Daniel Giarone
ACTA

En esta nota se historiza brevemente cómo pobreza y represión van unidas en nuestra sociedad. Y muestra la interelación existente entre la protesta popular y las distintas formas que utiliza el sistema para reprimirlas.
Finalizó el año. Todavía asombra la cautela con que actuaron las fuerzas de seguridad durante las movilizaciones del 19 y 20 de diciembre último. Hecho que no alcanza a ocultar la profundización de la criminalización de la protesta social que se verificó durante el 2.002. Un recorrido por la represión desatada en los últimos años permite visualizar los límites de la actual democracia y plantear algunos interrogantes de cara al futuro inmediato.
"La guerra moderna de alta tecnología está diseñada para suprimir el contacto físico:
arrojar bombas desde 50.000 pies logra que uno no 'sienta' lo que hace. La administración económica moderna es similar: desde un hotel de lujo, uno puede forzar insensiblemente políticas sobre las cuales uno pensaría dos veces si conociera a las personas cuya vida va a destruir", advierte entre el reproche y la confesión Joseph Stiglitz, ex asesor económico de Bill Clinton y antiguo vicepresidente del Banco Mundial, al explicar las consecuencias de las políticas del Fondo Monetario Internacional sobre los pobres de la Tierra.
Este pequeño segmento del campo de batalla que es la Argentina ya presenta el aspecto de tierra arrasada. El 55 % de la población (20 millones de personas aproximadamente) se encuentra por debajo de la línea de pobreza. El 26 % (casi 10 millones) son indigentes, no pueden acceder a una canasta básica de alimentos. Uno de cada cinco chicos está desnutrido, mientras que por causas evitables mueren 2 niños menores de cinco años cada 53 minutos. El 70 % de los jóvenes menores de 14 años son pobres. El hambre se nutre de una profunda desigualdad: el décimo más rico de la población gana 46,6 veces más que el décimo más pobre. En 1980, la brecha era de 11,9.
Las silenciosas y letales armas que causan este verdadero genocidio deben buscarse en la política económica iniciada por la dictadura militar de 1.976 y continuada por los distintos gobiernos constitucionales. El esquema económico basado en la valoración de la renta financiera arrasó la industria nacional y el mercado interno, generando niveles de exclusión social inéditos en nuestro país. Entre 1973 y 1993 desaparecieron 15 mil establecimientos industriales, expulsando al 25 % de la mano de obra industrial. El PBI per cápita de la Argentina es hoy un 23% inferior que el de 1975, los salarios cayeron un 52 % y la desocupación se multiplico prácticamente por seis respecto a ese mismo año.
Las reformas estructurales promovidas por el Consenso de Washington no hicieron más que empeorar las cosas. La reforma del Estado, la privatización de las empresas públicas, la progresiva destrucción de la legislación laboral, el desfinanciamiento de la salud y educación públicas, sumadas a la ausencia de políticas sociales para combatir la pobreza, alimentaron un cóctel explosivo que se agita a medida que nacen nuevas formas de resistencia. El control social, que durante la última dictadura militar se basó en el terrorismo de estado sistemático y planificado, toma forma a través de la creciente criminalización de la protesta social, que hoy alcanza niveles alarmantes.
NUEVOS ACTORES
Durante la década del 90 el ajuste estructural, la enajenación del patrimonio nacional y la falta de trabajo condujeron a novedosas formas de protesta. Los cortes de ruta, nacidos en el interior del país y luego adoptados en Buenos Aires, se convirtieron en el principal recurso que tuvieron desocupados y trabajadores golpeados por la política económica del menemismo para llamar la atención de un gobierno intransigente ante los reclamos populares y de los sectores sociales que, traumatizados por la hiperinflación, lo legitimaban.
Los trabajadores desocupados crearon sus propias organizaciones, mientras que una parte de quienes eran golpeados por el ajuste y se oponían al neoliberalismo conformaron una nueva central sindical que con el correr de los años se denominaría Central de los Trabajadores Argentinos. La nueva fisonomía que adquiría la protesta, como también las formas organizativas, no hacían más que expresar un nuevo mapa nacional signado por la desocupación, la precarización laboral y la fragmentación social.
"Las respuestas institucionales a las protestas sociales se caracterizaron por la represión y por la persecución penal de los involucrados, mayoritariamente delegados sindicales y trabajadores desocupados, desvirtuando y forzando la aplicación de las leyes punitivas del Estado, es decir, judicializando la protesta", sostiene un riguroso análisis realizado por el Comité de Acción Jurídica (CAJ) de la CTA, donde se destaca la implementación de un plan sistemático que consiste en "llevar a los tribunales penales todo conflicto o protesta social, lucha gremial, estudiantil o vecinal" como medio de control social.
Esta aseveración quedó demostrada en 1994, cuando el entonces presidente Carlos Menem ordenó a los fiscales procesar a quienes participaran de las nuevas formas que asumía la protesta. Los delitos que generalmente se imputan son daños, obstrucción de las vías de comunicación, resistencia a la autoridad y, en algunos casos, robo calificado y en banda y sedición. Inclusos aparecen indisimulables resabios del Proceso, como quedó demostrado en Jujuy en septiembre pasado. El juez federal Mario Juárez Almaraz aplicó a los manifestantes detenidos durante una marcha que reclamaba "que se vayan todos", el articulo 213 bis del Código Penal, según el cual es delito el sólo hecho de ser miembro de una asociación.
BALA, BASTÓN Y GASES
Con el correr de los años la criminalización de la protesta social fue engrosando las cifras de una dolorosa estadística. Nombres comunes, como el de cualquier trabajador, desocupado o estudiante se convirtieron en símbolos de la Argentina que excluye y mata. Víctor Choque en Tierra del Fuego, Teresa Rodríguez en Neuquén, Aníbal Verón en Salta, Mauro Ojeda y Francisco Escobar en Corrientes y Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en Buenos Aires, por citar ejemplos que demuestran la extendida geografía de la represión, fueron muertos por las fuerzas policiales o por la Gendarmería.
Según el CAJ-CTA, desde 1995 hasta la fecha 36 personas fueron asesinadas en el marco de diferentes acciones públicas y "más de 3.000 militantes, dirigentes y trabajadores (ocupados y desocupados) tienen procesos penales pendientes como consecuencia de las protestas sociales, cortes de rutas, manifestaciones callejeras, toma de establecimientos, etc.". Si bien en la mayoría de los expedientes iniciados contra quienes protestan no hay condenas efectivas, nadie olvida que Emilio Alí estuvo un año y nueve meses detenido por reclamar comida frente a un supermercado marplatense, que Raúl Castells también fue encarcelado por el mismo motivo y que la docente Marina Schifrin fue condenada a tres meses de prisión en suspenso por cortar una ruta en la Patagonia para reclamar mayor presupuesto educativo.
Un caso paradigmático de judicialización del conflicto social lo constituye la provincia de Neuquén, una de las víctimas de la privatización de YPF. Entre enero de 1997 y noviembre de 2.002 se encausaron a 1.508 personas por participar de diferentes protestas sociales, subsistiendo en la actualidad 700 trámites penales. En las restantes causas los acusados fueron sobreseídos o absueltos. El 90 % de los imputados son dirigentes y militantes de la CTA.
La acumulación de causas también es evidente en el caso neuquino: Julio Fuentes, secretario general de la CTA local, tiene 33 causas penales y varias querellas por calumnias iniciadas por funcionarios del Gobierno. También es preocupante la situación que se vive en Corrientes, donde dirigentes y militantes del Sindicato de Trabajadores Judiciales son permanentemente hostigados, mediante amenazas, atentados o sumarios laborales, por su prédica consecuente contra la corrupción encarnada por Raúl "Tato" Romero Feris.
PUNTO LÍMITE
La violenta represión desplegada por el Gobierno de Fernando De la Rúa no fue el punto de llegada, sino el de partida, del accionar represivo del Estado frente al conflicto social. La crisis del modelo neoliberal, ya evidente en toda América Latina, combina las penurias económicas de la mayoría con una democracia cada vez más formal y autoritaria. "Vivimos en una suerte de estado de sitio económico y social. Esto se noto durante la década del 90 respecto a los derechos sociales. Pero fue avanzando y cuando se inició la protesta, el ataque fue contra esta, contra la libertad de expresión, contra el derecho a manifestar. La política de restricción de derechos se fue trasladando también a las libertades civiles, que terminan afectando los derechos políticos", describe el abogado Horacio González, integrante del CAJ-CTA.
"Hay una clara escisión entre la sociedad y el Estado, entre la dirigencia que ocupa el poder del Estado y la mayoría del pueblo. Hay una demanda de participación de la sociedad, en todo nivel. La gente quiere participar directamente en el ejercicio y en la toma decisiones, no sólo elegir a quienes gobiernan sino cómo se gobierna, que son dos cuestiones centrales de la democracia", concluye González.
La historia reciente demuestra que sólo así puede garantizarse una justa distribución del ingreso, el respeto a los derechos de todos y que las decisiones no se adopten en hoteles de lujo que hoy, esta comprobado, son tan letales como la peor pesadilla bélica.
(es una transcripción de ACTA -Agencia de la Central de los Trabajadores Argentinos- del 2 de enero de 2003)