La abogada María el Carmen Verdú, como miembro de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, será la abogada defensora de los piqueteros que fueron denunciados por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, por la movilización que realizaron la semana pasada frente a la cartera laboral. "Por la poca envergadura de las organizaciones imputadas, da la sensación de que se trata de un globo de ensayo", dice en esta entrevista donde analiza las implicancias de la criminalización de la protesta y denuncia una estrategia de cuatro patas que el gobierno tiene para desarticular al movimiento de trabajadores desocupados. "No es descabellado si se piensa que ya hay 2.500 procesados por participar de las protestas sociales", asegura.

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-¿Qué significa la denuncia penal que realizó el gobierno contra los grupos piqueteros que manifestaron en la puerta del Ministerio de Trabajo?
-La denuncia es parte de una nueva estrategia que plantea el gobierno, que ya se venía venir, pero que se puso en evidencia en las últimas semanas. Se trata de una estrategia basada en cuatro patas: la primera consiste en generar un desgaste sobre las organizaciones a través de especialistas. Eso se vio en el episodio de Trabajo que, hasta llegar a los funcionarios del Ministerio, los piqueteros tuvieron toda una serie de reuniones, de tiras y aflojes con personal policial entrenado en negociaciones, que produjeron una dilación de ocho o diez horas. En segundo lugar, hay una estrategia de generar contradicciones entre las distintas organizaciones. Se ve claramente en el discurso del gobierno cuando clasifica y dice que hay piqueteros sensatos, piqueteros amigos y que están los otros, radicalizados. En tercer lugar, aparece la utilización del Código Penal. Eso juega a dos niveles: hay gente que tiene que estar sujeta a los avatares de una causa penal y, por el otro, se genera en la opinión pública una equivalencia entre protesta social y delito. La cuarta pata de esta estrategia es una activa campaña en la opinión pública. Dicen: "Nosotros estamos tratando de hacer las cosas bien, los que protestan son delincuentes que no permiten que la gente llegue a su trabajo". En ese sentido, el incidente con Tomada creo que fue un globo de ensayo.
-¿Qué implica la distinción entre piqueteros sensatos e ideologizados que formula el discurso oficial?
-Eso es terrible, no porque se los tilde de ideologizados que no tiene nada de malo, sino porque la ideologización se plantea como la línea divisoria entre los que delinquen y los que no delinquen. Por eso, esta denuncia penal no es sólo un problema de cuatro organizaciones; es una definición de los términos en que el gobierno lleva adelante la guerra -y uso el término guerra con absoluta conciencia- a los sectores organizados del campo popular. En todo caso, lo que marca que haya grupos que se oponen al ALCA o al capitalismo indica que no se trata sólo de un reclamo sectorial o economicista, sino que hay conciencia política que sustenta estas organizaciones.
- No bien asumió, el presidente Kirchner se mostró dialoguista y recibió a casi todos los movimientos piqueteros en Casa Rosada, ¿por qué cambió de actitud?
- ¿Cómo funciona ese diálogo? Desde el 25 de mayo, tanto Kirchner como sus funcionarios del área de Justicia y Seguridad comenzaron a decir: "No vamos a criminalizar la protesta". Salvo esos discursos -preciosos, muy bien dichos- no ha habido ningún hecho concreto que solucione la situación de las miles de personas que están sometidas a proceso por haber participado de movilizaciones reinvindicativas o de hechos vinculados a la protesta social. Por el contrario, lo que la evidencia sí nos indica es que en ese lapso se han reactivado causas con más de un año y medio de antigüedad, que en algunos casos ni siquiera sabíamos que existían, porque por secreto de sumario no te dejan ver las causas.
-¿Qué causas, por ejemplo?
-Una: en los primeros días de febrero de 2002 -plena efervescencia post 20 de diciembre- el Bloque Piquetero hizo una movida en el Polo Petroquímico del Dock Sud para reclamar puestos de trabajo genuinos a empresas que habían despedido gente en los años anteriores. Acamparon durante tres días, hasta que llegó la orden del juez federal de La Plata para que desalojaran, el 14 de febrero a las 6.30 de la tarde. Gendarmería informó que a las 19:45 estaba despejado por completo la zona y que no hubo ninguna resistencia. Nos habíamos olvidado del tema hasta que a mediados de julio, uno de los referentes del Movimiento Teresa Rodríguez, que había participado de aquella movilización, recibió una citación para presentarse en La Plata por la violación del artículo 194 del Código Penal, que habla de interrupción del tránsito vehicular terrestre. Y según nos notificamos cuando vimos la causa estaban buscando a otras cuatro personas, referentes de otros tres movimientos. Tardaron 18 meses en encontrar los cuatro domicilios para notificarlos del proceso. Cuando llegamos a ver la causa, había tres órdenes de captura y una declaración de rebeldía, respecto de gente que está permanentemente expuesta en los medios de comunicación, en manifestaciones en la calle, o en entrevistas con funcionarios. Mientras los buscaban, tuvieron la entrevista con Kirchner, el 9 de junio.
-¿Cuál es la lógica de que el Presidente los reciba por un lado y la justicia los busque por el otro?
-Ahí es donde nosotros planteamos la cuestión del doble discurso. El mismo doble discurso que se pone en evidencia con lo del ministro Tomada: por un lado, digo que me vinieron a buscar, me apretaron y los denuncio penalmente y, por el otro, los cito para que vengan a discutir la entrega de alimentos. Fijate que ahora les van a dar los alimentos. Eso es lo que te demuestra que la utilización de los mecanismos penales es una herramienta represiva y no el resultado ineludible de que se cometió un delito.
- ¿Qué efecto busca el gobierno utilizando el Código Penal para reprimir la protesta social?
-Es un efecto doble. Desde lo subjetivo sirve para amedrentar: a nadie le gusta estar sujeto a una causa penal. Y hay referentes que tienen acumuladas siete u ocho causas, por eso nos preocupó tanto la tesis de un juez que apeló a la figura de acumulación de procesos para justificar una prisión preventiva por delitos que son excarcelables. Es uno de los caminos hacia donde podría desembocar esta situación: te acumulo procesos, todos por delitos excarcelables, y cuando llego a determinada cantidad, te pongo preso. No ha ocurrido nunca, pero es una posibilidad. La lógica es: pongo preso al referente y desarmo la organización. Explícitamente el gobierno dice que quiere desarticular al movimiento piquetero. Además, llega un punto que tienen tan trabada la vida de una persona con procesamientos, embargos absurdos a desocupados, que lo paralizan.
-¿Las imputaciones judiciales suelen ser a los dirigentes o a militantes menos conocidos?
-Es una cosa que fluctúa. Hay causas en las que se apunta directamente a la cabeza, como en la causa de Dock Sud donde acusaron a cuatro referentes. Después, hay otras en las que eligen al tuntún seis o siete manifestantes que quedaron identificados en la foto. O porque son los que quedaron detenidos, como pasó el otro día en la manifestación del subte, que hasta se llevaron a un pasajero que cometió el error de ayudar a una mujer que tumbaron de un bastonazo. A los dos minutos estaba esposado, arriba del camión celular, junto a otros nueve que estaban manifestando. Cuando el apriete viene por el lado de los compañeros de base, el efecto de amedrentamiento es mucho mayor. Todo esto sumado a que el clientelismo en los barrios es atroz. En la Argentina, hay más de dos millones de planes sociales y menos de un diez por ciento es administrado por las organizaciones piqueteras: entre todas no suman 200 mil planes de cualquier tipo. El resto lo administra el Estado, generalmente a través de sus municipios. Y los punteros no te piden que te movilices y corras el riesgo de ser imputado en una causa.
- ¿Cómo es toda esta situación en el interior del país?
- Peor, porque la situación no es visible desde Buenos Aires. En Bahía Blanca hay 159 procesados en tres causas que ya entran en la etapa de juicio oral. En San Luis hay tres causas en juzgados federales con defensores oficiales porque no hay organismos de derechos humanos ni nada. Prácticamente donde vayas te encontrás con ese tipo de cosas.
- ¿Cuántas personas están procesadas por participar de la protesta social?
- Eso es todo un problema. Está el número de 2.500 o 3.000 que tira la CTA, pero nadie vio esa lista. Hace siete años que se la venimos pidiendo, desde que decían que eran mil. Por otro lado es real que es un dato muy difícil de sistematizar. Tenés causas nuevas permanentemente, causas que ni sabías que existían, causas que se cierran. Lo que puedo decir es que sólo en Bahía Blanca hay 159, en Mar del Plata 83, en la causa que inició Aníbal Fernández cuando era ministro de Eduardo Duhalde hay 59 imputados que estuvieron presos durante un mes y medio. En Capital Federal y Conurbano no hay menos de 500 que me consten, y no hablemos de Salta, Jujuy y Neuquén. Entonces, la cifra de 2.500 no es descabellada.
- ¿Y cuántos fueron condenados?
-En esa lista están Alí, Castells, Marina Schiffrin, la docente que participó de un corte tan masivo que hasta estaba el obispo de Neuquén en la ruta. Y, sin embargo, fue condenada a seis meses de prisión en suspenso y a no participar de cortes de rutas nacionales ni provinciales. En ese fallo, uno de los camaristas señala que en democracia la única forma de protesta debe ser el voto.
- ¿En qué situación se encuentra el proyecto de amnistía a los procesados y condenados por la protesta social?
- El 30 de julio presentamos el proyecto con una importante movilización. El gobierno decidió armar una comisión de notables, con algunos compañeros vinculados fuertemente al campo popular y otros señeros representantes de la burguesía judicial. Finalmente no pudo llegar a un acuerdo. Hay un proyecto que va a salir seguramente con una definición tan vacua, que yo calculo que si hubo un procesamiento por la procesión a Luján tal vez se pueda aplicar. Se va a hacer un discurso para conseguir la tapa de los diarios pero, pero de las causas reales y concretas no va a quedar ninguna.
- ¿Por què pedir la amnistía y no un desprocesamiento?
- Nos pareció que técnicamente era la herramienta más idónea. El desprocesamiento no existe, ¿dónde esta regulada esa figura? El desprocesamiento es una facultad individual del juez en un caso puntual y se llama sobreseimiento. Desprocesar significa eliminar un procesamiento que existe, por lo pronto entonces no alcanza a quien está condenado y no alcanza a quien está imputado pero no procesado. Por otro lado, para echar atrás un auto de procesamiento fundado, el mismo juez que lo hizo tiene que dictar una falta de mérito o un sobreseimiento. Esto implicaría que cada juez, en cada causa, se pusiera a dictar el desprocesamiento y la verdad no lo veo muy prácitco. En cambio, la amnistía es una norma general. Dice que queda extinguida la acción penal, todas las consecuencias penales y administrativas de todo hecho con motivo de interrupción de tránsito vehicular, la toma de edificios públicos, y todos los hechos que tengan origen o motivación en un reclamo vinculado con la protesta social.