Una depuración tras otra pero los resultados no aparecen

Por Emilio Marin

El ministro de Justicia Gustavo Beliz reemprendió la semana pasada su embate contra la corrupción policial. Lo hizo de manera ejemplarizadora pues su campaña se reabrió con la cesantía del jefe de la Policía Federal por presunta corrupción. En simultáneo, el gobierno de Felipe Solá informó que eran 24 los comisarios mandados a retiro en la Policía Bonaerense. Se refería a la última tanda pues ya debe haber perdido la cuenta de cuántos fueron retirados sólo en lo que va del año. Esas medidas aparecen como auspiciosas y necesarias porque instituciones con jefaturas corruptas no pueden evidentemente lidiar con el delito. El problema es que hay otras causas de fondo que no se removieron pues de lo contrario no se explicaría que, tras tantas purgas, la fiebre continúe tan alta en fuerzas de seguridad.
HOMBRE DE RUCUCU
El depuesto jefe de la Policía Federal estaba participando de una reunión de Interpol en la ciudad francesa de Lyon cuando le comunicaron su retiro desde la cartera de Beliz. El comisario Giacomino sintió el impacto pues aspiraba a la poltrona de Interpol y ahora, en vez de disputar ese cetro, tendrá que gastar en abogados para zafar de dos causas.
En una, de vieja data, se lo acusa de haber inducido la licitación de patrulleros a favor de Citroen, con sobreprecios y comisiones. La otra, más reciente, sostiene que dos días antes del cambio presidencial, adjudicó contratos por dos millones de pesos en servicios informáticos para el Hospital Churruca a empresas de familiares suyos, también pagando sobreprecios.
Giacomino volvió de Europa y se encerró en el country "El Ombú" de Cañuelas, donde tiene de vecino al ex gobernador Carlos Ruckauf. Los vecinos tienen una relación estrecha desde que en 1999 "Rucucu" lo designó jefe de su custodia en la casa de gobierno de La Plata. Con ese apoyo llegó a la jefatura de la Federal en diciembre de 2001, en el tórrido verano que se devoró a Fernando de la Rúa y al comisario Rubén Santos. Esa vez la fuerza de azul reprimió todo lo que pudo para salvar un gobierno moribundo. Su accionar se cobró seis vidas en el centro de la Capital Federal y lesionó a 227 manifestantes, según el expediente que lleva con tanta benignidad y mora la jueza María Servini de Cubría.
Nombrado jefe de la fuerza por Adolfo Rodríguez Saá, fue ratificado por Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, lo que implica responsabilidades del terceto y sus ministros del ramo, entre otros Juan José Alvarez y Gustavo Beliz. Este, más vale tarde que nunca, terminó despidiendo al comisario luego de tenerlo al lado en la difusión de planes esotéricos sobre "Honestidad y Eficiencia", como el anunciado el 10 de julio último. Según sus pautas, las 53 comisarías iban a lograr la certificación de calidad total según las normas ISO 9000. El lector que crea que estamos hablando en broma puede revisar los diarios de la Capital Federal del 11 de julio de 2003 y verá que ese era el plan de Beliz-Giacomino-Norberto Quantín.
EMBARRADOS EN RIACHUELO
En agosto de 2003, la dupla Beliz-Giacomino citó a los 53 comisarios de la Capital para el inicio formal de ese programa de Capacitación. El ministerio de Justicia lo organizaba en conjunto con la Universidad Tecnológica Nacional y el primer expositor fue Beliz. Este ratificó: "lo que se pretende con este seminario es que todas las comisarías de la Federal alcancen las normas de calidad de gestión ISO 9000".
El curso reflejaba la preocupación gubernamental por una realidad policial tantas veces reflejadas en las páginas de policiales y de política. Muchos jefes, oficiales y tropa, de arriba abajo y viceversa, aparecían vinculados con el delito (ver aparte "POLICÍA: LO QUE ESCRIBIÓ RODOLFO WALSH"). Uno de los casos más resonantes había ocurrido en setiembre de 2002, cuando miembros de la comisaría 34º golpearon a tres jóvenes y los obligaron a zambullirse al Riachuelo. Uno de ellos, Ezequiel Demonty, se ahogó.
Ese crimen fue una muesca más en las culatas de los "federicos". Si hablamos de muertes de adolescentes a manos policiales, el caso más renombrado fue el de Walter Bulacio, en 1991, detenido en la puerta de un recital y muerto tras ser golpeado en la comisaría 35ª. Justamente la semana pasada hubo un fallo de la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) ratificando su condena contra el Estado argentino y fijando en 400 mil dólares la indemnización que debe pagarle a la familia del chico.
Pese a esa trayectoria ostensible de la Federal y con el caso Demonty instalado en la opinión pública durante 2002, el mismo día de esa muerte en el Riachuelo (14/9/02), Giacomino reclamó la reposición de los edictos. Estos poderes policíacos están en las antípodas de las leyes y los derechos humanos, pero el entonces jefe de la Federal los puso como condición para "combatir la inseguridad". No se privó de nada pues también demandó la vigencia del "Memorando 40", que autorizaba al comisario de una seccional a detener menores de edad sin dar comunicación a un juez.
Precisamente esa fue la facultad que en 1991 ejerció el comisario Miguel Angel Espósito para dejar en la 35º a Bulacio. Walter tenía 17 años y mucha bronca cuando lo metieron en el calabozo, porque no había podido escuchar a los "Redonditos de Ricota". Al día siguiente lo sacaron muerto con golpes en la cabeza.
Con un mandamás como Giacomino era ridícula la pretensión de Justicia de dar a la institución certificados de "calidad total". Hasta llevaron el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel a dar una conferencia de derechos humanos a la Federal. Horacio Verbitsky escribió que "los cursos de derechos humanos de la Policía Federal deberían comenzar por el comisario Giacomino". Eso hubiera estado bien si el aludido policía tenía algún átomo democrático de su personalidad para enmendarse.
LA BONAERENSE
El consuelo de tontos de quienes pasaron por la jefatura de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde 1996 a hoy –Fernando de la Rúa y Aníbal Ibarra- y de los sucesivos ministros de Interior y de Justicia, fue que la Federal era una "pinturita" con el cotejo con la Bonaerense. En realidad las fuerzas "de seguridad" no se sacan demasiada ventaja, en proporción, atento al informe sobre represión policial que desde 1996 realiza anualmente la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). En promedio hay unos 90 casos de "gatillo fácil" cada doce meses, en una tendencia que se agravó desde 1983.
La Bonaerense puntea en esa tabla. Su triste fama durante el período constitucional se incrementó bajo la jefatura de Pedro Klodzcyk, protegido por Eduardo Duhalde durante sus períodos como gobernador (1991-1999). Uno de los hombres de Klodzcyk era el comisario Juan José Ribelli, preso desde hace varios años en la causa por voladura de la AMIA.
En los últimos años se alternaron al frente de los "patas negras" jefes como Ramón Verón –acusado de haber actuado en el centro de exterminio Coti Martínez durante la dictadura- y Alberto Sobrado. Este último perdió el puesto luego que el periodismo revelara que había depositado 333 mil dólares en el Scotia Bank de Uruguay, girados luego a una sucursal de esa entidad en las Bahamas.
Curioso caso el de la saga del fallecido Klodzcyk, Aldo "Gordo" Naldi, Mario "Chorizo" Rodríguez, los mencionados Verón y Ribelli y tantos más.
Por un lado los malos oficiales levantan olas sobre la inseguridad. Amplifican el número de delitos realmente cometidos en el conurbano para justificar sus pedidos de más fondos y facultades. En esa campaña cuentan con el apoyo del PJ duhaldista y los medios de comunicación que transmiten en la misma onda y frecuencia policial.
Pero por otro lado sucede a menudo que altos jefes aparecen involucrados en denuncias por corrupción, enriquecimiento ilícito, secuestros, etc. El ahorrista Sobrado no fue el único que debió dar un paso al costado. El comisario Angel De Gastaldi, jefe de la Delegación de Quilmes, fue separado bajo acusación de enriquecimiento indebido. El subcomisario José A. Hernández, jefe de una brigada antisecuestros que había recibido felicitaciones por su actuación en los casos Peralta y Echarri, terminó preso señalado como integrante de bandas de secuestradores.
En fin, queda en evidencia que no estamos ante unas pocas manzanas podridas dentro de una cesta donde el conjunto de frutas brilla con lindo color. No, aquí está enfermo el árbol mismo, con copa y raíz.

EMILIO MARÍN

POLICÍA: LO QUE ESCRIBIÓ RODOLFO WALSH

En 1993 el entonces gobernador Duhalde aseguró que la bonaerense era "la mejor policía del mundo" cuando los hechos de entonces ya eran concluyentes. En ese hipotético torneo mundial, la fuerza de seguridad de su distrito estaba descendida.
Años atrás se destapó que el tercer hombre en la jerarquía de la Policía Federal explotaba el negocio de la prostitución en la Capital y presuntamente tenía conexiones con el juez Norberto Oyarbide. Pero en esa materia los "federicos" eran aventajados largamente por los "patas negras" del otro lado de la avenida General Paz.
Los negocios de la Bonaerense eran de inversiones múltiples y como las de sus colegas metropolitanos, se basaban en sólidos vínculos con los políticos y funcionarios.
Esto no lo dijo una persona cualquiera. En agosto de 2002 se descubrió el cadáver degollado del joven Diego Peralta en una laguna de Quilmes y salió a la superficie la responsabilidad de algunos uniformados. Los vecinos de El Jagüel, enfurecidos, quemaron la dependencia policial.
Por esos días el viceministro bonaerense de Seguridad, Marcelo Saín, declaró: "existe un vínculo histórico entre la policía provincial y la política. Nadie puede negar el financiamiento policial de la política a través del narcotráfico, el juego y la prostitución. No hay posibilidad de que funcionen sin el amparo de la política". En enero de este año debió renunciar, luego que Duhalde y la plana mayor del PJ bonaerense le tiraran con munición gruesa. Uno de los ministros actuales, Aníbal Fernández, dijo que aquellas imputaciones eran "estupideces".
La realidad se inclina por la tesis de Saín. Hace 36 años Rodolfo Walsh definió a la Bonaerense en una publicación de la CGT de los Argentinos: "es una jauría de hombres degenerados, un hampa de uniforme, una delincuencia organizada que actúa en nombre de la ley; la secta del gatillo alegre es también la logia de los dedos en la lata".
E.M.