Esta es la crónica de una represión anunciada, que ningún funcionario quiso impedir y que otorgó a la Policía Federal la impunidad necesaria para gasear, pegar y disparar.

Agencia La Vaca

Esta es la crónica de una represión anunciada.

"Vamos, apurate, que llegás tarde a la manifestación", me provocó un policía sin identificación mientras cerraba la calle México en su intersección con Saavedra. Eran casi las tres de la tarde y tras escuchar su frase socarrona ya podía adivinar cuál iba a ser el final de la historia.
Después de aquella frase poco feliz, pasaron dos horas y media hasta que empezó una cacería similar a la del pasado 26 de junio, cuando la Bonaerense asesinó a los piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Como aquella vez, la Policía actuó con total impunidad.
Cómo explicar, si no, que a veinticinco cuadras de Brukman, la Policía Federal haya ingresado disparando gases al Hospital Garraham.
Cómo explicar, si no, que la Policía Federal haya gaseado la Facultad de Psicología por el simple hecho de que un grupo de piqueteros se había refugiado en el lugar.
Cómo explicar, si no, que la Policía Federal haya disparado balas de goma a los periodistas que estaban contra las vallas. (por lo menos cuatro fueron heridos).
Cómo explicar, si no, que en el asfalto hayan aparecido los ya famosos cartuchos rojos, esos que tienen balas de plomo.

Cómo explicar, si no, que la Policía Federal haya disparado y golpeado a los diputados porteños y nacionales que encabezaban la manifestación. Entre ellos, a la candidata de Izquierda Unida, Patricia Walsh.
Cómo explicar, si no, que la Policía Federal haya convertido a dos estaciones de servicio en sucursales de comisarías. Hayan roto los vidrios para detener a la gente que buscaba escapar a las balas y a los gases. Y que en una YPF quedaran "demorados" el periodista Miguel Bonasso, el abogado y candidato a vicepresidente Marcelo Parrilli y el secretario general del gremio ferroviario, entre decenas de personas.
Cómo explicar, si no, que la mayoría de los integrantes de esa Policía Federal carecieran de identificación y que muchos de ellos actuaran de civil.
Cómo explicar, si no, que semejante represión comenzara porque cinco obreras de Brukman corrieran una valla y la traspasaran tres metros, mientras el cordón de seguridad de la manifestación contenía a toda la columna y un hombre hacía ostensibles gestos a esa Policía Federal para que no reprimiera, dejando en claro de que nadie más iba a pasar.
Cómo explicar, si no, que el comisario a cargo del operativo justificara semejante represión mostrando a las cámaras de televisión dos bombas molotov, supuestamente secuestradas a uno de los manifestantes.

Evidentemente, la impunidad policial estaba consagrada.

Ya lo había anunciado el comisario a cargo del operativo cuando Celia Martínez, de la comisión interna de Brukman, le pidió reja de por medio y a los gritos, sentarse a negociar. "No tengo nada que negociar. Mi obligación es cumplir una orden judicial", dijo con voz marcial. Y la orden judicial fue clara: "No hay supremacía de la vida y la integridad física sobre los intereses económicos", sentenciaron los camaristas a cargo de la causa Brukman.
Ninguno de los que podían haber evitado la represión movió un ápice para hacerlo. "No influimos en la decisión de la justicia", dijo displicente la ministra Graciela Caamaño, olvidando por un momento las urnas que quemó su marido, Luis Barrionuevo, para torcer la decisión judicial que le impedía participar de las elecciones catamarqueñas. Evidentemente, los dirigentes argentinos pueden presionar jueces para adelantar y postergar elecciones, impugnar y convalidar internas partidarias, según las mezquinas necesidades de los candidatos de una dirigencia decadente. Pero nada pueden hacer nada para impedir la represión policial.
El desalojo fue el viernes a la madrugada. Hubo cuatro días para hallar una solución. Ningún funcionario quiso hacerlo.
De todo eso -algún día- deberán hacerse cargo.