A grandes rasgos, los actuales gobiernos "progresistas" del continente son fruto de dos situaciones diferentes y hasta contradictorias: los que asumen el poder estatal como consecuencia de profundas crisis políticas, económicas y sociales, y los que lo hacen en un marco de estabilidad institucional, luego de una prolongada acumulación político-electoral en base a alianzas más o menos amplias. Los casos de Hugo Chávez y Néstor Kirchner pertenecen a la primera situación; el de Luiz Inácio Lula da Silva y el de Ricardo Lagos, a la segunda. Sin embargo, los segundos tienen mucho menos margen de maniobra que los primeros, ya que la estabilidad y las alianzas son factores intrínsecamente limitantes de cualquier cambio que se pretenda introducir. Más aún, la forma de construir la llegada al gobierno, es un indicador de cómo se pretende gobernar.

El caso del Frente Amplio uruguayo es, sin duda, más cercano a las experiencias de Lula y Lagos. Lo que no quiere decir que los resultados vayan a ser similares. Uruguay es el país más estable del continente, su sistema de partidos es el más sólido y, como recuerda un politólogo, los tres partidos más importantes ya tenían su fisonomía conformada a principios del siglo pasado. La "Suiza de América" no es, a diferencia de sus vecinos, suelo propicio para cambios bruscos, saltos en el vacío ni rupturas dramáticas.

La crisis financiera y económica del invierno de 2002, fue la más dramática de la historia del país. La recesión se instaló en 1999, a la par del estancamiento argentino. Ambas economías están anudadas por lazos poderosos; de modo que los sacudones del país vecino, vuelan casi inmediatamente por encima del Río de la Plata. Puede, incluso, asegurarse que las consecuencias sociales de la crisis económica en Uruguay fueron más devastadoras que en Argentina. Los datos recientemente difundidos sobre el Indice de Desarrollo Humano del PNUD, son una buena muestra de ello: mientras Argentina, pese a la crisis, se mantuvo en el lugar 34, Uruguay -que había llegado a ocupar el puesto 29 en la primera medición en 1990- cayó hasta el sitio 46. Más datos comparativos: en Montevideo hay unos 12.000 "carritos" (recogedores informales de basura) según el último censo municipal, en una ciudad de 1.300.000 habitantes, y uno de cada cinco montevideanos vive en asentamientos irregulares. Haga el lector la cuenta para deducir cuántos cartoneros debería haber en Buenos Aires (12 millones de habitantes) y cuánta debería ser la población en asentamientos, para igualar la situación de Montevideo. Y comprobará que la capital argentina está lejos de esas cifras.

Sin embargo, y esto es parte del "milagro uruguayo", la brutal crisis que se abatió en 2002 no hizo temblar el sistema político. Por el contrario, tanto la izquierda política (Frente Amplio) como la izquierda social (la central sindical PIT-CNT, la principal fuerza social organizada) evitaron la confrontación con el gobierno de Jorge Batlle, y en el pico de la crisis le aseguraron la gobernabilidad. Veamos, sucintamente, lo sucedido en el primer semestre de 2002, período que muestra, mucho más que las declaraciones y los programas, los objetivos de la izquierda uruguaya y de los sectores sociales que impulsan su acceso al gobierno.

Entre enero y julio el riesgo país pasó de 220 a 3.000 puntos; la corrida financiera se llevó el 45% de los depósitos bancarios; el precio del dólar se duplicó y el año cerró con una caída del producto del orden del 10%, llegando a apenas la mitad del de tres años atrás. La desocupación trepó al 20% y el porcentaje de la población por debajo del índice de pobreza alcanzó por el 40%.

Desde los sucesos del 19 y 20 de diciembre en Argentina, densos nubarrones comenzaron a amenazar la sociedad uruguaya. A comienzos de enero de 2002 el gobierno uruguayo implementó sus primeras medidas de ajuste para hacer frente a problemas inminentes. En esa ocasión, el diputado José Bayardi, del sector del Frente Amplio (FA), Vertiente Artiguista (VA), trazó un panorama por el que transitaría toda la izquierda: "Es claro que esta fuerza política no llega al gobierno en un escenario de inestabilidad. La contradicción caos-orden favorece a Sanguinetti", o sea a la derecha. En suma, refleja dos preocupaciones: la estabilidad y ganar las elecciones de 2004 para llegar al gobierno.

En marzo el riesgo país se acercaba a los mil puntos y ya había problemas con varios bancos, en el cuarto año de recesión. Diversos sectores del Frente Amplio comenzaron a plantear el riesgo de una "argentinización", lo que valoraron como "terrible". Los senadores Danilo Astori, de Asamblea Uruguay (AU), y Enrique Rubio, de la VA, coincidieron en apuntar varios problemas en esa dirección: la deslegitimación del sistema político, un posible estallido social y la ruptura de puentes con la derecha. "No prefiero que los partidos tradicionales queden frente a la gente en niveles atroces de deslegitimación", dijo Rubio, por lo que propuso tenderles puentes y no confrontar con el gobierno. Para ambos se trataba de proteger la credibilidad del sistema político evitando un mayor desprestigio del Partido Colorado y del Nacional. En paralelo, reclamaron planes alimentarios para los más pobres, para evitar el "serio riesgo" que podía llegar a correr la democracia.

El 16 de abril, el PIT-CNT realizó una gran manifestación junto a decenas de gremiales empresariales, entre las que destacaba la Federación Rural y las asociaciones de los grandes productores de carne y lana, arroceros, lecheros, y una veintena de agremiaciones rurales y urbanas, que conformaron la "Concertación para el Crecimiento", que contó con el apoyo del FA y sectores del Partido Nacional. Este tipo de confluencia era la deseada tanto por la central sindical como por la izquierda, aunque en esas fechas Astori seguía alertando que aislar al gobierno era "democráticamente muy peligroso".

En mayo, cuando el retiro de depósitos bancarios amenazaba provocar un caos financiero y económico, varios dirigentes del FA alertaron sobre "comentarios" que se escuchaban en la calle acerca de posibles saqueos a supermercados. Tabaré Vázquez se mostró preocupado por el "descrédito que tiene la ciudadanía en el sistema político" y un dirigente del Movimiento de Participación Popular, liderado por el senador tupamaro José Mujica, señaló que temía un "vacío de poder".

Ante el fuerte ajuste fiscal decidido por el gobierno a fines de mayo, el PIT-CNT decidió un paro parcial de media jornada, un "apagón" y "caceroleo" de diez minutos, que fueron ampliamente seguido por la población en Montevideo. A su vez, el sindicato bancario, el más poderoso del país, reclamaba la "estabilización del sistema financiero", y un compromiso nacional entre todos los partidos para fortalecer al sistema, al que consideraban un "asunto de Estado".

A comienzos de julio, cuando la situación era dramática, Tabaré Vázquez expresó lo que sentían los dirigentes y buena parte de los militantes de izquierda: "La próxima elección se va a definir entre el caos y el orden. Entre el caos de los gobiernos de coalición o el orden de un proyecto de país con trabajo, con justicia social, un proyecto serio, responsable, capaz de ser llevado adelante" Y acotaba: "Nosotros no apostamos a los estallidos (…), apostamos a la denuncia, a la oposición, a la movilización ordenada, no a la explosiva. Una manifestación ordenada es mucho más efectiva que el estallido social". Ese mismo mes, la izquierda se concentró en la interpelación parlamentaria del cuestionado ministro de Economía, y la central sindical convocó una marcha hacia el parlamento para apoyar la acción de los legisladores de la izquierda. Temiendo un desborde de los manifestantes, Tabaré Vázquez anunció que "lo vamos a repudiar y vamos a hacer todo lo posible por evitarlo". Ese día, el 11 de julio, además del fuerte servicio de orden de la central, el FA destinó 50 dirigentes intermedios para "evitar cualquier tipo de problemas".

Cuando el gobierno decretó cuatro días de feriado bancario, el 30 de julio, para reestructurar el sistema financiero, cerrar bancos e imponer un "corralito" que dos años después aún se mantiene de forma parcial, la crisis había estallado y tocado fondo. Tabaré Vázquez fue más claro aún. El 31 de julio, cuando la crispación social era muy alta y se había producido el primer saqueo de un supermercado, dijo: "Ya estamos en los botes porque el Titanic ya se hundió (…), acá todos los uruguayos tenemos que remar juntos para salir lo antes posible de esta dramática situación". Llamó a la unidad de todos los partidos, de todos los sectores sociales y empresariales y pidió no "hacer leña del árbol caído", en referencia al gobierno de Jorge Batlle y a los partidos tradicionales. Por su parte, Danilo Astori llamó a "comprometerse" con la conducción económica del país y llamó también a la "unidad nacional".

El 3 de agosto, cuando se habían producido una decena de saqueos a supermercados, la policía había detenido a decenas de personas y los barrios más pobres estaban fuertemente vigilados por tierra y aire, la Mesa Política del FA emitió un comunicado en el que mostraba su "rechazo a las manifestaciones violentas, delictivas y las procedentes de cualquier ámbito que intente propiciar elementos de represión".

Por momentos, hubo tirantez entre diversos sectores de la izquierda, en particular entre el sector de Astori y los demás grupos. Las diferencias se profundizaron incluso cuando se votó en el parlamento la ley de asociación de la petrolera estatal (ANCAP) con capitales privados, que Astori redactó y apoyó, contra la inmensa mayoría de la izquierda y el movimiento social que recogieron las firmas necesarias para someterla a referéndum.

Durante la campaña para las elecciones internas del pasado 27 de junio, Tabaré Vázquez propuso al presidente del BID, Enrique Iglesias, como ministro de Economía de un gobierno de izquierda. Luego de las internas, los principales dirigentes de la izquierda emprendieron un viaje que los llevó, entre otros destinos, a Washington donde se entrevistaron con los máximos jerarcas del FMI y del Banco Mundial, con el objetivo de calmar a los mercados y evitar sacudones como los que afrontó Brasil durante la campaña electoral que llevó a Lula a la presidencia. Vázquez le propuso a Iglesias el ministerio de Economía. Iglesias no aceptó que se mostró dispuesto a apoyar la gestión gubernamental de la izquierda. "Los voy a apoyar en un 101%", dijo el presidente del BID.

En Washington, Vázquez anunció que su ministro de Economía sería Astori, con el que al parecer laudó sus viejas diferencias. El anuncio fue recibido con satisfacción por los organismos financieros, que se mostraron receptivos para reestructurar la deuda externa del país, que asciende al 110% del PBI. A su retorno a Montevideo, Astori se mostró agradecido a Iglesias: "Es mi maestro. Lo conozco hace 45 años, porque a los 19 años fui alumno de él y nos une una vieja y muy rica amistad". Defendió al FMI, porque "no impone recetas y analiza resultados esperados y su consistencia con el programa ofrecido", y destacó la preocupación tanto del Banco Mundial como del BID por "los temas sociales". Sobre su futura gestión al frente de economía fue muy claro: "En los problemas fundamentales del país, los márgenes no son muy amplios y que haya más de una solución ocurre en muy pocas ocasiones". Defendió incluso la asociación de las empresas estatales con capitales privados, que hasta este momento la izquierda y el movimiento social rechazan, y aseguró que en caso de producirse una nueva crisis bancaria como la de 2002, actuaría igual que el gobierno de Jorge Batlle.

Un número especial del semanario Brecha, dedicado al "derecho a la protesta", en su opinión cuestionado en Uruguay, abordó diferentes aspectos del debate. El senador socialista Reinaldo Gargano, apuntó que "en el movimiento político y popular uruguayo ha sido tradicional el peso de la cantidad de gente y no el agite". Por su parte, el senador Alberto Couriel dijo que "si el Frente Amplio se quedase quieto, ganaría las próximas elecciones de 2004, porque el presidente Batlle se basta con sus propios errores". En la misma cobertura, el senador Mujica defendió la presencia de los sectores más radicales en el FA, "para mejor controlarlos". Y se preguntó: "¿Qué quiere? ¿Qué los dejemos sueltos?".

Por su parte, el politólogo Alvaro Rico analizó que en el Uruguay posdictadura se había impuesto una "concepción elitista de la democracia", sobre la base de cuatro reglas institucionales: "1) las elecciones como ley de hierro del sistema; 2) las mayorías electorales como centro de legitimación de las decisiones de los gobernantes; 3) los partidos como exclusivos canales de participación; 4) los políticos profesionales como monopolizadores de la actividad política". En esa misma dirección, la periodista Ivonne Trías apuntaba que "todas las formas de expresión" del malestar social, "salvo las parlamentarias, son consideradas ilegítimas o al menos peligrosas. El estatuto que define esa ilegitimidad es el fantasma del eterno retorno de los años sesenta". En esa apreciación, se incluye tanto la derecha como la inmensa mayoría de la izquierda.

En Uruguay existe una relación muy particular entre izquierda y estabilidad. Aunque el Frente Amplio es fruto de los fuertes conflictos sociales de fines de los sesenta, que permitieron a la izquierda triplicar la votación una vez que se presentó unida, el reciente crecimiento de la coalición de izquierda es consecuencia de la estabilidad y está llamada a reforzarla. Lejos de ser un factor desestabilizador, se ha convertido en factor de estabilidad del sistema político, y por lo tanto de estabilidad económica y social. En los momentos más álgidos de la crisis de 2002, los llamados realizados a derribar el gobierno de Batlle, no tuvieron el menor eco social.

La cultura política tradicional se viene debilitando, pero Uruguay es un país con instituciones aún sólidas. Las clases subalternas nunca protagonizaron insurrecciones ni fueron capaces de desbordar, siquiera por breves períodos, a las clases dominantes ni a los aparatos represivos, ni a los partidos ni a las organizaciones sociales instituidas. Tanto la izquierda como el movimiento sindical, fueron adoptando a lo largo del tiempo las principales características de la cultura política uruguaya: la pluralidad de mediaciones, la articulación entre lo político-estatal y lo social-sindical, la institucionalización de los conflictos y la búsqueda del consenso.

La izquierda llegará al gobierno, en gran medida, porque durante la crisis de 2002 se comportó como una fuerza capaz de acotar la crisis y no de profundizarla; porque fue capaz de apuntalar el sistema de partidos y porque supo prever y contribuir a controlar los posibles estallidos sociales. Para ello, tejió alianzas políticas y sociales amplias y, como viene haciendo hace décadas, buscó complementar la acción política y social. Y todo ello con el aval de la inmensa mayoría de esa mitad de los uruguayos que votarán a la izquierda en octubre.

Las posibilidades de modificar la cultura política que sustenta la "democracia elitista", son por ahora escasas. Ello sólo podría suceder en un prolongado período de gran inestabilidad. Pero las fuerzas profundas que pujan por mantener la estabilidad son, como hemos visto, poderosas. No sólo por razones culturales, políticas y sociales que hacen a la sociedad uruguaya, sino también por la propia demografía: un país escasamente poblado, envejecido, en el que la emigración (el 20% de los uruguayos dejaron el país en los últimos 40 años) evapora a los sectores etáreos más dinámicos, renovadores y removedores. Ciertamente, el país ha cambiado, y mucho, en las últimas décadas: feminización e infantilización de la pobreza, crisis de la familia nuclear, colapso del sistema educativo y sanitario, y creciente desigualdad. Pero los perdedores aún no se han convertido en sujetos. Los viejos y los nuevos pobres, los excluidos –incluso excluidos de la posibilidad de organizarse- pueden llegar a transitar otros caminos. Pero esa será otra historia; que tal vez comience a escribirse, paradojas de la vida, bajo un gobierno de izquierda.