laopinionpublica.com/AI-España
Crisis de identidad:
Tortura y malos tratos por motivos racistas a manos de agentes del Estado.

Los miembros de una familia gitana con varios niños son humillados y torturados en una comisaría de Madrid, donde han sido detenidos ilegalmente. Policías secuestran a un vendedor ambulante senegalés de una playa en Galicia y, en vez de llevarlo directamente a la comisaría, lo golpean en una lugar alejado de la ciudad y le insultan con frases racistas.
Un niño marroquí, que trataba de rehacer su vida en Melilla, fue ilegalmente abandonado a su suerte por la policía española en la frontera. Esa misma noche se le vio llorando, empapado y entumecido de frío bajo la lluvia, aferrándose a la valla fronteriza. Una mujer brasileña fue violada mientras se encontraba bajo custodia de la policía. Como los compañeros del acusado se negaron a cooperar con la investigación, el violador no pudo ser identificado y el Tribunal Supremo no pudo actuar.
Un trabajador marroquí, atacado por una multitud armada con palos, huyó de su hogar bajo una ráfaga de balas de plástico disparadas por policías que además, no actuaron para impedir el incendio de su hogar y el robo de sus pertenencias.
Estos casos son solo una muestra de aquellos que Amnistía Internacional describe en este informe, y que demuestran una pauta de violación, por parte de agentes del estado, de los derechos de integrantes de minorías étnicas o extranjeros residentes en España. De muchos de los incidentes que recoge el informe se deduce que dichas violaciones surgen como resultado de la "tipificación racial". En otros, como es el caso de la expulsión de niños de Ceuta y Melilla, las violaciones son incluso aprobadas por las autoridades gubernamentales.
Durante muchos años Amnistía Internacional ha manifestado su preocupación por la tortura y el maltrato de españoles y extranjeros a manos de agentes del estado. Este informe examina el tema específico de la tortura y los malos tratos con componentes racistas llevados a cabo por agentes del estado en España entre principios del 1995 y principios del 2002.
Los casos descritos en este informe son sólo una pequeña muestra de las quejas recibidas por la organización y han sido escogidos con el fin de ilustrar la naturaleza del problema y no su magnitud.
1. Antecedentes
La discriminación racial contra la comunidad gitana en España ha sido documentada con anterioridad. Sin embargo, no ha sido hasta la reciente llegada a España de inmigrantes, en particular de África, cuando se ha reconocido que el racismo y la xenofobia es un problema tan grave en España como lo es en otras partes de Europa.
La población española asciende a 39 millones de personas, de la que se estima que entre un dos y un tres por ciento son extranjeros. Los últimos datos proporcionadas por el Ministerio del Interior muestran que el número de extranjeros residentes en España aumentó de 198,042 en 1981 a 938,783 en el ano 2000. Esta cifra aumentó a 1,109,060 en el 2001, lo que presupone un aumento del 23.81 por ciento comparado con el 11.78 por ciento en el 2000.
A esta cifra se le debe agregar el número de inmigrantes indocumentados que residen en el país. Los inmigrantes indocumentados –categoría en la que se incluyen muchas mujeres y niños– se encuentran en una posición particularmente vulnerable con relación a los agentes del estado. Los policías españoles tienden a considerar que el color de la piel y las características faciales, así como otras diferencias de apariencia, son pretextos legítimos para detener a individuos y poder pedirles sus documentos de identificación. En estas circunstancias es cuando se presenta el mayor número de casos de maltrato.
2. Tortura y malos tratos por motivos racistas
2.1 Muertes bajo custodia
Amnistía Internacional esta preocupada por el gran número de muertes en España durante el periodo de custodia, incluyendo muertes de extranjeros. La organización cree que muchas de las investigaciones sobre los casos no han sido realizadas con la debida minuciosidad, rapidez e imparcialidad exigida por la ley.
De acuerdo con información recibida por la organización al menos 28 personas murieron bajo custodia de la policía o de la Guardia Civil entre enero de 1999 y octubre del 2000. Ciertamente, el hecho de que extranjeros e integrantes de minorías étnicas se encuentren en esta lista no indica a priori la existencia de motivación racial, pero la revelación de que varias de estas personas habían sido detenidas por la policía para revisarles sus documentos de identidad, insinúa que su muerte podría haber estado basada en la tipificación racial. Algunas de estas muertes estuvieron acompañadas de acusaciones de maltrato o uso excesivo de fuerza.
El informe da detalles de los casos de seis personas que murieron mientras se encontraban bajo custodia policial. Todos ellos fueron detenidos por su origen étnico.
2.2 Violación y asalto sexual por parte de policías y Guardias Civiles.
Amnistía Internacional ha documentado un gran número de denuncias de violación y otros abusos sexuales ocurridas durante el periodo de custodia policial. En términos generales podemos afirmar que las mujeres extranjeras indocumentadas son las que tienen mas riesgo de ser sometidas a dicho abusos.
La violación puede definirse como un crimen de violencia, agresión y dominación que afecta principalmente a las mujeres y, por consiguiente, puede tipificarse como un acto de violencia contra las mujeres. Este informe menciona más de ocho casos de mujeres extranjeras procedentes de Colombia, Marruecos, Brasil, Perú que han sido violadas o asaltadas sexualmente en comisarías españolas. Dichos abusos no han sido necesariamente el resultado de hostilidad racista, pero parece evidente que sus orígenes étnicos las han colocado en una situación vulnerable ya que tienen más posibilidades de ser detenidas por la policía o la Guardia Civil.
Amnistía Internacional cree que los casos de violación o asalto sexual continúan ocurriendo porque algunos agentes creen que es poco probable que las mujeres inmigrantes cuyos documentos no están en orden –y que pueden temer ser deportadas más que ser violadas– presenten denuncias, o que aunque las presenten, el espíritu "solidario" de los policías y jueces los protegerán de ser sancionados. Se han presentado casos de policías que han sido declarados culpables de asalto sexual y maltrato, o que se encuentran bajo investigación por dichos crímenes, a los que se les ha permitido continuar trabajando en cargos en los que tienen acceso a detenidas.
2.3 Tortura y malos tratos
Amnistía Internacional cree que el maltrato físico y el abuso de autoridad de policías con relación a inmigrantes e integrantes de minorías étnicas se da con gran frecuencia y de manera extendida, aunque la realidad demuestra que por diversos motivos tan solo un número limitado de estos casos llegan a ser denunciados. La organización ha recibido información sobre casos en las que la víctima tiene miedo de presentar una denuncia y no quiere que el caso sea hecho público por temor a ser maltratado de nuevo o bien por temor a que se perjudique su solicitud de permiso de trabajo o de residencia.
La información recibida por Amnistía Internacional sugiere que existe un uso frecuente de la "tipificación racial", que conlleva a la detención y revisión de la documentación de determinados individuos basados en su raza u origen étnico. Si se cree que los detenidos se están resistiendo o que estos están cuestionando la revisión de la identificación por parte de la policía, pueden ser sometidos a abusos de autoridad o incluso atacados, lo que en algunos casos ha producido heridas graves. Se ha informado de la existencia de casos en los que los individuos han recibido palizas con bastones, puñetazos y patadas. En varios de estos incidentes a consecuencia de las palizas los individuos sufrieron fracturas de diversa gravedad, mandíbulas dislocadas, cortes en la cara, mordeduras y otras heridas. En la gran mayoría de los casos documentados las víctimas tuvieron que buscar ayuda médica por si solos. También se ha informado sobre casos de detención ilegal. Por ejemplo, podemos citar incidentes en los que individuos fueron detenidos en la comisaría por periodos de hasta tres días sin ser informados del motivo de su detención. Si se presentaban denuncias, era muy frecuente que los policías presentaran contra-denuncias.
3. inmigrantes
3.1 Condiciones de detención de inmigrantes
La falta de cuidado básico humanitario de inmigrantes recién llegados a España es de gran preocupación. La organización también ha manifestado su preocupación sobre la situación de inmigrantes marroquíes que, dado un acuerdo entre España y Marruecos en 1992, permite la deportación inmediata después de su detención. Muchos inmigrantes han sido devueltos a Marruecos con la misma ropa mojada con la que llegaron a España, que mezclada con el petróleo de las embarcaciones puede provocarles quemaduras en la piel. Se han recibido denuncias de que cientos de marroquíes indocumentados fueron deportados a Ceuta, y de ahí a Marruecos en condiciones inhumanas. Estas personas aparentemente fueron retenidas en autobuses o vehículos de la policía, algunas veces esposados, que a su vez se introdujeron en las bodegas de los ferries. Los inmigrantes tienen que soportar condiciones de masificación, riesgo de accidentes por el movimiento de otros vehículos, calor excesivo, ruido de motor, y, además, no existen rutas de escape en caso de accidente. Varios capitanes declararon que la policía les presionó a aceptar a los marroquíes como cargamento en vez de pasajeros a pesar de que el pasaje de personas esta prohibido.
3.2 Maltrato de niños
Niños marroquíes en Ceuta y Melilla, sin compañía de padres ni de tutores, han sido maltratados al ser expulsados por policías o agentes de seguridad privados. En la mayoría de los casos los niños que han sido maltratados son niños que se encuentran solos, frecuentemente pobres y que provienen de familias desestructuradas.
3.2.1 Niños en Ceuta La mayoría de los niños que han llegado solos a Ceuta son de origen marroquí, aunque también hay niños argelinos y de la República Democrática del Congo (algunos de tan solo 4 años de edad).
Muchos de estos niños viven en la calle y no tienen acceso a cuidados médicos. Están enfermos y debilitados por la mala alimentación lo que favorece la contracción de infecciones respiratorias. Las condiciones en el único centro de acogida establecido por las autoridades, no son adecuadas: el centro no cumple con los niveles mínimos de higiene y, además, esta lleno de ratas y piojos. Las autoridades locales no han querido construir más centros de acogida por temor a que la ampliación ocasione que más niños lleguen a España y prefieren la opción del "reagrupamiento familiar" (buscar y reubicar a los niños con sus familiares en Marruecos), aunque ciertamente esta política no ha sido muy exitosa. Los trabajadores humanitarios han criticado esta política argumentando que la mayoría de las familias de los niños que llegan a Ceuta y Melilla no pueden o no quieren hacerse cargo de ellos. En los últimos meses se ha documentado una reanudación en la práctica de la expulsión. A los niños no se les comunica el lugar al que van a ser expulsados; ningún abogado los representa y ningún tribunal examina la legalidad de su expulsión.
3.2.2 Niños en Melilla
La ciudad de Melilla comparte frontera con Marruecos. Amnistía Internacional ha documentado que muchos niños, incluso algunos en posesión de documentos de residencia, han sido incluidos en las nuevas oleadas de expulsiones del territorio español. Niños, algunos tan solo de 11 años de edad, han sido devueltos forzosamente a Marruecos a pesar de que muchos de ellos llevaban años viviendo en Melilla. En un caso que tuvo lugar el 30 de agosto del 2001, cuatro menores fueron expulsados del territorio Español y entregados a la policía marroquí quien los golpeó y los detuvo durante un día. Otros casos confirman que niños han sido maltratados por policías de ambos lados de la frontera.
3.3 Maltrato a inmigrantes adultos durante procesos de expulsión y en detención o en centros de acogida
3.3.1 Uso de sedantes o métodos de restricción de movimiento En junio de 1996, 103 personas de diferentes países africanos fueron expulsadas de Melilla y Málaga en un avión militar. Cincuenta de ellos fueron enviados a Guinea-Bissau, donde fueron inmediatamente detenidos y posteriormente golpeados en prisión. El gobierno español admitió que a muchos de ellos se les dio a beber agua con sedantes durante el vuelo y que incluso algunos fueron golpeados por policías españoles. Amnistía Internacional está preocupada por los casos de denuncias individuales presentadas como consecuencia del maltrato recibido durante las expulsiones. La organización también esta preocupada por el uso de cinta adhesiva para limitar el movimiento de los inmigrantes durante la deportación. Dichas acusaciones no se refieren exclusivamente a policías, sino también a guardias de seguridad empleados por líneas aéreas, o a policías que no intervinieron cuando dichos guardias de seguridad emplearon una fuerza excesiva.
3.3.2 Expulsiones masivas forzadas
En mayo y junio del 2001 se llevaron acabo varias oleadas de expulsiones masivas de nigerianos de España. Muchos de los deportados habían sido transferidos de la península Ibérica a Ceuta y llevaban meses esperando los resultados de sus solicitudes de permisos de trabajo y residencia. En el momento de las expulsiones muchos seguían esperando el resultado de estas solicitudes. En los ejemplos mencionados en el informe, los policías iniciaron las detenciones de los expulsados de noche, lo que causo ataques de pánico a os inmigrantes. Al parecer, el uso de fuerza fue excesivo, no sólo con los expulsados, sino también contra aquellos que se manifestaron en su apoyo. Aun más, las expulsiones se llevaron a cabo de manera discriminatoria. Estuvieron dirigidas exclusivamente a gente de nacionalidad nigeriana.
4. Fracaso de la policía en la protección de las personas contra la violencia racista
Los acontecimientos que tuvieron lugar en El Ejido, Andalucía (Almería), en febrero del 2000 han sido descritos como unos de los disturbios racistas más lamentables de España. Los disturbios ocurrieron después de que dos hombres y una mujer españoles fueran asesinados por inmigrantes. Como consecuencia, entre el 5 y 7 de febrero una ola de violencia anti-inmigrante inundó El Ejido y sus áreas contiguas. Dicha violencia se manifestó en ataques a grupos de inmigrantes y edificios de ONGs que ayudan a los inmigrantes. Muchas propiedades pertenecientes a inmigrantes fueron totalmente destruidas. Muchos inmigrantes se vieron obligados a buscar refugio en cualquier lugar, incluso en comisarías. Uno de los temas principales de polémica que surgieron a raíz de los acontecimientos en El Ejido fue el papel desempeñado por la policía. Muchos inmigrantes presentaron quejas de que la policía no había hecho nada mientras eran amenazados y su propiedad destruida.
5. Impunidad
La impunidad es un problema que afecta a las minorías étnicas y a los extranjeros de manera particular. Su estatus jurídico es especialmente vulnerable, sobre todo si están indocumentados, ya que su ilegalidad los hace temerosos de recurrir a la ley. Además, a ello se une el factor económico, que indica que es probable que estos individuos consideren que el costo financiero de presentar una denuncia es mayor de lo que pueden pagar, e incluso el conocimiento limitado del idioma puede inhibirles a de presentar las denuncias. Amnistía Internacional ha observado que en aquellos casos en los que integrantes de minorías o extranjeros han presentado denuncias, los procedimientos legales son extraordinariamente largos. Si es que se llega a obtener una condena (que no sea revisada durante un proceso de apelación), éstas son frecuentemente insignificantes y rara vez implican el encarcelamiento del condenado. Un ejemplo de la impunidad prevalente es el caso de tres sargentos de Ceuta que presentaron una queja sobre las irregularidades en la detención y la expulsión de niños marroquíes. Como resultado de su acción, los tres sargentos fueron retirados de sus actividades normales y después suspendidos sin paga, mientras se llevaban a cabo procesos disciplinarios en su contra. Después de siete meses, fueron reubicados en su cargo por falta alguna de evidencias de que hubieran cometido falta alguna.
6. Recomendaciones
Amnistía Internacional hace un llamamiento a las autoridades españolas para que elaboren, adopten y pongan en práctica una estrategia nacional y un plan de acción para combatir todas las formas de racismo. Estas herramientas deben incluir medidas específicas para prevenir la tortura y malos tratos, así como cualquier manifestación de racismo durante la administración de justicia.