Argentina: La lucha continúa

Parece que los mismos intereses que prohijaron la agencia de seguridad de Dos Ases de Don Torcuato con el asesino Hugo "Beto" Cáceres a la cabeza (hoy extirpada gracias a la denuncia social y al accionar de nuestra organización) se expanden en otros puntos del país. Son los mismos comerciantes ricos, propietarios ricos, vecinos ricos que, enancados en la "inseguridad", son capaces de financiar la "limpieza social" que los policías -por la propia como en el caso del Hugo Beto o institucionalmente- hacen con los "pibes chorros".

En los primeros seis meses del año, en una de las ciudades más castigadas por la desocupación del país como es Concordia, han aparecido cinco cadáveres arrojados a las aguas de los arroyos linderos. Todos eran pibes que previamente fueron detenidos por personal policial.

Víctor Balbuena, de 20 años y dos amigos fueron detenidos a la salida de una bailanta el 13 de julio. Los llevaron a la Jefatura Central y los molieron a palos. Los sacaron, los metieron en el baúl de un patrullero y los llevaron al riacho Ayuí Chico, donde al estilo de Ezequiel Demonty, los obligaron a desnudarse y tirarse a las aguas. Para que no se dude que se trata de un método, esa misma noche pero en otro paraje del mismo río, la policía entrerriana tiraba a Fabián Alem.

En idénticas circunstancias fueron muertos Gastón Lezcano, "Pato" Segovia y un menor de apellido Medina. Roberto Tribulatti, coordinador del movimiento Chicos del Pueblo de la CTA, dijo "Víctor Balbuena es el prototipo de muchos pibes de los barrios. Desde que nacen tienen que trabajar y llenarse la panza en los comedores escolares. Van ganando la calle al no tener una contención familiar, porque el Estado está ausente. Porque los padres los tienen que dejar para ver si pueden trabajar."
Indiscutible definición de una represión -a veces privatizada- que es de clase.

EL PUEBLO NO USURPA (Y a veces hasta los jueces lo reconocen)
A raíz de la denuncia de la División Mitre de la Policía Federal se inició una causa penal contra la Asamblea de Villa Urquiza que había recuperado un espacio para el pueblo. Se radicó ante el Juez Federal Ballesteros.

Con la asistencia de la CORREPI, la asamblea se presentó y expuso que dicho lugar se hallaba totalmente abandonado,
expuesto al deterioro y suciedad, y que la intención de la Asamblea era darle al predio un uso social, público, comunitario y asistencial, que así se pidió ante los organismos pertinentes. Se documentaron en la causa penal todas las tareas que desarrolla la Asamblea de Vecinos.

Sobre la base de estos antecedentes y todas las gestiones realizadas por los vecinos tanto ante el Gobierno de la Ciudad, la legislatura porteña y el Onabe, el Juez Ballesteros entendió que la ocupación "no reviste el carácter de usurpación, toda vez que no se ha despojado al Estado de sus bienes y los vecinos de la Asamblea carecen del animus del despojo..." recalcando además que todas las actividades colectivas realizadas por la asamblea han sido en beneficio de la comunidad, por lo que mandó al archivo la causa.

El fiscal de la causa, Dr. Cearras, apeló la resolución del Juez, e intervino la Camara de Apelaciones, que confirmó el fallo del Juez de Primera Instancia. Sostuvo la Cámara que "el Estado Nacional no fue despojado del bien, pues desde el inicio de las actuaciones la agrupación vecinal realizó las gestiones necesarias para regularizar la situación... demostrándose de esta
forma que el ánimo de los ocupantes no fue turbar la posesión o tenencia del inmueble, sino realizar en él diversas actividades de utilidad pública".

Parece que aún los jueces están empezando a entender que el pueblo no usurpa sino que ocupa, se apropia y recupera para sí lo que los poderosos se arrogan en su detrimento.

CASO DAMIÁN
EL sabado 4 de Octubre en la plaza Ader de Villa Ballester, el agente de Prefectura Naval Jorge Angel Silva atacó a balazos a Cristian Damián y José Mercado, hiriendo a este último, que actualmente se encuentra fuera de peligro pese a las heridas en su brazo y pierna, y asesinando al primero. Ambos se encontraban desarmados y transitaban por la calle.

Sin encontrar explicación a lo ocurrido, todo el barrio se reunió en asamblea, de la que surgió la realización de una marcha pidiendo que la muerte no quede impune. El 8 de octubre alrededor de 160 personas se congregaron frente a la comisaría Segunda en cuya puerta se encendieron velas en homenaje a la memoria de Cristian. La marcha fue encabezada por su esposa Roxana y sus hijos Agustina, Rocío, Valeria y Agustín.

La compañera Rosario Guerrero patrocinará a la familia ante la fiscalía de San Martín donde está radicada la causa.

REPRESION EN JUJUY
En la localidad de Libertador General San Martín, feudo del ingenio Ledesma, Cristian Ibáñez fue detenido la noche del sábado 4 de octubre por la policía jujeña. Estaba ebrio y se resistió a ser detenido. Seguramente arrojó algún golpe o patada al personal policial. Algo natural en quien no quiere que le quiten la libertad, máxime si no hay motivo. Seguramente también, ello trajo aparejado que el personal policial se abocara a "tranquilizarlo" con alguno de sus habituales métodos, y que se "les quedara".

Unas horas más tarde apareció ahorcado con el cordoncito de la cintura del short que llevaba puesto. Un verso más de cualquier policía del país para intentar simular un modus operandi generalizado: tortura seguida de muerte = suicidio.

Cristian Ibáñez tenía 20 años, y era militante de la Corriente Clasista y Combativa. Sus compañeros y familiares no creyeron la versión policial y denunciaron que fue un asesinato. Convocaron una manifestación que no fue espontánea sino debidamente programada y organizada para el jueves 9. Tanto la policía de Ledesma como el ministro de seguridad provincial como el propio gobernador Fellner sabían perfectamente que se iba a desarrollar una jornada de repudio al accionar represivo.

La masiva marcha que superó las 5.000 personas (algo así como un tercio del total de los habitantes del pueblo) se dirigió hacia la comisaría donde Ibáñez fue asesinado. Los canas no estaban solos, ya que habían llegado refuerzos desde otras localidades de la provincia e incluso desde la capital, San Salvador. No hubo entonces una "reacción intempestuosa" de las fuerzas policiales como quisieron vender: No hubo errores ni excesos. La marcha terminó con una feroz represión contestada por el pueblo con el incendio de la comisaria y varios patrulleros.

La represión fue con balas de plomo, lo que no solo demuestra un modo habitual de la policía de nuestro país de responder a los reclamos populares, sino que en este caso, como en tantos otros, se habían emitido esas directivas. Como ya dijimos, estaban avisados de tal movilización. Durante la represión uno de los manifestantes, Luis Marcelo Cuéllar, fue asesinado por un cabo de la policía, que vestido de civil le disparó a quemarropa. Según los compañeros de la CCC, habría otros dos muertos. Fueron detenidos 30 manifestantes y se libraron 15 órdenes de captura, entre ellas la del dirigente de la CCC Enrique Mosquera. Hubo numerosos golpeados y heridos.

Este hecho represivo, que calificamos como planificado por la política del gobernador provincial, es el corolario de una campaña persecutoria hacia la Corriente Clasista y Combativa. La semana anterior fueron detenidos militantes en San Salvador y en Tilcara, y a un tercero lo fueron a buscar a Tucumán.

No alcanza con los pases a disponibilidad ni el relevamiento de los canas ni con las investigaciones hacia el jefe policial provincial. Tampoco con los repudios plañideros de parte del gobierno nacional. Está claro que la movilización se iba a hacer, que iba a ser masiva, que respondería a una organización combativa y que no se trataría de una "marcha del silencio". La sola presencia de personal provincial de otras zonas pertrechados con armamento antidisturbio y con postas de plomo indica que la represión estaba entre las salidas. No pueden alcanzar las palabras de Alberto Fernández en cuanto a que "la protesta social debe controlarse y no reprimirse de esta forma".

Se trata del primer muerto durante la gestión de Kirchner. No directamente atribuible al ejecutivo nacional como las masacres del Puente de Corrientes, de la Plaza de Mayo o del Puente Pueyrredón. Como en los casos de Victor Choque o Teresa Rodriguez no fue la gendarmería ordenada por el Ministerio del Interior sino las policías provinciales las que actuaron, por lo tanto la responsabilidad primaria cabe al gobierno provincial.

Un gobierno provincial, que como el de Estabillo con Menem en el caso de Choque, está intimamente ligado al proyecto del PEN. Se trata de la gestión de quien ha sido y es una de las espadas del kirchnerismo, incluso quien estaba sindicado para ocupar la presidencia del partido Justicialista.

No se puede hablar de simple "reeducación de las fuerzas policiales" como simplifica el jefe del Gabinete. Ni hacer un "mea culpa" tan hipócrita como el de Fellner cuando declara que "hubo un uso indebido de la fuerza". Si para actuar en una manifestación donde hay bronca se tienen cargadas las armas con balas de plomo, es para usarlas y cuando se las usa es porque alguien desde el poder político respalda tal decisión. En menos de una semana, la caracterización hecha por CORREPI sobre la represión social y política ha quedado de manifiesto en los hechos que vivieron los compañeros jujeños.