak incluso sin pretender acuerdos, tal y como pareció apuntarse al inicio de la presentación de la propuesta a todas las fuerzas políticas.
Finalmente, si bien la propuesta cuelga en parte de los resultados de las municipales, tendría que ser ya desde ahora uno de los temas centrales de la agenda.