Hace justo un año, los gobiernos líderes del Cono Sur dejaron pasar una oportunidad de oro para consolidar alguna forma de gestión posneoliberal o verdaderamente progresista. Luiz Inacio Lula da Silva arrancó a comienzos de enero de 2003 con un océano de expectativas a favor, y en mayo Néstor Kirchner comenzaba a sorprender con decisiones largamente esperadas, como el pase a retiro de las cúpulas militar y policial. El termómetro de la esperanza subió varios grados, a tal punto que los más optimistas -sobre todo en el entorno del ministro de Economía argentino, Roberto Lavagna- auguraban un bloque conjunto entre Argentina y Brasil para hacer frente al FMI y, en el mejor de los casos, podía esperarse hasta un default conjunto que haría temblar a los acreedores.
El 16 de octubre, ambos presidentes firmaron el Consenso de Buenos Aires, durante la visita a Lula a Argentina, documento tan general y extenso como ambiguo, en el que se proponían "garantizar a los ciudadanos el pleno goce de sus derechos y libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo, en un marco de libertad y justicia social". Aunque había abundantes referencias al Mercosur y a la integración regional -se apostaba al multilateralismo y se mostraban reticencias respecto al ALCA-, se optó por dejar fuera la cuestión de la deuda externa. Cuando Argentina debió enfrentar en solitario una dura negociación con el FMI a comienzos de este año, el gobierno de Lula se limitó a una vaga declaración diplomática.
A estas alturas ambos gobiernos afrontan problemas internos que les quitan oxígeno y margen de maniobra para intentar siquiera recuperar el tiempo perdido: dejaron pasar el momento sin encarar la menor reforma estructural. Pese a las diferencias que mantiene Kirchner con las privatizadas del sector petrolero y los ferrocarriles, no está en la agenda la posibilidad de promover restatizaciones. El caso de Lula es, si se quiere, más grave aún. El sociólogo Octavio Ianni sintetizó en reciente entrevista su visión de la gestión petista con un aserto lapidario: "Asumieron el gobierno y no saben para qué lado va el barco. Están atónitos. Son personajes de una nave de enloquecidos".
¿Exageraciones? El propio Lula reconoció, en entrevista publicada el 22 de junio por Página 12, que en 2003 Brasil pagó 47 mil 900 millones de dólares por intereses de su deuda. Setenta por ciento de las exportaciones anuales. "Logramos un superávit fiscal de 4.25 por ciento del PIB y con ello sólo conseguimos pagar 20 mil millones de dólares, el resto tuvimos que reprogramarlo. Es decir, el superávit no alcanza para pagar los enormes intereses", añadió. Así y todo, su gobierno no tiene la menor duda en que deben pagarse puntualmente los intereses de la deuda.
Con ese panorama, no puede resultar extraño que la popularidad del gobierno brasileño haya caído a niveles que hacen muy difícil la relección de Lula en 2006. Partió con un índice superior a 60 por ciento de aprobación, cayendo en junio de este año a 29 por ciento, por debajo del menor nivel de aprobación de la primera presidencia de Fernando Henrique Cardoso (33 por ciento). La principal promesa de Lula fue el combate al desempleo, pero 67 por ciento de los entrevistados por el Instituto Sensus, encuesta difundida el 22 de junio, dicen que el principal problema del país es, justamente, el desempleo. Ahora Lula tiene un margen cada vez más estrecho. Está en plena campaña electoral para las municipales de octubre, de cuyo desenlace -sobre todo en Sao Paulo- depende el futuro de su gobierno. No es momento para ensayar cambios.
Para Kirchner terminó también la luna de miel. La crisis institucional argentina, que lo catapultó a la Casa Rosada, mantiene todo su potencial desestabilizador. Hace 10 días los vecinos del barrio de Palermo, de clase media alta, quemaron una comisaría en respuesta al asesinato de un joven bajo la modalidad policial conocida como "gatillo fácil". La portada de Página 12 del viernes 25 es todo un homenaje a la crisis de credibilidad de las instituciones: una patrulla volcada y en llamas, fue la respuesta vecinal en el barrio Isidro Casanova, zona destruida por la desocupación, a la muerte de un joven en una discoteca, al parecer a manos de la policía. Para un abogado del CELS, organismo de derechos humanos, las reacciones son efecto de las políticas de mano dura sobre los sectores populares.
Hace un año, en los dos países más importantes de la región se habían instalado gobiernos que podían encarar cambios de fondo. Implementar políticas económicas no neoliberales en Brasil, con base en redireccionar el aparato productivo hacia el mercado interno, promoviendo un crecimiento endógeno. En Argentina, la agenda consistía en cerrar la crisis de legitimidad de las instituciones, promover la inclusión de millones de excluidos en la década menemista y empezar a reconstruir parte del aparato industrial devastado. En ambos casos, un año después el panorama es desalentador: Kirchner y Lula desaprovecharon el momento más favorable para las izquierdas en muchas décadas, y se dedicaron a poner parches y paños tibios donde debían aplicar cirugía mayor. A partir de noviembre, cuando en Washington se cierre el callejón sin salida causado por las elecciones, pueden empezar a arrepentirse del tiempo perdido.
* Periodista uruguayo, colaborador de Brecha