Claudio Lozano
ACTA
El acuerdo que anunció el Gobierno nacional, y que se firmaría la próxima semana con el Fondo Monetario Internacional, plantea dos aspectos negativos y uno positivo.

El primer aspecto negativo tiene que ver con que la Argentina no logró plasmar en términos prácticos que el FMI es en realidad co-responsable de la crisis que vivimos. Porque, como todos sabemos, las recomendaciones del Fondo en materia de política económica favorecieron la destrucción de la capacidad productiva de Argentina y porque además el endeudamiento que nuestro país tomó con este organismo tuvo por destino financiar el proceso de fuga de capitales previo al colapso del 2001.

Haber logrado plasmar en términos prácticos esta co-responsabilidad hubiese implicado lograr que el FMI, y a través del él el Banco Mundial y el BID, refinanciaran de manera completa los vencimientos no sólo de capital sino también de intereses por lo menos por cinco años y así brindarle al país un plazo suficiente para recomponer su capacidad económica. Esto no se logró, se refinanciaron los vencimientos de capital y los intereses los vamos a pagar.

El segundo aspecto, también negativo, tiene que ver con la meta de superávit fiscal que se ha establecido. El 3% del superávit primario significa una diferencia positiva entre los ingresos totales del Estado y los gastos totales antes de pagar deuda. Es importante aclarar primero que el punto de referencia para definir si esto es bueno o malo no puede ser nunca las propuestas que, en la mesa de negociación, planteó originalmente el Fondo. Porque, que el Fondo haya plasmado el objetivo del superávit del 4 o 4,5 %, planteo absolutamente inconsistente y disparatado, tenía como objetivo principal fundar una negociación que está de acuerdo a la lógica de los intereses que el Fondo define.

Lo que nosotros tenemos que evaluar, el punto de referencia para considerar lo que se ha acordado, es que cómo esta meta del 3% le permite al país llevar a cabo una política fiscal que sea compatible con acelerar un proceso de crecimiento de la economía, y además acelerarlo en dirección a un tipo de crecimiento que permita resolver las necesidades del conjunto de la población. En esa dirección, para un país que tiene hoy más del 50% de la población en situación de pobreza, y que además se encuentra tratando de salir de un cuadro de depresión económica desde mediados del '98, en realidad lo lógico sería aplicar una política fiscal expansiva que permitiera incrementar el gasto con destino a la inversión social que el país necesita, y que al mismo tiempo permitiera transformar a la inversión pública en un mecanismo que acelere el desarrollo económico.

La meta del 3% obliga, en un contexto donde el gasto público en nuestro país se encuentra en los niveles más bajos de la serie histórica, obliga a mantenerlos prácticamente en los mismos niveles. Y eso significa congelar el gasto social, los planes sociales, el gasto en salarios y jubilaciones, y esto es efectivamente un problema.

En realidad, con este acuerdo nos están obligando a hacer exactamente lo contrario a lo que están recomendando las propias naciones desarrolladas para tratar que la economía mundial salga de la depresión. Porque, tanto Estados Unidos que se ha puesto un déficit del 4% del producto bruto, como Francia, que se basa en la idea de tener más déficit para que no se caiga la economía, están indicando que en realidad la política lógica en un contexto de depresión económica no es más contracción por vía de mayor superávit. En cambio, Argentina está firmando un nuevo esfuerzo de ajuste que indudablemente es contradictorio con el objetivo que debiéramos tener.

El aspecto positivo está relacionado con el hecho de que en este acuerdo no se han comprometido, por lo menos hasta donde se sabe, a realizar reformas estructurales de largo plazo. Me refiero sobre todo a estrategias de privatización de la banca pública, como sí sucedió en el acuerdo anterior firmado por Duhalde, y tampoco se asumen compromisos que signifiquen un cronograma de incrementos tarifarios. Es positivo en tanto no se ve aún más restringida la autonomía en materia de decisión de política económica.

Entonces, mientras que los países desarrollados se plantean políticas fiscales expansivas para resolver los problemas de la depresión económica mundial, a nosotros nos están colocando obstáculos para poder implementar una estrategia fiscal como la que realmente necesitaríamos.

Si nosotros no podemos utilizar la política fiscal como herramienta de combate a la recesión, como acelerador del crecimiento económico y redistribuidor del ingreso, lo que sucede es que no se está debatiendo lo principal. El problema no es solamente hablar de que la economía está creciendo respecto al pozo en el que cayó. El debate es bajo qué modalidad se incrementa la actividad. Lo que está en debate no es crecer o no crecer, sino cómo se crece y para quien se crece, en el contexto de un país desvastado y con altos niveles de pauperización y desempleo.

El hecho de no poder disponer de una política fiscal que atienda los objetivos que planteaba antes implica que se sigue afirmando una lógica de salida económica que coloca como factores dinámicos al sector exportador y al consumo de los sectores mas acomodados de la población, sean éstos de clase media alta o de altos ingresos. Si esos van a ser los factores dinámicos, el tipo de crecimiento que nos proponen es escasamente dinámico, porque tiene escasa capacidad de generar empleo y por lo tanto escasa posibilidad de resolver los problemas de pauperización que tenemos hoy.

Por eso nosotros seguimos sosteniendo que la Argentina necesita poner como disparador del proceso de crecimiento la resolución de las necesidades de la mayoría de la población. Esto implica colocar a la distribución, a la ampliación de los ingresos de los hogares en situación de pobreza y a la expansión del consumo popular como mecanismos de ampliación del mercado interno, en la clave de un proceso de reindustrialización en la Argentina. Este es un tipo de salida diferente.

Porque en el fondo, lo que está en debate en nuestro país es si esta sociedad va a terminar pactando con los ganadores de la devaluación y afirmando así un tipo de sociedad que sin dudas mantendrá niveles importantes de desigualdad, o si, por el contrario, vamos a ser capaces de transformar lo que es un tiempo de renovación institucional en un proceso de democratización, ampliación del mercado interno, combate al desempleo y la pobreza, reindustrialización y mayor autonomía nacional. Este es el debate que se plantea claramente y que también está planteado al interior de las opciones que existen dentro del gobierno de Kirchner.

Era un buen momento

Existían, sin dudas, buenas condiciones para nuestro país en las negociaciones de este acuerdo.

En primer lugar, porque está gobernando un presidente que tiene un elevado consenso social. Segundo, porque lo hace en el marco de una situación social que tiene una visión clara sobre los límites que tienen las políticas del Fondo. Y en tercer término porque Argentina, al ser un deudor muy importante del Fondo, del Banco Mundial y del BID, si no acordaba les generaba un agujero patrimonial que los obligaba a previsionar pérdidas por montos millonarios y los dejaba en orsai dentro de la comunidad financiera internacional. Por eso ellos estaban muy preocupados y apurados por acordar.

Además, no debemos olvidar que Brasil, que ya probó los efectos recesivos de la medicina del Fondo, ya está declarando que no tiene la intención de volver a negociar con él. Eso también mostraba el apuro del Fondo, y de los Estados Unidos, por acordar con nosotros. Había un conjunto de condiciones que permitían haberle sacado mucho mejor jugo a esta situación y haber consolidado una perspectiva mas interesante que estuviera en línea con las condiciones que el propio Kirchner nombró cuando asumió.

La verdadera discusión

Este era un buen momento para avanzar en las discusiones con respecto a la composición de los recursos, al modo de asignación del gasto. Por ejemplo, se podría haber revisado los fondos que se pagan hoy a los grandes bancos del sistema financiero local, esos bancos que son acreedores privilegiados porque nunca dejaron de cobrar y fueron cubiertos por el Estado frente a la crisis con los ahorristas. Porque esa deuda con los bancos todavía hoy se incorporan en el Presupuesto Nacional.

Y también está pendiente una definición seria con respecto a tomar el control de los aportes de los trabajadores activos vinculados al régimen privado de Fondos de Pensión. Son todas políticas que podrían haber permitido una resolución mas favorable y poner en marcha una política económica que permitiera, no sólo la distribución, sino también una nueva estrategia productiva.

Hoy los saldos multimillonarios de la balanza comercial anual, de hasta 17 mil millones de dólares, en lugar de servir para un proceso de acumulación interna terminan alimentando la fuga de capitales. O sea que, lo que está en debate es la opción que se toma para salir de la crisis y bajo qué modalidad va a crecer la Argentina en el futuro. Tiene que ver con que, o pactamos con los ganadores de la devaluación o, por el contrario, abrimos la puerta a la configuración de una sociedad centrada en respetar y garantizar los derechos del conjunto de sus habitantes.