Justo Fernández
La Razón
Las duras palabras del presidente de Argentina, Néstor Kirchner, ante un centenar de empresarios españoles, fueron repetidas, unos días más tarde, en las afueras de Buenos Aires, ante mas de cinco mil personas. «Ya no es posible hacer una Argentina cerradita para ellos solos. Si de allá aprietan, ustedes me van a ayudar para que les torzamos la mano». Era la respuesta a la amenaza de marcharse del país de importantes multinacionales. Una pregunta queda en el aire: ¿las empresas multinacionales españolas se aprovecharon, durante los años de gobierno de Menem, para «repatriar ganancias exageradas». «Las empresas publicas son el agujero negro de la economía argentina. Hay que privatizar. Con lo que saquemos vamos a obtener una solución doble. Pagaremos la deuda externa y liquidaremos el déficit del público». Esos eran algunos de los mensajes repetidos, desde el Gobierno de Carlos Menem, cuando llego al poder, en 1989. Jaleado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, inició lo que muchos argentinos denominan la «década infame».

Con Menem, se produjeron masivas privatizaciones, en las que el fraude y el soborno aparecían como algo más que una sospecha ciudadana. Pese a ello, la deuda creció 13.000 millones de dólares, mientras el desempleo aumentaba. Los brutales programas de ajuste, impuestos por el BM y el FMI y la sucesión de gobiernos incapaces y corruptos, condujeron a Argentina, un país rico, a una desastrosa situación económica y social. En 1997, «The Economist», no ahorraba elogios para los gobiernos latinoamericanos, por su perseverancia en la liberalización económica y la campaña de privatizaciones. Paralelamente, la OIT, advertía del aumento de desempleo, el subempleo y la precariedad; del incremento de la pobreza y la exclusión. Latinoamérica y, desde luego, Argentina, han estado sometidas a las más duras experiencias del capitalismo corrupto, clientelar y represivo, en favor de los intereses de empresas multinacionales.

Las compañías multinacionales españolas, como el resto, distan bastante de ser ONGs. Desde la llegada al poder del PP, la estrategia de penetración en Latinoamérica, iniciada por gobiernos socialistas, se incremento considerablemente, erigiéndose, España, en el segundo país inversor, después de EE UU. Con el apoyo del Gobierno, los bancos y empresas privatizadas, presididas por amigos de Aznar o Rato, BBVA, BSCH, Repsol, Telefónica, Iberia, Gas Natural, Aguas de Barcelona, Dragados y Construcción, ACSA y algunas otras, participaron de la bacanal privatizadora, en procesos plagados de irregularidades.

Lo que algunos denominan como la «segunda conquista de América», consistió, a la sombra de una política de privatizaciones salvaje, en apoderarse del control de servicios, públicos o privados, estratégicos como teléfonos, agua, electricidad, transportes aéreos, ferrocarriles, metros, autovías, energía eléctrica, explotaciones petrolíferas, agroalimentario, distribución comercial, gas y una parte importante del sistema financiero argentino, que pasaron a depender de decisiones tomadas en Madrid o Barcelona. Los resultados han sido desastrosos, sobre todo, en Brasil, Perú y Argentina. Se despidieron miles de trabajadores. Se elevaron las tarifas de los principales servicios públicos, pese al deterioro de su calidad. Se redujo el poder adquisitivo de los salarios y la protección social, aumentando el desempleo y la emigración. Las denominadas «malas practicas» de las empresas multinacionales han dado lugar a resoluciones y recomendaciones de la OIT y códigos éticos ineficaces. Ahora, en estos días, una subcomisión de las Naciones Unidas ha aprobado un «proyecto de normas sobre las responsabilidades de las empresas multinacionales» en la violación de los derechos humanos, la dignidad de los trabajadores, la utilización del soborno, la extorsión y la corrupción, como métodos para conseguir ventajas para la explotación.

Ya han surgido las primeras diferencias entre el presidente Kirchner y el vicepresidente, Scioli, que parece defender los intereses de las multinacionales, propiciando una subida a los ciudadanos de las tarifas de los servicios públicos que controlan. Todo seguirá igual.